Transparencia y Anticorrupción

Solo Tribunal de Ética se pronuncia por baja en indicador de corrupción de MCC

El Salvador tiene cuatro instituciones responsables de perseguir la corrupción que son la Fiscalía General de la República, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Cuentas y el Tribunal de Ética Gubernamental. Solo el presidente de esta última respondió al respecto y, de manera preventiva, en el órgano Ejecutivo, actúa en este tema la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República.

“Las empresas y sociedades deben pagar sus impuestos donde obtienen sus beneficios”

Esta afirmación la hizo el embajador de la Unión Europea en El Salvador, Andreu Bassols, en el Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública (RTA), donde señaló que la transparencia es importante, entre otras cosas, para evitar la evasión fiscal y que las empresas paguen sus impuestos en el país donde obtienen los beneficios o ganancias de sus actividades productivas y no en paraísos fiscales.

Filtración de información vincula a FUSADES con paraísos fiscales

La información revelada por El Faro muestra cómo FUSADES utilizó empresas offshore (libres de pago de impuestos) en Bermuda para evitar el pago al fisco. Sin embargo, la Fundación, a través de un comunicado dice que ellos han respetado la ley y que la noticia del periódico digital no es objetiva y fue escrita con discrecionalidad.

Llaman nuevamente a Fiscalía a investigar transacciones a empresas offshore

El llamado que hacen a la Fiscalía es para que investigue un nuevo caso de operaciones offshore desde El Salvador por parte de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, que según una publicación en el periódico El Faro esta entidad no gubernamental trasladó $50 millones hacia paraísos fiscales, por las que no pagó ningún tipo de impuesto.

Secretaría de Participación llama a instituciones del Ejecutivo a seguir cumpliendo la LAIP

La Secretaría de Participación y Transparencia llamó a todas las instituciones del Órgano Ejecutivo a continuar garantizando el derecho de acceso a la información en la forma que establece la Ley, sin invocar supuestos que no están incluidos en la misma para denegar información, incluyendo los que la Sala de lo Constitucional, de oficio y sin haber sido requerido por nadie, agregó en una reciente resolución.

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