¿Cómo se construyó el registro de víctimas de la Masacre de El Mozote y sitios aledaños?

Por Redacción | 11 de septiembre de 2017

Primero se realizó de acuerdo a parámetros establecidos en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con participación de la ciudadanía afectada y con el involucramiento de distintas instituciones públicas en representación del Estado que se están encargando de asumir el compromiso de reparación integral por las graves violaciones a los derechos humanos.

Según información pública colgada en el portal Gobierno Abierto del órgano Ejecutivo, la elaboración del registro de víctimas de la masacre de El Mozote, primeramente derivó de un compromiso presidencial, anunciado por el Presidente de la República Mauricio Funes en el discurso que brindó el 16 de enero de 2012, en el marco del 20 aniversario de los Acuerdos de Paz que constituyó un pedido de perdón ante los hechos ocurridos en diciembre de 1981 y, en el cual, el mandatario hizo del conocimiento público que se había instalado una mesa conjunta entre el Gobierno y las víctimas en la que se discutieron medidas de reparación, así como el inicio de un censo para la identificación de las víctimas.

Durante la gestión 2009-2014 el entonces presidente Funes designó a la entonces Secretaría Técnica de la Presidencia (STP) como la institución responsable de dar seguimiento a dicho compromiso, a través del Programa Territorios de Progreso, designación que también se estableció de forma verbal.

Es a partir de este anuncio que las instituciones involucradas, la entonces STP como responsable del seguimiento a la mesa de diálogo y la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), esta última como institución gubernamental responsable del levantamiento y procesamiento de encuestas nacionales y censos, iniciaron el proceso para la elaboración del registro.

El documento aclara que no consta ninguna comunicación escrita en la que se solicite a la DIGESTYC el levantamiento del registro, ya que el compromiso presidencial fue retomado directamente por ambas instituciones, sin que mediara otra comunicación oficial que conste en los registros que ambas instituciones poseen sobre el caso.

El primer registro inició en mayo de 2012, y el gobierno contó con una primera base de datos, que fue presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la audiencia de sentencia del caso, por lo que se incluyó como una de las medidas de reparación que el Estado debía completar, y el cual se ha desarrollado a lo largo del plazo establecido por la Corte para su cumplimiento, debido a que las propias víctimas y sus representantes señalaron desacuerdos e inconsistencias en el primer registro que se elaboró bajo la modalidad de Censo.

Por ello, durante el período 2015-2016 se realizó una depuración y construcción de un nuevo registro con el acompañamiento de las víctimas y, en agosto de 2016, en el Decreto Ejecutivo No. 53, se estableció como responsable de esta construcción y depuración del Registro a la DIGESTYC y se creó el Consejo Directivo del Registro, como la instancia responsable de su administración.

Dorila Márquez, presidenta de la Asociación de Víctimas de la masacre de El Mozote, agregó que este proceso empezó porque muchas personas no tenían los recursos para buscar abogados que les ayudaran en la obtención de documentación de ninguna clase, ni fe de bautismo, ni partidas de nacimiento.

También señala que desde que se iniciaron las exhumaciones y cuando comenzó la judicialización del caso en 1992 han elaborado un gran archivo de personas, “sin pensar que se iba a buscar justicia afuera de El Salvador”.

La Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia (SETEPLAN) --antes STP-- recientemente puso a disposición en el portal web información referida al “Registro Oficial y Único de Víctimas y Familiares de Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos de las masacres de El Mozote y lugares aledaños”, de acuerdo a lo establecido en la sentencia de la CIDH en el caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador, que constituye una de las medidas de reparación en el caso.

La construcción del registro implica el establecimiento de criterios para concluir la condición de víctima de una persona con vida o fallecida en el contexto de las masacres, lo cual se establece a través de un proceso de investigación social, con base a criterios derivados de la propia sentencia y con testimonios de las propias víctimas, familiares, referentes comunitarios y representantes de las víctimas.

Por el contrario, un censo se refiere al mero conteo total de una determinada población, en el cual la condición de víctima sería solo un atributo y se determinaría producto de un conjunto de preguntas; sin embargo, debido a las características del caso, esta forma de identificar a una víctima no resulta la más idónea, por lo que el propio Estado consideró que además del censo también era pertinente un registro como instrumento para la identificación plena de todas las víctimas del caso.

Durante la actual gestión de gobierno, la SETEPLAN fue designada por el Presidente Salvador Sánchez Cerén como la instancia responsable de coordinar y dar seguimiento al Programa de Desarrollo Social Integral de El Mozote y lugares aledaños, iniciada por la gestión del presidente Mauricio Funes, así como de otras medidas de reparación ordenadas por la CIDH en la sentencia y que son competencia del Órgano Ejecutivo.

Esta designación se hizo de forma verbal en el año 2014 y reconfirmada de manera escrita en 2016, en el Decreto Ejecutivo No. 53 sobre “Disposiciones específicas restaurativas para la ejecución y seguimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso ‘Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador’”, de fecha 31 de agosto de 2016 y publicado en el Diario Oficial número162, Tomo número 412, del 2 de septiembre del mismo año.

Márquez confirma esta versión afirmando que el Ejecutivo conformó un consejo en el que estuvieran representados el gobierno, las víctimas y los abogados representantes de Tutela Legal “María Julia Hernández”, para poder trabajar conjuntamente en las medidas de reparación.

En la Asociación de Víctimas de El Mozote, Márquez confirma que hay representantes comunitarios de Arambala, del caserío El Pinalito, El Mozote, Los Toriles, Rancherías, La Laguna, La Joya, El Barrial, la cueva del Cerro Ortiz que pertenece Cacaopera, pero que también tuvo gente afectada en sus comunidades, y que murieron en la masacre. Considera que no se está beneficiando a nadie antojadizamente sino “a quienes en realidad lo merecen y fueron víctimas de la masacre. En algunos casos se ha depurado personas que salían mencionados en distintos testimonios, pero eran el mismo o también que en un registro aparecían con un nombre y en otro con uno distinto”.