FGR: El Mozote podría ser tipificado como “homicidio colectivo” no como masacre

Por José Mejía | 16 de diciembre de 2016

Según la representación fiscal, “masacre” no está tipificado como delito en el Código Procesal Penal salvadoreño, pero hay una sentencia de amparo relacionada a la masacre de Tecoluca que la Sala de lo Constitucional no denominó como tal, sino como un “homicidio colectivo”, lo que llevaría a que El Mozote sea también tipificada de la misma manera.

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El Código Penal salvadoreño solo establece el delito de homicidio simple o en su modalidad agravada. Tampoco tiene entre sus tipificaciones el genocidio como delito.

Gabriela Vega, auxiliar fiscal y quien ha estado a cargo de la supervisión en una de las escenas de presunto homicidio en las exhumaciones que se realizan en el Caserío El Mozote ha explicado que “no obstante según el convenio de Ginebra este homicidio es catalogado como un ‘delito de lesa humanidad’ ellos podrían tipificar también como ‘homicidio colectivo’ el hecho ocurrido en diciembre de 1981 al norte de Morazán teniendo en cuenta el antecedente de la masacre de Tecoluca”.

Sin embargo, los abogados de Tutela Legal “María Julia Hernández” aseguran que tampoco la figura de “homicidio colectivo existe en la jurisprudencia penal” y que se tendrá que ajustar la tipificación a lo que por un lado el juez de Paz de Meanguera y apegado a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señalaron como “crimen de lesa humanidad”.

Esto ha sido algunos de los planteamientos en torno a las exhumaciones realizadas durante el mes de diciembre en el caserío El Mozote para dar seguimiento y cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que también se hicieron conforme a lo que establece el Código Procesal Penal vigente.

Las exhumaciones que realizan actualmente expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense junto al equipo especializado del Instituto de Medicina Legal de la Corte Suprema de Justicia, obedecen a un acto urgente de comprobación tal y como lo establece la normativa vigente y que ha sido ordenada por el Juez de Paz de Meanguera, para ser presentados como parte de la investigación y como prueba contundente que arroje elementos para acreditar la existencia de un delito, que agrega ya 43 presuntos restos óseos pertenecientes a civiles que fueron ejecutados por el Batallón Atlacatl en 1981, en este homicidio determinado como una masacre.

Entre algunos de los hallazgos de estas últimas exhumaciones en una de las escenas se encontraron restos óseos y evidencia balística en la sala de una casa, que podrán determinar la participación de los presuntos responsables en este hecho.

“Debido a que se evidencia que la casa la incendiaron, la mayoría de restos están calcificados y fragmentados, por lo que no se puede determinar muy bien cuántas víctimas hay en la escena”, afirmó la fiscal Vega.

Añadió que “los médicos y antropólogos forenses habían logrado determinar por conjunto 2 esqueletos completos y restos de 3 conjuntos óseos más (…) se determinaron alrededor de 11 evidencias balísticas a determinar por laboratorio, más un fragmento de una granada, así como 14 evidencias balísticas más alrededor de un pozo”.

En este caso que se exhuman los restos óseos para que después Medicina Legal haga los análisis pertinentes con el ADN que se extraiga a los familiares, “se cotejara para identificar genética o antropológicamente a las víctimas y luego entregar los restos a sus familiares para que den digna sepultura, tal y como establece la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, señaló la representación fiscal.

La fiscal asegura que “con la evidencia balística encontrada el laboratorio determinará el tipo de calibre, arma utilizada y se comparara con informes que se tienen de la Fuerza Armada para determinar en el transcurso de la investigación qué dependencia o batallón los utilizó en su momento”.

Este caso “es una prueba del sistema para determinar que en el país puede combatirse la impunidad” que perduró por muchos años, aseguró Gabriela Vega.

Concluye señalando que antes “el inconveniente que se tenía era que estaba la Ley de Aministía, no obstante la sentencia (de inconstitucionalidad) establece una orden, reabrimos una investigación en virtud de que en aquel momento el caso estaba fenecido y se establece una orden de forma sustantiva, es decir, que el Estado debe ver de qué forma, adecuándose a su normativa procesal, tiene que darle impulso a la investigación”.



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