Filtración de información vincula a FUSADES con paraísos fiscales

Por Redacción | 07 de noviembre de 2017

La información revelada por El Faro muestra cómo FUSADES utilizó empresas offshore (libres de pago de impuestos) en Bermuda para evitar el pago al fisco. Sin embargo, la Fundación, a través de un comunicado dice que ellos han respetado la ley y que la noticia del periódico digital no es objetiva y fue escrita con discrecionalidad.

Fusades fachada

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) sale vinculada con el uso de empresas offshore en el paraíso fiscal de Bermuda, según revela el periódico El Faro que formó parte de una nueva filtración de información mundial que muestra cómo personajes de la política y del espectáculo se benefician de esta práctica para la evasión de impuestos.

Entre los años 1986 a 2007 FUSADES operó una microfinanciera que vendió en noviembre de 2007 por más de $50 millones. Luego, en 2008 la entidad crea dos offshore en Bermuda: Fusades International Trust y Fusdades Limited.

Según la investigación periodística, por la venta de la microfinanciera (Propemi), FUSADES “nunca pagó impuestos por la operación de su financiera, tampoco por el producto de su venta en 2007 y tampoco ha pagado tributos por los réditos que obtiene de sus inversiones manejadas por dos sociedades offshore en Bermuda”.

De acuerdo a la publicación de El Faro, por la venta de Propemi al Banco de América Central, FUSADES debió pagar en impuestos $3.8 millones. Mientras por su offshore en Bermuda -y siguiendo lo establecido en el artículo 14 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta- Fusades Limited debio haber pagado en impuestos de 2009 a 2013 un poco más de $500,000, por utilidades de $6 millones.

Entre los personajes involucrados, según la nota de El Faro, está el exvicepresidente Carlos Quintanilla Schmidt, el empresario Francisco de Sola, el expresidente del Banco Central de Reserva Rafael Barraza, la exministra de Relaciones Exteriores María Eugenia Brizuela de Ávila y el hoy presidente de FUSADES, Miguel Ángel Simán.

Este último, afirma que la venta de la microempresa y traslado a Bermuda “pretendía nada más garantizar mejores posibilidades de inversión para seguir financiando sus programas en El Salvador”.

En un comunicado publicado por FUSADES este martes 7 de noviembre, expresa que desde su creación en 1983 cumplen con todas las obligaciones de ley en el país, pero que tiene exención del impuesto sobre la renta, de acuerdo al artículo 6 de la ley de la renta.

Aseguran que la venta de Propemi fue transparente, público, supervisado y siguiendo lo establecido en las normas del país.

Sin embargo, en la nota publicada de El Faro, se menciona que en la primera gestión del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, dos auditores tributarios detectaron irregularidades en la venta de Propemi, razón para iniciar una investigación por presunta evasión del IVA y de la renta. En la noticia se dice que eso no trascendió.

En la noticia del periódico digital se indica que se trató de obtener declaraciones del ministro Cáceres al respecto, pero se negó a hablar sobre un tema que consiste en información de los contribuyentes y que eso lo inhibía legalmente de comentar sobre ello.

La Fundación añade en su comunicado que en 2006 crean un fideicomiso, para el cual no se ocultó nada y que los ingresos generados por este instrumento se reportan formalmente a las autoridades salvadoreñas.

En su comunicado dice que lo obtenido por sus inversiones lo retorna en estudios e investigación de políticas públicas y programas de desarrollo social que benefician a los salvadoreños, respetando así el cumplimiento de su misión.

No obstante, en el documento de la Fundación, no queda claro en qué medida de los $50 millones de la venta de Propemi, el país se ha beneficiado como para que la entidad justifique el no pago de impuestos.

En su escrito, FUSADES lamenta el tratamiento que hace El Faro a la noticia y saca de contexto la información “que ha sido debidamente presentada a su periodista” por diversos medios proporcionados.

Critican, también que el artículo fue escrito y editado sin objetividad, “implicando a la Fundación en acciones que riñen con la ética y los valores que deben practicarse”.

“Este reportaje es discrecional cuando el autor equivocadamente asocia a personas, usa acontecimientos e interpreta antojadizamente la ley para forzar una tesis preconcebida que no corresponde a la realidad, presentando injustamente una actividad legal y normal como algo ilícito y de crimen organizado”, reza el comunicado.



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