Consorcio por la Transparencia no comparte decisión de Sala pero justifican proceder para limitar información

Por José Mejía | 05 de diciembre de 2017

Representantes del Consorcio por la Transparencia -Roberto Rubio de FUNDE y Claudia Umaña de Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ)- afirmaron “entender” que la Sala de lo Constitucional establezca 3 causales más para negar información a través de una sentencia, pero “no comparten” la decisión. Señalaron que es comprensible lo que están haciendo los magistrados a raíz de la excesiva demanda de información “superflua”, pero dejan muy abierta la discrecionalidad para no entregar información pública.

Magistrados sala de lo constitucional1

Claudia Umaña, de la Fundación DTJ, afirmó que comprenden “la posición de la Sala de lo Constitucional, pero no la compartimos porque se están introduciendo conceptos indeterminados que le van a dar mayor discrecionalidad a los funcionarios públicos para denegar información a los ciudadanos”.

Para Umaña, con esto “algunas entidades públicas ya no van a tramitar algunas solicitudes cuando esa recopilación y sistematización” interpreten “que quiere obstaculizar el trabajo” de las mismas.

Sin embargo, explicó que “esta acción es comprensible porque al menos a la sección de Probidad se le ha venido una avalancha de casos, pero a la hora de aplicar (los nuevos criterios para negar información por parte de la Sala) se están introduciendo limitantes”.

La representante del Consorcio sugiere que para no limitar el acceso a la información por medio de una sentencia se debería buscar la creación de criterios de cómo se van a manejar y priorizar los casos, “pero el hecho que haya una restricción a través de una resolución es lo que causa preocupación, porque realmente se hizo una reiteración de la limitación”.

Para DTJ, la Sala no revirtió los criterios, justificó que no constituyen límites y asumió que dichas medidas contribuirían al adecuado ejercicio del derecho a la información. “Con esos criterios lo que se va a dar es una mayor restricción (de información)”.

Ya que el tribunal constitucionalista no hizo cambios a la medida de limitar la información el Consorcio por la Transparencia afirmó que “verán cómo se va a utilizar los criterios establecidos por la Sala, pero consideran que se abrió un área de riesgo importante que vamos a estudiar para ver si en el futuro se solicita una reforma legislativa”.

Hace unos días, el secretario de participación, Marcos Rodríguez, al respecto señaló que el Ejecutivo se iba a ajustar a lo que establece la LAIP, sin embargo, los del Consorcio por la Transparencia son de la idea de que “ahora hay que respetar (la decisión de la Sala) y analizar lo que sucede en la práctica cuando se apliquen esos criterios”.

Por su parte, Roberto Rubio de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) coincide en la postura de Claudia Umaña y el Consorcio por la Transparencia de “comprender, pero no compartir” las razones por las que la Sala ha hecho esto y que según ellos “tiene que ver con intenciones mal sanas de bloquear el trabajo de la misma Sala y la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia incrementando el número de solicitudes y documentos que se requieren”.

“Les mandan peticiones de miles de funcionarios y les piden cualquier cosa o una serie de registros que no existen. Se comprenden las razones de por qué ellos actúan así frente a información superflua, porque efectivamente les mandan miles de solicitudes de información superflua”, afirmó Rubio.

Añadió: “No compartimos esa resolución y las aclaraciones que dejan un margen mayor de discrecionalidad a los funcionarios para poder decir qué es y qué no superfluo, esto va a afectar el acceso a la información porque aumenta las razones por las que no se entrega información”.

Asegura que en el tema de acceso a la información ya existían problemas con las excusas de funcionarios que decían que alguna información es inexistente, o abusaban de la condición de reserva de la información. “La Sala no debió, ni era necesario (limitar el acceso a la información), para enfrentar los problemas hubiera recurrido a otros mecanismos para decidir qué información es prioritaria entregar, sin recurrir a una sentencia”, sugirió Rubio.

“Tienen razón en detectar la enfermedad, pero no en la medicina que se ha dado, se pierde efectividad de la ley porque abre huecos”, concluyó señalando el director de FUNDE.



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