Empresas invirtieron más de $1,700 millones a pesar de incremento al salario mínimo

Por Redacción | 22 de enero de 2018

Según un informe presentado por el Ministerio de trabajo el aumento al salario mínimo generó más inversiones en el sector privado, mejoró el poder adquisitivo de los trabajadores, los precios de la canasta básica se mantuvieron, no hubo inflación y se incrementó en 3,501 las contrataciones laborales en las empresas.

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Dinero

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), junto a la representación laboral y gubernamental en el Consejo Nacional de Salario Mínimo (CNSM), presentaron un informe de la situación actual de los salarios mínimos en el país, en el que destacan el impacto positivo que generó el incremento salarial que entró en vigencia en enero de 2017.

Contrario a lo que anunció algunas gremiales de la empresa privada sobre el cierre y despidos laborales, las corporaciones realizaron una inversión de $1,724 millones, fondos que se concentraron mayormente en los sectores donde se pagan los mejores salarios mínimos.

Los sectores que más inversiones tuvieron son: comunicaciones, electricidad, construcción, sistema financiero y comercio. La inversión extranjera aumentó 5% y el crédito a las empresas aumentó 6.5% hasta noviembre.

“El aumento salarial fue rechazado por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), que vaticinó que el mismo provocaría un alza generalizada de precios, una caída de la inversión privada y un aumento del desempleo. Pasado un año, se puede constatar que el gobierno y la representación sindical en el CNSM tenía razón sobre los impactos esperados y que la ANEP se equivocó”, indica parte del comunicado del MTPS.

En 2017 los salarios mínimos aumentaron entre 19% y 142%, según la rama de actividad económica, con el cual se benefició a 237,000 personas trabajadoras, quienes percibieron un aumento en sus sueldos.

Según el informe presentado por el MTPS, entre diciembre de 2016 y noviembre de 2017, el costo de la vida disminuyó -3.12 dólares en el área rural y aumentó 10.38 dólares en el área urbana, un valor muy inferior al del ajuste salarial. Además, la inflación acumulada en 2017 fue de apenas 2.04%, de acuerdo a datos del Banco Central de Reserva (BCR).

El Consumo interno, aumentó en 4.5% con una masa salarial de $461 millones. Mientras que el poder adquisitivo incrementó 4.1% hasta septiembre, asimismo la nueva tasa salarial contribuyó a que aumentara en 4.5% los sueldos nominales en el sector formal de la economía, entre enero y agosto de 2017, según estimaciones del BCR del 2017.

Además, el Producto Interno Bruto (PIB) aumentó 2.4%, y la mayor expansión se registra en el sector agropecuarios como la cosecha de caña que creció entre un 15% y 20%, de acuerdo a datos de PROCAÑA. También el Ministerio de Agricultura estimó un aumento del 8.3% en la producción de café y de 25.5% en la producción de granos básicos.

También aumentaron las exportaciones, en 6.11% entre enero y noviembre de 2017. Las de Café crecieron 9.37%, las de azúcar 50.31%, las que se venden en Centroamérica 4.8% y las de fuera de Centroamérica 10.18%.

El empleo, aumentó en 3,501 plazas hasta el mes de septiembre 2017, con respecto a septiembre de 2016. Posiblemente creció más debido a la reactivación del agro.

Tanto la representación laboral, empresarial y gubernamental concluyen que el ajuste salarial redujo la brecha entre salarios mínimos y costo de la vida; El aumento salarial no disparó los precios, pues la inflación fue muy baja. El valor de la canasta básica rural disminuyó y el de la urbana aumentó poco; Al mejorar el poder adquisitivo de los salarios, crecieron el consumo, los beneficios de las empresas, la inversión privada, el PIB y el empleo privado; El aumento salarial no afectó la competitividad de las empresas, pues también mejoró la productividad laboral. Las exportaciones crecieron 6.1%.

La entidad responsable de aumentar el salario mínimo es el Consejo Nacional del Salario Mínimo, instancia que depende del Ministerio de Trabajo y Previsión Social MTPS y que está compuesta por siete personas: tres representantes del gobierno, dos de las personas trabajadoras y dos del sector empleador, todos con sus respectivos suplentes.