Empleados públicos demandan a Sala Constitucional por posible violación a sus derechos

Por Marcos Rodríguez | 18 de febrero de 2014

Según los denunciantes, la medida cautelar emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de prohibir cualquier participación partidaria a funcionarios y empleados públicos los convierte en ciudadanos de segunda categoría sin derechos políticos, por ello solicitan acciones y un pronunciamiento de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

Denuncia por medidas cautelares csj 017

Empleados de los órganos Ejecutivo y Legislativo, así como de alcaldías presentaron varias demandas ante la Procuraduría para la Defensa de Los Derechos Humanos (PDDH) por considerar que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)  violó sus derechos con la medida cautelar que prohíbe la participación partidaria a funcionarios y empleados públicos.

Los ciudadanos expresaron en las demandas que los magistrados de la Sala no pueden abogarse al planteamiento de decidir quiénes pueden participar en política y quiénes no y calificaron el fallo de “totalmente desenfocado”, aparte de dividir a la población  en dos clases políticas.

En uno de los documentos presentados a la PDDH, los denunciantes señalan que “resulta absurdo ingresar a un partido político pero se les prohíba participar de sus actividades, sobre el pretexto de ostentar un cargo público”.

El titular de la PDDH, David Morales, aclaró que no tiene facultades para anular la sentencia de la Sala, pero dijo que esta semana emitiría un pronunciamiento donde destacaría probables abusos contra derechos humanos, producto de la sentencia.

“Nuestro rol está en el plano declarativo de establecer si el fallo de la Sala violentó derechos humanos, derechos políticos, también generar recomendaciones y acciones que prevengan que las autoridades ejecutoras como el Tribunal Electoral o la Fiscalía cometan violaciones en su aplicación”, expresó el procurador Morales.

Manuel Martínez, empleado de la Alcaldía de San Marcos, fue uno de los trabajadores que presentó la demanda y afirmó que la medida cautelar violenta el artículo 72 de la Constitución de la República al restringir el derecho a la libre asociación, la libertad de expresión y de pensamiento.

“Se cae en el ridículo que un funcionario o empleado público no podría ni siquiera portar emblemas partidarios, colocar afiches en su casa o automóvil. Representa un ataque artero a la libertad individual”, expresó Martínez.

En uno de los documentos presentados a la PDDH, los denunciantes señalan que “resulta absurdo ingresar a un partido político pero se les prohíba participar de sus actividades, sobre el pretexto de ostentar un cargo público”.

Luego de recibir las demandas, el Procurador de Derechos Humanos indicó que estarán atentos a denuncias particulares que ciudadanos interpongan por actuaciones abusivas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) o de la Fiscalía General de la República (FGR), al momento de aplicar la resolución de la Sala de lo Constitucional.

El funcionario afirmó que el viernes, la PDDH recibió varias denuncias formales de parte de empleados públicos de distintas instituciones, afectados por la medida cautelar que les prohíbe participar en actividades partidarias y de propaganda electoral.

La resolución de la Sala de lo Constitucional surge luego que el Presidente de la República, Mauricio Funes, firmara un decreto que permitía a funcionarios del Ejecutivo participar en la campaña electoral fuera del tiempo laboral y, tal como lo establece la Constitución, sin prevalerse de su cargo y sin el uso de recursos públicos.

Aunque algunos sectores cuestionan la resolución de la Sala de lo Constitucional, los funcionarios acataron la medida.

 
Magistrados reaccionan
El magistrado presidente de la Sala de Constitucional, Florentín Meléndez, reaccionó  ante los señalamientos y críticas de los efectos de la medida cautelar.

Explicó que la misma tiene como objetivo evitar “los excesos del poder” de los funcionarios o los empleados, y no violar los derechos políticos de los demás.

Meléndez afirmó que no acatar la medida cautelar sería un retroceso democrático, ya que todos los derechos tienen límites, con el objetivo de que exista armonía en el sistema democrático.

El magistrado Sidney Blanco explicó, por su parte, que la medida tiene como objetivo hacer valer el principio de neutralidad política que los funcionarios y los empleados públicos deben tener con el país, ya que se deben al Estado y no a un partido político.



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