En enero se espera que comisión inicie búsqueda de 10,000 desaparecidos en la guerra

Por José Mejía | 09 de noviembre de 2017

La abogada Leonor Arteaga de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) señaló que espera que antes de finalizar el año el Presidente tenga las opciones para elegir a tres comisionados y que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el contexto del conflicto armado (CONABÚSQUEDA) inicie operaciones en enero de 2018 para dar con el paradero de aproximadamente 10,000 personas de las nunca más se volvió a saber y sus familias siguen esperando.

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La CONABÚSQUEDA fue creada mediante el decreto Ejecutivo No. 33 de fecha 21 de agosto de este año y tanto el decreto como el lanzamiento oficial de la Comisión fue un respaldo al más alto nivel del trabajo que iniciará esta comisión.

Según Arteaga en los próximos meses se espera la fase de instalación que va a incluir la elección de los tres comisionados que la van a dirigir. Según el decreto, este proceso va a arrancar con una convocatoria que debe hacer Cancillería y después de eso las 11 organizaciones de sociedad civil y de víctimas que están listadas en el decreto deben presentar seis candidatos para que el Presidente de la República elija a dos para conformar la Comisión y elija directamente a un tercer comisionado que a su vez será el Presidente de la misma Comisión.

El decreto establece que se debe dar preferencia a una composición representativa de ambos géneros donde debería elegirse por lo menos una mujer; además estas personas deberían tener trayectoria en derechos humanos y acompañamiento a grupos de víctimas, así como también tener algún tipo de conocimiento en relación a la problemática de las personas desaparecidas.

Los comisionados no tendrían un trabajo a tiempo completo, sino que más bien un rol de liderazgo político en el tema. Esta fase de elección se espera esté concluida a finales de este año para que inicien sus labores en enero de 2018.

Después de la elección de los comisionados la CONABÚSQUEDA tendrá que enfrentar retos y desafíos en varios niveles, entre los primeros será el que tiene que ver con el presupuesto para su funcionamiento.

Arteaga explicó que el decreto y lo que públicamente ha dicho el Canciller es que la CONABÚSQUEDA “deberá funcionar con un fondo inicial incorporado al presupuesto de la Cancillería, ya que será una dependencia de la misma, aunque tenga funciones autónomas”.

Con el presupuesto de arranque que proporcione la Cancillería se le permitirá a la Comisión tener instalaciones y la contratación de personal una vez se haya elegido a los comisionados. Estos tendrán tres tareas básicas una vez sean nombrados: un plan de búsqueda o diseñar la estrategia de búsqueda más allá de los casos individuales que se vayan recibiendo, poder realizar un plan para poder obtener fondos y, crear y aprobar su propio reglamento.

Otro gran reto será conseguir los fondos para las acciones de búsqueda, ya que para ese punto no tiene presupuesto el Gobierno, por lo que los propios comisionados y Cancillería deberán acudir a la cooperación internacional para realizar dichas tareas.

“Hay interés de algunos donantes, pero para crear un plan de búsqueda, el trabajo antropológico forense, dar acompañamiento integral a las víctimas en materia de atención psicosocial, el apoyo económico para los trámites que deberán realizar cuando los familiares participen en los procesos de investigación y si hay restos que son identificados se tendría que dar apoyo material a las familias. De igual forma hay que hacer campañas de divulgación y otras tareas”, afirmó Arteaga.

La abogada señaló que de entre las organizaciones de donde se ha tomado modelo de trabajo se encuentran la Comisión Nacional de Búsqueda de Niños y Niñas desaparecidos que en alguna medida es un modelo y tiene un recorrido importante, así como lecciones aprendidas para retomar en la nueva CONABÚSQUEDA, aunque el fenómeno de la desaparición de personas adultas en el contexto del conflicto armado es diferente y numéricamente mayor.

Adicionalmente señala que en América Latina hay al menos 5 países que tienen modelos de búsqueda de personas desaparecidas en contextos de violencia política similares que son Perú, Colombia, Chile, México, Argentina y otros modelos también en el mundo como en Sri Lanka e Irlanda del Norte.

Los comisionados serían electos para un período de 5 años, pero la CONABUSQUEDA tiene un carácter indefinido y funcionará hasta que concluya su mandato o se agoten las posibilidades de encontrar a las personas desaparecidas. Sin embargo, como es un decreto ejecutivo y no una Ley pues se puede deshacer según el gobierno de turno.

Las personas a buscar pueden incluir casos de la década de los 70s porque se sabe que muchas personas adultas fueron desaparecidas en esa época aunque el mayor número se dio a partir de los años 80, pero también se tiene una fecha límite que fue la finalización del conflicto armado en 1992.

La CONABUSQUEDA recibirá casos donde hubo responsabilidad directa en la desaparición por parte de agentes del Estado como en los casos donde se trataba de personas particulares que tenían algún vínculo con el Estado y también casos donde el FMLN estuvo involucrado.

Según los datos de la Comisión de la Verdad más la información de las organizaciones de derechos humanos la cifra de desaparecidos se estima en 10 mil, a quienes sus familias siguen buscando 35 años después.

Para Arteaga, “la impunidad, el silencio, la falta de verdad, los duelos irresueltos siguen teniendo impactos y conexiones con la violencia e impunidad del presente, de tal forma que hay que resolver el pasado, que sigue siendo presente para estas familias, y mandar un mensaje importante de que no se quiere repetir estos actos, que no se tolere las desapariciones, y que se les responda a las víctimas de estos graves hechos de violación a los derechos humanos”.



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