A un año sin Ley de Amnistía el sistema de justicia mantiene su deuda con las víctimas y la verdad

Por José Mejía | 16 de julio de 2017

A un año de la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, organizaciones pro derechos humanos aseguran que el sistema judicial no ajusta sus parámetros de cumplimiento a dicha resolución y casos de violaciones a derechos humanos siguen sin conocer la justicia ni la voluntad para revelar la verdad.

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Si bien es cierto que las organizaciones reconocen que esta decisión ha permitido avances como la reapertura de, al menos, cuatro casos a los cuales se les había aplicado la Ley de Amnistía para no conocer y juzgar a los culpables, solamente en uno de ellos -el correspondiente a la masacre de El Mozote y sitios aledaños- se han practicado nuevas diligencias judiciales.

A pesar de esto, se visualiza una evidente obstaculización para que los procesos se dilaten y se tomen medidas penales contra los señalados. En ese sentido, las organizaciones sociales manifestaron su preocupación por la falta de avances significativos en la obtención de justicia en estos casos de graves violaciones de derechos humanos cometidos durante el conflicto armado.

La sentencia ordena una serie de medidas concretas tales como la adopción de legislación para garantizar el acceso a información relevante, disponer de los recursos necesarios para la investigación y considerar medidas de reparación integral para las víctimas, pero según el representante de Probúsqueda, Eduardo García, “nada de esto ha ocurrido”.

Cuestionaron que si bien la Fiscalía General de la República (FGR) ha creado una unidad especial para la investigación de este tipo de casos, sigue mostrando un rol pasivo y deficiente en las intervenciones que le corresponden, justificándose en que no cuenta con suficientes recursos para atenderlos.

Además, las organizaciones observan una aparente falta de criterio uniforme para la asignación de este tipo de procesos, ya que algunos de los asuntos que deberían resolver la mencionada unidad especial, siguen en manos de unidades de homicidios o derechos humanos. Aseguraron que a la fecha no tienen conocimiento de algún caso que este avanzando por iniciativa de la FGR, quien es la institución encargada de velar por los intereses del Estado en la investigación y persecución del delito.

Para las organizaciones, la obtención de justicia es fundamental para la reparación de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y para la no repetición de hechos similares.

Consideran que los mecanismos de horror que utilizan las actuales organizaciones criminales, la insuficiente investigación de las estructuras responsables y la falta de atención a las víctimas son en parte, una herencia de los asuntos pendientes desde el conflicto armado, ya que la impunidad por los delitos del pasado favorece la violencia y la impunidad de ahora.

Finalmente consideraron que sin bien la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía es un hito histórico en el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos, es necesario adoptar medidas urgentes para que la sentencia tenga plenos efectos, a través de la realización de investigaciones serias y efectivas de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado salvadoreño.

El país vive un momento clave para la lucha contra la impunidad y la reivindicación de la memoria colectiva y el fortalecimiento de la democracia y ahora es cuando se tiene la oportunidad para dar respuesta al clamor de justicia que durante más de 20 años han mantenido las víctimas, contribuyendo con ellos al inacabado proceso de reconciliación nacional.



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