Sala Constitucional comienza a abrir el secreto fiscal

Por Daniel Trujillo | 10 de septiembre de 2017

La Sala de lo Constitucional ha establecido límites al secreto fiscal, que históricamente ha imperado en el país, considerando que la falta de transparencia en el financiamiento partidario es un obstáculo a la calidad del proceso democrático.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ya comenzó a abrir el espacio en la ley para que el secreto fiscal no sea absoluto, se flexibilice y se conozca públicamente quiénes son los financistas de los partidos políticos y cuánto es el monto que otorgan.

En su reciente fallo del viernes pasado —que es un seguimiento a un proceso de inconstitucionalidad sentenciado hace tres años— deja a decisión del Tribunal Supremo Electoral la inscripción de candidatos para las elecciones legislativas y municipales de 2018 y la entrega de la deuda política hasta que los partidos transparenten y publiquen sus donantes, pero además establece nuevas disposiciones al secreto fiscal.

Los cinco magistrados constitucionalistas le aclaran al Ministerio de Hacienda (MH) “que la información confidencial de los contribuyentes que establece la reserva de información que se refiere al artículo 28 del Código Tributario, admite como excepción la divulgación de las identidades de financistas partidarios, de los montos de sus aportaciones y del destino de los mismos -excluyendo los datos personales y sensibles a que se refieren los artículos 25 y 26 de la Ley de Partidos Políticos-”.

De ahí que la Sala viene establecer interpretaciones sobre el secreto fiscal que no habían sido reguladas en la ley, por lo que la información sobre el financiamiento de partidos políticos puede ceder ante razones de interés general, incluyendo los montos y los financistas.

 

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La Sala Constitucional dice en su resolución que existen excepciones a este secreto que permiten publicarse por razones de interés general, y que la negativa de Hacienda de no proporcionar la documentación de los donantes de los partidos políticos es injustificado porque no es compatible con el derecho de la ciudadanía de conocer quién y cómo se financian los partidos.

De ahí que el fallo de los constitucionalistas deja sin efecto la medida cautelar de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que suspendía lo ordenado por el Instituto de Acceso a la Información Pública a Hacienda de entregar la información de donantes a partidos políticos.

Sin embargo, esto se materializará cuando los magistrados contenciosos le notifiquen formalmente al Ministerio. En la sentencia no se ha dado un plazo para ello.

Para el secretario de Participación, Transparencia y Anticorrupción, Marcos Rodríguez, el fallo de la Sala Constitucional es una buena noticia porque pone de nuevo en la palestra pública el debate sobre el secreto fiscal y el financiamiento en la política.

El funcionario ha afirmado meses atrás que la pieza clave para discernir el problema del financiamiento partidario es la derogatoria del artículo 28 del Código Tributario el cual dice, entre otras cosas, que los documentos en poder de la Administración Tributaria tendrán el carácter de información reservada, y entre esos están los financistas a los partidos políticos.

 

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Por eso el secretario Rodríguez expresa que para que exista transparencia en ese punto —y en el tema fiscal— es necesario derogar ese apartado, por lo que ha recalcado que no es el gobierno el que oculta a la población el financiamiento, sino que la ley así lo ha establecido.

Rodríguez también ha dicho que si se deroga el artículo 28 del Código Tributario no solo la gente sabrá quién busca exenciones de impuestos para financiar a los partidos políticos, sino también otros aspectos que le permitirán conocer quién paga y quién no paga impuestos en el país.

Añadió que para que el país avance en democracia se debe conocer y aclarar quién paga, cuánto paga y cuáles son sus exenciones, debido a que eso es una responsabilidad social de alto interés público.