FESPAD: Sala de lo Constitucional viola derecho de acceso a la información

Por Redacción | 09 de noviembre de 2017

El argumento de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho es que con las causales establecidas por la Sala de lo Constitucional se vulnera el principio de máxima publicidad y viola el derecho de acceso a la información pública, por lo que llamó a los magistrados constitucionalistas a rectificar el planteamiento emitido en la resolución.

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La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) emitió nuevamente un pronunciamiento por la resolución de la Sala de lo Constitucional, publicada el pasado 23 de octubre en el que establecían nuevas causales para negar información en poder de las instituciones públicas, la cual consideran violenta el derecho de acceso a la información de la ciudadanía.

En el pronunciamiento hacen un llamado a los magistrados de la Sala a rectificar el planteamiento relacionado con el derecho de acceso a la información, emitido en la resolución de amparo número 713-2015, por considerar que constituye un retroceso y una vulneración directa a toda la población.

Asimismo, consideran que los principios en que la Sala erra son el de buena fe y el genuino interés de conocer el manejo de la cosa pública, además, niega la responsabilidad de las instituciones públicas en generar información sobre hechos que no tuvieron lugar en presencia de los actuales titulares.

En relación al principio de buena fe, señalan que para garantizar el derecho de acceso a la información es esencial que los sujetos obligados a proporcionarla actúen cumpliendo con lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

En relación a no proporcionar información que no se generó durante la gestión de actual funcionario, también vulnera el derecho a demandar a una autoridad pública por el simple hecho de no estar detentando el cargo.

 

Otras instituciones que se han pronunciado contra resolución de Sala

También el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) rechazó las nuevas causas para negar información a la población establecidas en la resolución de la Sala de lo Constitucional y las calificó como “barreras”.

Por su parte, la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción (SPTA) llamó a todas las instituciones del órgano Ejecutivo a cumplir con lo establecido en la LAIP para garantizar el derecho de acceso a la información a la población.

Las 24 organizaciones civiles del Observatorio de la Alianza para el Gobierno Abierto (OAGA) también criticaron la decisión de la Sala, así como la Asociación de Periodistas de El Salvador y el Grupo Promotor de la LAIP.



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