Conmutación de pena no significa renunciar al derecho a la verdad y justicia

Por Redacción | 02 de junio de 2017

La Compañía de Jesús y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), víctimas de la masacre que cobró la vida de Elba y Celina Ramos y de seis jesuitas el 16 de noviembre de 1989, solicitó al Presidente de la República, a través del Ministro de Justicia y Seguridad Pública, la conmutación de pena a favor del coronel Guillermo Benavides, para que su sentencia de 30 años de prisión se reduzca sustancialmente.

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La conmutación de pena, desde la perspectiva de la justicia transicional, puede ser el instrumento constitucional vigente en el país para que la decisión de las víctimas de perdonar incida favorablemente en la situación jurídica de un responsable de graves violaciones a derechos humanos, como es el caso del coronel Benavides por su participación en la Masacre en la UCA, catalogada como un crimen de lesa humanidad.

Por dicha razón los jesuitas de la Universidad solicitaron que, como parte de la conmutación de pena, la condena de 30 años de prisión impuesta contra el militar, se reduzca a los años que ya ha permanecido detenido en relación a la masacre en la UCA, tanto en el período de 1990 a 1993 como de 2016 a 2017, en atención a las razones jurídicas, de salud y edad del imputado, expuestas en el escrito de solicitud.

Según este registro, hasta mayo de 2017, se estarían computando más de cuatro años de detención aproximadamente. “En consecuencia, solicitamos que el coronel Benavides recupere su libertad ambulatoria de forma inmediata, pues consideramos que la responsabilidad penal decretada judicialmente en su contra, como uno de los autores mediatos de la masacre, ha satisfecho la consecución de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, pero solo en relación a su participación”, dice el escrito.

Añaden los representantes eclesiales que, como parte de la conmutación de pena, también el nombre del coronel Benavides se mantenga en los registros policiales y penitenciarios correspondientes como responsable de los asesinatos por los que ha sido condenado, por un lapso no menor de 10 años, a partir de la fecha en que se conceda la conmutación; esto porque su responsabilidad penal no desaparece, así como para promover el derecho a conocer la verdad de la sociedad salvadoreña en su conjunto y como garantía de no repetición de graves violaciones a derechos constitucionales, como lo fue la masacre. Todo por respeto a la Constitución y a la sentencia contra la Ley de Amnistía de 1993.

Aseguran que esta solicitud de conmutación de pena está inspirada en la sentencia antes citada y en los parámetros de la justicia transicional, constitucionalmente válida porque cuenta con la participación activa como víctimas, estando debidamente informados, conscientes y libres al momento de tomar esta decisión.

Las autoridades de la UCA aclararon que esta iniciativa no se debe entender como una renuncia al derecho de pedir una indemnización por los daños sufridos, materiales y morales, porque las víctimas o sus familiares, en su caso, no pueden renunciar a sus derechos constitucionales, aunque pueden decidir no ejercerlos.

“En este caso, como comunidad jesuita y universitaria, no ejerceremos este derecho a la indemnización por los daños sufridos en relación a la participación del coronel Benavides”, aseguró José María Tojeira, director del IDHUCA.

Tampoco, añaden, debe entenderse como una renuncia al derecho a la verdad, justicia y reparación en relación al resto de presuntos responsables de la masacre, que hasta ahora continúan prófugos y sin enfrentarse a la justicia.

La lucha contra la impunidad en relación a graves violaciones a derechos constitucionales es una obligación del Estado salvadoreño a la que no puede renunciar, como tampoco las víctimas y sus familiares pueden renunciar a sus derechos.

“Como víctimas y como cristianos, siempre hemos manifestado nuestra disposición al perdón, que exige el conocimiento y reconocimiento de la verdad, la determinación de responsabilidades, la reparación y el propósito de no repetición. En el caso del coronel Benavides, creemos que estas condiciones se han cumplido”, concluyó Tojeira.



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