Corte Plena discute plazo para que Probidad investigue a exfuncionarios por enriquecimiento ilícito

Por Redacción | 11 de enero de 2018

En el acta de Corte Plena del 5 de octubre del año recién pasado, los magistrados discutieron los criterios respecto al plazo que debe cumplir la Sección de Probidad para iniciar las investigaciones contra exfuncionarios para determinar presunto enriquecimiento ilícito luego de que estos hayan concluido su periodo en alguna entidad pública.

Informes probidad

Debido al rezago en las auditorias sobre las declaraciones patrimoniales de funcionarios y exfuncionarios, la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha comenzado a discutir sobre cuánto tiempo después de concluir el cargo debe estipularse para que la Sección de Probidad inicie la investigación contra servidores públicos en altos cargos por posible enriquecimiento ilícito.

En el acta de Corte Plena del 5 de octubre de 2017, la Comisión de Ética y Probidad de la CSJ introdujo el tema sobre la determinación de criterios aplicables a investigaciones de probidad de exfuncionarios. (DESCARGUE EL ACTA DE SESIÓN DE CORTE PLENA)

En esa reunión la comisión puso a debate de los magistrados de Corte Plena que el periodo de inicio de investigación en contra de un exfuncionario debía ser de cinco años y que se ampliara ese tiempo en caso de surgir elementos graves que evidencien indicios de enriquecimiento ilícito.

Ante la propuesta hecha por la comisión, la magistrada Patricia Velásquez cuestiona el por qué se ha determinado un periodo de cinco años y no otro plazo. La respuesta a su inquietud la respondió la magistrada Doris Rivas Galindo, quien señala que la Constitución indica que se debe declarar desde el inicio hasta el cese del nombramiento en el cargo, y que solo de existir un nexo de presunta sustracción de dinero del Estado se puede extender el tiempo para investigar.

La Constitución de la República en el artículo 240 establece que: “Los juicios por enriquecimiento sin causa justa sólo podrán incoarse dentro de diez años siguientes a la fecha en que el funcionario o empleado haya cesado en el cargo cuyo ejercicio pudo dar lugar a dicho enriquecimiento”.

Mientras que el artículo 11 de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos establece que: “Los juicios por enriquecimiento sin causa justa sólo podrán incoarse dentro de diez años siguientes a la fecha en que el funcionario o empleado público haya cesado en el cargo cuyo ejercicio pudo dar lugar a dicho enriquecimiento".

En ese mismo orden, el magistrado Sidney Blanco aclaró que una investigación se comienza con requerimientos de información a instituciones financieras y bancarias, ya que con ello se ayuda a determinar si los ingresos obtenidos por los funcionarios están vinculados al ejercicio del cargo o no.

El magistrado Leonardo Rodríguez Murcia señaló dos criterios a considerar: “Que los hallazgos resulten vinculados al cargo recientemente concluido y solicitar información a entidades financieras y bancarias en el plazo de cinco años”.

El magistrado Sergio Rivera Márquez consideró que el enriquecimiento ilícito es durante el ejercicio del cargo y, por lo tanto, sostuvo, debe establecerse un periodo posterior al desempeño de las funciones para iniciar la investigación.

Por su parte la magistrada Rivas Galindo dijo que, en definitiva, tiene que establecerse un periodo posterior al cargo de un exfuncionario para investigar, pero agregó que se debe determinar la relevancia del cargo que desempeñó para iniciar una investigación.

Rivas Galindo hace hincapié en las observaciones que ha hecho la Fiscalía General de la República al señalar que hay poca contribución en el sistema financiero para entregar información, situación que también la misma Sección de Probidad ha comprobado, por lo tanto, propone que el plazo sea de tres años y se amplié según el caso lo amerite.

Asimismo, el magistrado Florentín Meléndez propuso que el tema se mantenga en discusión con el fin de fortalecer las capacidades investigadoras de Probidad y plantea que mientras no prescriba la acción civil es que se puede hacer la investigación financiera por la entidad competente de la CSJ.

En la reunión de Corte Plena no se logró un consenso para fijar un plazo de investigación, la discusión quedó abierta para otras sesiones, pero desde la fecha que se abordó el tema no se ha vuelto a tratar en las siguientes cortes.

Cabe resaltar que los plazos que se discuten en Corte Plena es únicamente las investigaciones que deben llevarse a cabo antes de que prescriba la acción civil.



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