Denuncian intención de cambiar tipificación de delito contra defensores del agua

Por Redacción | 01 de diciembre de 2017

El delito por el que se les procesa actualmente es por el supuesto “hurto de fluidos” que, según las organizaciones sociales, sobre el mismo la Fiscalía General de la Republica no tiene pruebas, pero en la última audiencia se está intentando cambiar la tipificación y procesarlos por daños agravados, según los denunciantes.

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Diversas organizaciones sociales se concentraron en las afueras del Centro Judicial de la ciudad de Ahuachapán, para expresar su apoyo a los líderes de siete comunidades del municipio de Tacuba quienes enfrentan un proceso por defender el derecho humano al agua.

Las entidades ciudadanas denunciaron las intenciones de cambiar la acusación de hurto de fluidos por daños agravados con claras pretensiones de encarcelar a los defensores de derechos humanos de las siete comunidades de Tacuba, elevando la preocupación, la incertidumbre e indignación de las comunidades.

También denunciaron la actitud “sospechosa” y trato desigual de la Fiscalía General de la República (FGR) al proceder con prontitud contra los defensores de derechos humanos y con un trato preferencial a favor del alcalde Joel Ramírez Acosta, pues hay denuncias en su contra sin que el Ministerio Público actúe, por lo que denunciaron un presunto un trato desigual.

Karen Ramírez, representante del Foro del Agua, afirmó que han enviado correspondencias al fiscal General, Douglas Meléndez, mismas que han sido admitidas en las que se solicita que de forma exhaustiva se investiguen los procesos y las violaciones a los derechos humanos que se ha generado contra los siete defensores del agua en Tacuba.

“Queremos demostrar al mundo que existe justicia y que, así como se está juzgando a estos siete defensores se tomen en cuenta todas las denuncias que existen todas las demandas que existen contra el alcalde Ramírez Acosta todas las denuncias también, ya que esta misma Fiscalía tiene en sus manos la denuncia sobre malversaciones en la empresa EMASAGUAT”, señaló Ramírez.

Según las organizaciones defensoras del agua, la situación que están viviendo los acusados y sus familias es preocupante, debido que su salud se ha deteriorado ante la incertidumbre de ser criminalizados, debido a que las audiencias son suspendidas sin mayor justificación, únicamente porque el alcalde como parte acusadora no se hace presente.

El proceso judicial inició en julio de 2016 tras la captura de los siete lideres defensores del derecho humano al agua, pero ese mismo mes salieron de la cárcel y hoy enfrentan el proceso en libertad.

En este proceso estuvieron como acompañantes representantes del Foro del Agua, el Movimiento Popular de Resistencia 12 de octubre (MPR12), la Alianza por la Solidaridad y demás organizaciones sociales en defensa del Derecho al Agua, asimismo estuvo presente una delegación de la Procuraduría para la defensa de los Derechos Humanos.



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