Aumentar penas por aborto y no las de violadores atenta contra derechos de mujeres

Por José Mejía | 27 de septiembre de 2016

CEJIL pide un debate más amplio sobre la criminalización absoluta del aborto, así como honrar los convenios internacionales que exigen y establecen en sus normativas el respeto de los derechos de las mujeres y retirar definitivamente las propuestas de incrementar las penas por abortar, sin considerar las penas de los violadores.

Valentina

El Salvador es uno de los siete países en Latinoamérica que criminaliza de forma absoluta el aborto. El Código Penal establece una pena de hasta ocho años por ello. Sin embargo, “muchas de las mujeres que tienen casos de emergencias obstétricas o partos extrahospitalarios luego son acusadas por sus propios médicos, por el personal de salud y procesadas por homicidio agravado dependiendo si el parto estaba a término o si la gestación estaba en una etapa avanzada”, aseguró la abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Valentina Ballesta.

Añadió que “esto es una gravísima violación a los derechos de las mujeres, por la forma en que son tratadas al encontrarse con el personal de salud, ya que son acusadas directamente de haber cometido aborto o porque los propios médicos tienen temor de ser procesados penalmente si no denuncian”.

Ballesta señaló que con estas actuaciones “se crea un sistema perverso en el cual las mujeres son criminalizadas por, básicamente, ir a atenderse y tener atención en salud ante una emergencia obstétrica”.

Actualmente, María Teresa Rivera, una salvadoreña madre de un niño, estaba embarazada y no lo sabía. Ella dio a luz precipitadamente en una letrina por una emergencia obstétrica de la cual no tenía conocimiento, se desmayó y cuando despertó en la cama de un hospital prácticamente estaba esposada.

La mujer fue acusada de homicidio agravado. No se encontraron pruebas científicas concluyentes para condenarla y fue liberada, pero la Fiscalía General de la República (FGR) introdujo una apelación para revisar el caso y continuar el proceso.

“En este caso se observa un ensañamiento de todos los poderes del Estado para criminalizar este tipo de situaciones”, afirmó Ballesta.

En este tipo de hechos, la representante de CEJIL ve con preocupación que “no solo se está acusando a las mujeres por homicidio agravado, que ya es un delito incluso más fuerte que el aborto”, sino que ahora el diputado de ARENA, Ricardo Velásquez Parker, introdujo una iniciativa de reforma al Código Penal equiparando el aborto a un asesinato u homicidio y, por tanto, se debe considerar que tenga la misma pena (hasta 40 años) porque, según la Constitución salvadoreña, se debe respetar la vida desde la concepción.

Este proyecto de cambio en la pena se encuentra en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa.

CEJIL increpa que El Salvador ha sido señalado por múltiples organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos, para modificar en sus leyes la criminalización del aborto y abrir un debate nacional en el cual se discutan las formas de retirar la prohibición del mismo y garantizar el derecho de las mujeres en acceso a la salud y acceso a sus derechos sexuales y reproductivos.

Según Ballesta, con la propuesta de Velásquez Parker, “El Salvador avanzaría en el sentido contrario al que se dirigen todas las políticas públicas internacionales en temas de derechos de la mujer, agravando las penas por las que se procesan a las mujeres y, por supuesto, con ello agravar todo el entramado de discriminación y de violencia institucional que se genera alrededor de las mujeres”.

Ballesta cuestiona que es injusto el sistema judicial cuando “en algunos casos establece penas máximas para un violador de seis años en prisión, mientras que la pena máxima que se está proponiendo para una mujer que aborta, a pesar de que incluso sea producto de una violación, puede llegar a ser hasta de 50 años”.

“Es totalmente desproporcionado, victimizante y revictimizante hacia las mujeres que, además, no solamente tienen que lidiar con este tipo de situaciones que pueden ser víctimas de violencia sexual, sino que además el Estado no las protege, ni protege sus derechos. Entonces se convierten en víctimas del propio Estado”, aseguró la abogada de CEJIL.

El UNFPA presentó en julio pasado un informe en el que reveló que en el año 2015 el Ministerio de Salud registró cerca de 1,500 niñas embarazadas de entre 10 y 14 años. La ministra de Salud, Violeta Menjívar, ante esto aseguró que “los embarazos en niñas sin lugar a dudas constituyen un delito para quién las embarazó (…) y que teóricamente hay 1,500 personas violadoras que llamamos muy encarecidamente al sistema de justicia que ponga mano en esta situación”.

“No es posible que solo se persiga (a una mujer) porque quiera interrumpir el embarazo y no se persiga a las personas a quien las embarazó, que usualmente es un familiar o un amigo de la familia (…) si no entramos al tema de la justicia, por mucho que queramos hacer no vamos a tener avances”, sentenció en esa oportunidad Menjívar.

En ese sentido, CEJIL hace un llamado a la Comisión Interamericana como al Estado salvadoreño para que rechace de forma inmediata la propuesta del diputado de derecha y aproveche la oportunidad para replantearse cuál es el debate real detrás de todo esto.

CEJIL solicitó una reunión con la comisión legislativa que trata el tema, pero no fue otorgada a pesar de que el objetivo era plantear cuáles eran los aspectos importantes y los derechos humanos que subyacen en esa discusión, así como proponer que se abra más el debate y que el país no siga desconociendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos de las mujeres y que atienda los llamados de atención de organismos internacionales, para que su legislación modifique la criminalización absoluta del aborto.

“Cuando esto no se frena, los casos siguen reproduciéndose. En estos momentos hay 25 casos de mujeres criminalizadas en los últimos años ante los tribunales y cuando la justicia no es encontrada en El Salvador, los organismos internacionales tienen que proteger los derechos que no se logran proteger a nivel interno”, concluyó Ballesta.



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