Fiscalía aún sin calcular cantidad invertida por expresidente Flores en terrenos confiscados

Por Daniel Trujillo | 15 de junio de 2017

El fiscal General de la República, Douglas Meléndez, dijo que será durante el proceso judicial que se determinará cuánto presunto dinero ilícito invirtió el expresidente Francisco Flores en las propiedades que se le incautaron en días recientes.

Expdte flores en audiencia

La Fiscalía General de la República (FGR) aún no ha determinado la cantidad de dinero que el expresidente Francisco Flores invirtió en las nueve propiedades que le fueron confiscadas en días pasados y por las que se inició un proceso de extinción de dominio.

El titular de la FGR, Douglas Meléndez, dijo que durante el juicio se determinará el monto que el exmandatario inyectó en los bienes que le fueron incautados y que, según la investigación fiscal, mientras fue presidente, los terrenos pasaron del evidente olvido a ser lugares prósperos.

“Si tenía una hacienda, una propiedad acabada, prácticamente que no tenía nada, que hasta las vacas y todo había vendido; y, después resulta que cuando la persona es funcionario ese bien tiene prosperidad, hay construcciones, se le inyectan fondos, es por ahí donde nosotros hemos procedido”, explicó el fiscal General al justificar el motivo del nuevo proceso judicial contra el exgobernante y que también tiene un juicio por los presuntos delitos de corrupción de enriquecimiento ilícito, peculado y desobediencia a particulares en la administración de millonarias donaciones de Taiwán.

El Ministerio Público incautó nueve propiedades del exjefe de Estado la semana pasada que entre todas suman casi los dos millones de metros cuadrados, equivalentes a cuatro campus de la Universidad de El Salvador y más de 400 canchas de fútbol reglamentarias por la FIFA.

Son propiedades ubicadas en diferentes departamentos como Ahuachapán, La Libertad y Usulután y la familia Flores calificó de injusto el proceso fiscal y afirmó que esos bienes han pertenecido al grupo familiar desde más de 100 años.

La Fiscalía informó que los terrenos serán puestos a la orden del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB) y que desde el momento de la confiscación tiene tres meses para presentar el caso al juzgado especializado, tiempo que puede prorrogarse por otros tres meses más.

“Estamos actuando correcta y legalmente”, reiteró el fiscal Meléndez.

La Ley de Extinción de Dominio, que confisca los bienes de personas que cometieron delitos de corrupción y otros ilícitos sin importar el tiempo que haya pasado y que son devueltos al Estado, es una herramienta indispensable y clave para el combate de este crimen en el país, afirmaron en su momento expertos en la materia consultados por Transparencia Activa.

 

Critica señalamientos en aplicación de la ley

El titular de la FGR criticó –sin decir nombres– a los que han dicho que hay que reformar la referida Ley y asegura que se quiere poner en debate este tema porque ahora se aplica esta normativa contra políticos que, presuntamente, han cometido ilícitos.

“Esa ley estaba inerte, pasiva, hemos llegado a activarla con bienes de pandilleros, con narcotraficantes de poca monta, pero ahora ocurre que cuando actuamos en contra de diputados, políticos o funcionarios ya no gusta”, destacó el fiscal General.

Mientras, el director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), José María Tojeira, coincidió con el planteamiento del fiscal Meléndez y dijo que cuando “la extinción de dominio afecta a políticos, ahí ya surgen las dificultades, y ahí se empieza a protestar de que esta ley tal vez hay que cambiarla, que mejorarla, etcétera”.

“A mí me llama la atención que una ley que ha sido aprobada por todos, y es una ley bien hecha, bien pensada, una ley bastante indicada contra la corrupción, estén ya queriendo hacerle reformas, verdad, es decir, para frenarla un poco”, indicó el padre Tojeira durante el programa de entrevista “Frente a Frente” de Telecorporación Salvadoreña.

Y en el mismo espacio, el rector de la UCA, Andreu Oliva, expresó que la Ley de Extinción de Dominio es fundamental para que funcione un estado de derecho, y que aquellas personas que han obtenido recursos de manera indebida, a través de la corrupción, o fraudes al Estado, el tráfico de drogas, o de distintos ilícitos puede ser perseguido.

“Lo que sí es importante es que esa ley se aplique debidamente, verdad, y que tampoco se comentan abusos en justicia, verdad, sino que se aplique la ley de acuerdo a lo establecido”, puntualizó el padre Oliva.



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