El Ejecutivo es el único que ha iniciado procesos de reparación a víctimas de la guerra

Por José Mejía | 31 de agosto de 2017

Organizaciones de derechos humanos realizaron una marcha por la dignidad de las víctimas de la guerra civil salvadoreña y entregaron a la Asamblea Legislativa una propuesta de Ley de Reparación Integral para las Víctimas del conflicto armado en El Salvador, esto ante la falta de verdad y justicia en estos casos, ni medidas de reparación integrales.

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El proyecto propone la creación de un Fondo de Reparación, un registro de víctimas y distintas medidas de reparación simbólicas y materiales, a fin de garantizar la restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y la no repetición de crímenes de lesa humanidad, para cientos de víctimas que han sido desoídas e invisibilizadas desde los Acuerdos de Paz firmados en 1992.

Eduardo García, director de Probusqueda, señaló que la propuesta de ley es una más de las que han venido haciendo las víctimas y organizaciones que las representan, una muestra más también de activismo pacífico, de democracia, generando jurisprudencia, interponiendo demandas en Fiscalía, así como en sedes judiciales.

“En este momento se vuelve a denunciar la invisibilización de las víctimas, las que nunca estuvieron al centro de los Acuerdos de Paz, las que nunca se han mencionado ni ha reparado. Esta ley pretende rescatar todo lo de las víctimas. Son ellas mismas las que se han organizado y han señalado las medidas que sienten que pueden reparar su daño, no son medidas impuestas por terceras personas que piensan lo que las víctimas necesitan”, afirmó García.

Según las organizaciones civiles, en esta propuesta no se está poniendo el énfasis en lo económico, sino en la reparación moral, simbólica, la reconstrucción de la verdad, el acceso a la justicia, la atención psicosocial, la atención en salud, créditos blandos para desempeñar proyectos de vida y el banco de perfil genético para la búsqueda de desaparecidos.

Las organizaciones de derechos humanos consideran que la iniciativa de ley tampoco busca venganzas, ni ensañarse con los victimarios, pero sí que el Estado responda integralmente por la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía.

“El Ejecutivo es el único que ha iniciado procesos de reparación, pequeños, sencillos, así como tiene el presupuesto, pero ha mostrado una gran voluntad, el Órgano de Justicia es el que ha estado siempre ausente; a él le tocará investigar, individualizar y sancionar a los responsables”, afirmó el director de Probusqueda.

Afirma también que con esta ley lo que se pretende -viendo lo tedioso que es el Órgano Judicial y poco atento hasta ahora a ejercer justicia en estos casos- es saltar ese proceso para que se obtenga reparación.

Según García , “el ciclo normal hubiera sido conocer la verdad, establecer un proceso judicial, ver el grado de afectación de las víctimas y, por tanto, determinar la reparación. Aquí nosotros estamos abordándolo por el final, dado que se están muriendo las víctimas sin alcanzar justicia y reparación”.

Por su parte, Manuel Escalante del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) recordó que en la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, el año pasado la Sala de lo Constitucional le mandó a la Asamblea Legislativa realizar tres grandes acciones: garantizar el acceso a la información, darle recursos a la Fiscalía para empezar a investigar e implementar medidas de reparación.

En vista que la Asamblea declaró a través de su presidente, Guillermo Gallegos que no habían hecho nada y que iba a impulsar cualquier iniciativa que ayudara a cumplir la sentencia, “con esta propuesta de ley se podría cumplir con dos de los mandatos de la Sala: acceso a la información y reparación a las víctimas”, aseguró Escalante.

Añadió que con esta propuesta se darán insumos para iniciar una discusión que aún no se toca, ni ha sido prioridad en las agendas de los partidos políticos.

Básicamente la propuesta de ley de reparación integral a las víctimas propone: reparación psicosocial, reparación simbólica, reparación económica que no es un elemento esencial y la reparación de la memoria histórica para que la sociedad en su conjunto conozca qué fue lo que pasó, por qué pasó y quiénes estuvieron involucrados, como garantía de no repetición.

En vista que los tiempos electorales imponen agendas o retrasan discusiones de leyes que urgen al país, las víctimas han visto alrededor de 17 procesos electorales, sobre ese tipo de coyunturas y las necesidades de las víctimas no suben ni bajan por un período electoral, la lucha que vamos a hacer como organizaciones y como comités de víctimas es empujar este proceso, ya los políticos tendrán sus tiempos.

Leonor Arteaga, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés), considera que las víctimas han luchado por más de 25 años para que se les reconozca esa calidad y porque el Estado les otorgue el espacio digno que les corresponde. La Comisión de la Verdad ya decía hace 25 años que el Estado debía iniciar un programa de reparaciones integrales para las más de 75,000 víctimas que el informe registró.

En esta propuesta se ha retomado la recomendación de la Comisión de la Verdad y desde hace dos años un conjunto amplio de organizaciones de derechos humanos, nacionales, internacionales, grupos de víctimas trabajaron en este proyecto de ley, que se vio empujado con la sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre la Ley de Amnistía que además le da un mandato específico a la Asamblea Legislativa en materia de reparación.

Según Arteaga, la propuesta de normativa no exige que los victimarios pidan perdón o sean juzgados, pero tiene como punto de partida que haya un reconocimiento, cualquier mecanismo que intente reparar a las víctimas debe pasar porque los responsables reconozcan lo que ocurrió, den explicaciones de por qué sucedieron las cosas y muestren signos de arrepentimiento y de no querer que las cosas se repitan.

Arteaga señaló que además de varios grupos de derechos humanos entre ellos la organización que representa y que radica en Washington, otros organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana y varios organismos de Naciones Unidas han venido exigiéndole al Estado salvadoreño que repare integralmente a las víctimas.

Para Arteaga, esta es la única propuesta con la que contará la Asamblea Legislativa en materia de reparación integral a víctimas, pero también le recuerda otras deudas como la declaratoria del día de la persona desaparecida que debería ser el 30 de agosto.



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