Empresas multadas por prácticas anticompetitivas continúan en deuda

08 de junio de 2015

Durante su participación en el espacio de participación ciudadana “Dialogo Joven”, el superintendente de Competencia, Francisco Díaz, explicó el mecanismo de sanción contra empresas que mantienen prácticas anticompetitivas o desleales. Sin embargo, reconoció que las multas no han sido efectivas, debido a que las instituciones encargadas de hacerlas cumplir no lo han hecho.

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El superintendente de Competencia, Francisco Díaz, durante el espacio de participación ciudadana, “Diálogo Joven” reconoció que las sanciones impuestas por esta entidad  a las empresas por realizar prácticas anticompetitivas no han sido efectivas, debido a que las instituciones encargadas de hacerlas cumplir no lo han hecho, ya sea porque no han resuelto sentencias, no se han tomado en cuenta las recomendaciones o porque no se han cobrado las multas a quienes tienen que pagar por alguna infracción.

Las empresas telefonía móvil entre estas DIGICEL, MOVISTAR y TELEFÓNICA fueron sancionadas por un monto de $1, 152,631, pero les fue suspendida por una resolución a su favor de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Las multas a las que fueron acreedoras fue por acuerdo entre estas e para fijar tarifas más altas de $0.21centavos más IVA por minuto.

En el caso de MOLSA y HARISA que juntas acumulan una multa por $4, 032,241 por prácticas anticompetitivas también le fue suspendida por una resolución a su favor emitida por  la CSJ. Mientras que otras empresas adeudan $89,958, puede ingresar a la siguiente dirección electrónica donde aparecen los montos y el estado de la multa, http://app.sc.gob.sv/.

“No todo es negativo hay importantes recomendaciones que han sido tomados en cuenta, por ejemplo, en materia de energía la fijación de precios con base a costos de producción; en la Ley de Medicamento se han retomado seis recomendaciones aunque no las estratégicas”, señaló el superintendente.

Asimismo, Díaz habló entre otros temas de la competencia de las empresas, conductas anticompetitivas y sobre algunas sanciones impuestas y citó el caso de DIZUCAR, que mantiene un control monopólico de la comercialización de la azúcar al restringir la venta a ciertos comerciantes, por lo que fue sancionada con una multa de más de $1millón. Está empresa distribuye más del 90% del producto en su presentación blanca y a granel.

“Otro de los cosas que detectamos en DIZUCAR es que cuando el comprador es un industrial hay una lógica económica, es decir, que a mayor cantidad o volumen de compra menor precio, eso es lógico, pero encontramos también cuando el comprador es de la línea que va al consumo la lógica utilizada es la contraria,  a mayor volumen mayor precio. Vemos que hay una clarísima discriminación en los precios, esto significa que los consumidores estamos subsidiando el precio de los demás y además que la transferencia de ganancia que se da queda en ese nivel queda en los ingenios, ni si quiera en los productores de caña ni mucho menos para el pago de zafra”, señaló el funcionario.

Agregó que la Constitución de la Republica no prohíbe el monopolio (es una estructura económica en la cual hay un solo productor de un bien o servicio), lo que si evita es que el mismo Estado favorezca o promueva la creación de consorcios con exclusividad.

Otro de los casos mencionados fue el de las aerolíneas que querían competir en el país, para ello era necesario convocar a una audiencia con las otras empresas del mismo rubro que ya estaban instaladas, para que estas decidieran si era conveniente o no que la nueva línea aérea iniciara operaciones.

“Como Competencia sugerimos que era necesario una política de derecho de estacionamiento e ingreso de una nave aérea, esto tiene que ver con los corredores aéreos, espacio físico que ocupa la nave para bajar y subir pasajeros y tiene que ver con el tiempo que estará ahí, si no se cuenta con esa política de derechos las condicione de competencia están muy alteradas, porque si solo una empresa ocupa todos los espacios ninguna más puede entrar. Actualmente, no existe esa política y una de las condiciones fue que se establezca, donde participe Aviación Civil, la Superintendencia de Competencia, entre otras”, puntualizó el Díaz.

Asimismo el superintendente explicó que la Ley Reguladora de la Industria Agroazucarera presenta, entre otras dificultades, la anulación de la competencia porque establece en sus artículos 19  y 22 cuotas de mercado para cada uno de los ingenios existentes en el país, lo que significa en términos económicos que los salvadoreños pagan un precio superior por libra de azúcar, que lo que se cancela a nivel internacional.

“Como Superintendencia propusimos eliminar esa cuota de mercado. El otro punto es que el CONSAA (Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera) está consagrado de tal manera que solo el que al conformar este consejo del azúcar, solo el sector privado decide, aunque también haya representación de los ministerios de Economía, Agricultura y Ganadería. Aquí tenemos un problema porque la estructura de este consejo deja al Estado sin poder realizar una intervención”, explicó Díaz.

El superintendente también anunció las reformas a la Ley de Competencia que, entre otras cosas, regularía los subsidios, permitiendo clasificar aquellos programas gubernamentales que puedan darse sin entrar en conflicto con la competitividad del mercado salvadoreño.

Asimismo explicó que las variaciones del precio del frijol es una constante en la región centroamericana y mencionó que se debe a que en países como Honduras ha incrementado la exportación del grano hacia Estados Unidos; mientras, Nicaragua aumentó la producción de frijol negro para enviarlo a Venezuela, tras una acuerdo con la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA), lo que al final produjo un impacto en el costo del producto en el país.

Añadió que no se han encontrado indicios de prácticas anticompetitivas que permitan iniciar un procedimiento sancionatorio, ni tampoco se han identificado acuerdos de fijación precios o controles de cantidades de mercado en el mercado de frijol.

“Como Superintendencia de Competencia no podemos afirmar que ha habido acaparamiento”, enfatizó Díaz durante “Dialogo joven”, un espacio creado por el medio de comunicación público Transparencia Activa, donde jóvenes y estudiantes universitarios pueden debatir o generar propuestas a las y los funcionarios del órgano Ejecutivo.



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