Desde 2001 la Fiscalía podía investigar y enjuiciar a imputados por crímenes de lesa humanidad

Por José Mejía | 07 de agosto de 2017

En el foro “Un año sin Ley de Amnistía, qué ha pasado en El Salvador”, Naomi Roht-Arriaza, profesora del Hastings College of the Law de la Universidad de California, aseguró que “técnicamente desde 2001 no era necesaria la inconstitucionalidad de la Amnistía y desde entonces la Fiscalía pudo haber realizado las investigaciones y llevar a juicio a los señalados por delitos de lesa humanidad”.

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Pero esta no lo entendió así y es por eso que en la sentencia de 2016, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) explica que en ese entonces dieron algunos indicios de por dónde ir y no se tomó la palabra, por lo que hoy sí fueron más enfáticos y claros sobre cuál debería ser el proceder de la Fiscalía; pero señala que ni el Ministerio Público ni los jueces han querido actuar conforme a la ley.

Según la investigadora, “la sentencia vino a poner el énfasis en que el pasado no es pasado, y que hay que hacer algo para que deje de ser una parte tan dolorosa de la realidad presente”.

Agregó que “fue un hito histórico, impensable que un tribunal salvadoreño admitiera el inicio de un proceso judicial” sin justificar la vigencia de la Ley de Amnistía.

Roht-Arriaza habló también de la importancia de aplicar la justicia transicional “ya que el sistema jurídico no da abasto para atender este tipo de casos que son muchos y están relacionados entre sí y la justicia penal, aunque es necesaria no es suficiente”.

“No solo es llevar a juicios a los responsables, sino también pensar en la verdad, en la reparación a las víctimas y medidas de no repetición de estos actos”, asegura la investigadora norteamericana.

Aclaró también sobre el término de justicia restaurativa que “su finalidad no es simplemente castigar sino hacer que las personas reconozcan su responsabilidad y que han hecho mal, y sobre la base del reconocimiento se pueda empezar a hablar de un proceso de recomposición social”.

Alberto Brunori, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por su parte, expresó un reconocimiento a las víctimas y sus familiares de quienes señaló que “sin su rol fundamental en la búsqueda de la verdad no sería posible romper con las cadenas de la impunidad de las estructuras que pertenecen a los estados y que tratan de negar los hechos o acallar a la justicia”.

Exaltó el papel de las organizaciones sociales y su compromiso para representar a las víctimas y dedicar su día a día para que las personas puedan tener acceso a la verdad, la justicia y la reparación.

“Que la Corte Suprema de Justicia haya declarado la inconstitucionalidad de la Ley es emblemático y abre esperanzas, hace una reflexión profunda sobre los alcances de las amnistías y no deja dudas de que no puede existir amnistía para crímenes de lesa humanidad”, afirmó Brunori.

Añadió que en la transición impulsada por una negociación política entre las partes en conflicto la amnistía podría ser una herramienta legítima y eficaz para superar las secuelas de la guerra, promover el perdón, la reconciliación y la unidad nacional siempre que sea compatible con la Constitución y con estándares internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

También considera que el debate de este y otros temas, así como la participación activa de la ciudadanía contribuye al fortalecimiento del Estado de Derecho.

Cuando se trabaja en el proceso de lucha contra la impunidad de crímenes del pasado no son pocas las veces que se escucha de actores clave con fuertes cuotas de poder que “desenterrar el pasado es algo negativo y que puede polarizar aún más a la población, por lo que piden a gritos borrón y cuenta nueva. Con la sentencia de la Sala de lo Constitucional, El Salvador decidió ir en otra dirección y la única que le llevará a la verdadera reconciliación nacional”, confirmó el representante de la ONU.



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