Abogados de víctimas de El Mozote piden llamar a declarar a imputados del crimen

Por José Mejía | 08 de marzo de 2017

El exprocurador de Derechos Humanos, David Morales, se presentó al Juzgado Segundo de Primera Instancia de Gotera la semana pasada para agregarse al equipo de Tutela Legal “María Julia Hernández”, como acusador particular en el caso de la Masacre de El Mozote y sitios aledaños y sumarse como apoderado de los intereses de las víctimas y los familiares de este crimen realizado en diciembre de 1981.

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Como primera acción en este caso, Morales acompañó al equipo de Tutela Legal “María Julia Hernández” hasta San Francisco Gotera, en el departamento de Morazán, para solicitar al Juez Segundo de Primera Instancia mostrarse parte como acusador particular en nombre y representación legal de los poderdantes, quienes son familiares y sobrevivientes de la masacre del Mozote y lugares aledaños, cometida en diciembre de 1981, por militares del Batallón Atlacatl y otras unidades de la Fuerza Armada.

Además en el documento presentado al juez se alega que en resolución del 30 de septiembre de 2016, el cuerpo del delito de los hechos  por los que se acusa a los exmilitares está suficientemente probado con todos los elementos e indicios, y las pruebas han sido robustecidas con los resultados científicos de las exhumaciones de los años 2015 y 2016, donde se han recuperado osamentas que han sido sometidas a las pruebas de ADN, resultando identificaciones positivas por las vías científica y antropológica.

Morales, junto a los demás abogados de Tutela Legal, pidió al juez citar a las personas que ya declararon para ampliar sus testimonios y a recibir las declaraciones de ofendidos y testigos de las víctimas de la masacre del Mozote y lugares aledaños, señalando hora y día, y aclarando que todos los representados son parte de un grupo de sobrevivientes, que tienen la calidad de ofendidas y testigos, quienes pueden ser citados, en los lugares donde se cometieron las masacres.

Los argumentos de los abogados acusadores confirman que existen motivos suficientes para sostener que los (militares) procesados han participado en los hechos que se les acusa, por lo que es pertinente que conozcan la imputación fáctica y los indicios criminales que se encuentran en el proceso y en vista que el Juez de Gotera ya recibió la información requerida, es decir los informes de los asientos de los Documentos Únicos de Identidad de parte del Registro Nacional de la Persona Natural, donde le informan las direcciones y los domicilios de los imputados, ordene la comparecencia al tribunal y proceda a tomarles las indagatorias respectivas, como lo establecen los artículos 188 y 47 del Código Penal.

También consideran que habiendo recibido el informe oficial de la Secretaría de Asuntos Jurídicos y Legislativos de la Presidencia de la República, donde se hace constar y confirmar los nombres de los miembros del Alto mando de la Fuerza Armada, al momento de ejecutarse la masacre de El Mozote y lugares aledaños en el año de 1981 y el informe de quienes formaban parte de la cadena de mando de los oficiales que estaban de alta en diciembre de 1981 en el batallón Atlacatl, le piden al juez que proceda a iniciar las indagatorias, con el objetivo de lograr la conexión con los hechos que se les imputa.

Los representantes de Tutela Legal también se reunieron el pasado sábado con los familiares y víctimas de la masacre para dar a conocer los avances en el proceso y se les reiteró el apoyo y total acompañamiento en esta nueva etapa donde se les solicitará volver a declarar sus testimonios sobre el crimen. Se les pidió también “no tener miedo a declarar a pesar de que se conozca que los militares han contratado un reconocido bufete de abogados para defenderlos, pero han pedido no amedrentarse y continuar la lucha por verdad y justicia en este caso”.

“Los familiares y sobrevivientes de la masacre están dispuestos a declarar porque no les interesa solo el dinero, sino el conocimiento de la verdad y que los culpables pidan perdón por sus crímenes. Además les indigna que no exista ningún culpable  y que varios de los que esperaban justicia estén empezando a morir (tres en estos últimos meses)”, aseguró Wilfredo Medrano, otro de los abogados acusadores.

También ven con entusiasmo la incorporación del exprocurador David Morales como acusador para fortalecer al equipo jurídico de las víctimas.

“Los acusadores particulares (Tutela Legal “María Julia Hernández”) ven una preocupante pasividad en la actuación que ha tenido el Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, que hasta el momento no ha realizado ninguna petición, la FGR no se ha mostrado parte en el caso, ni han hecho nada con respecto a este crimen de lesa humanidad, a pesar de haber creado recientemente una unidad especial de Derechos Humanos, incumpliendo el mandato constitucional de perseguir e investigar el delito, así como la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre este crimen”, afirmó Medrano.

Añadieron que este año, en diciembre, se vence el plazo de cinco años para el cumplimiento de la sentencia que dio la CIDH y todavía hay reparaciones sociales que no se han cumplido y en materia de justicia no hay avance.



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