Fundación estadounidense e IDHUCA facilitan estándares internacionales para procesar masacre de El Mozote

Por José Mejía | 09 de junio de 2017

La Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), presentan información sobre casos similares a la Masacre de El Mozote en otras partes del mundo y los estándares jurídicos internacionales de cómo se ha juzgado este tipo de delitos.

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Leonor Arteaga, delegada de DPLF explicó que “debido a que el juicio es bastante complejo, se requiere de una investigación bastante especializada, capacidades especializadas que deben considerarse en el procesamiento de la información sobre un crimen como el de la Masacre de El Mozote y es además el primer juicio en el país sobre crímenes de guerra y con un proceso penal abierto, no hay precedente en investigación de una masacre de esta naturaleza”.

Añade que “el objetivo es recoger lo que se ha dicho a nivel mundial, cuáles son los estándares internacionales y hacérselos llegar al juez para tomar mejores decisiones en el proceso de investigación de los responsables de la masacre”.

Este recurso (amicus curiae) ya se ha utilizado en el caso de los Jesuitas y queda a decisión del aplicador de la ley si usa o no estos documentos para procesar un caso.

Arteaga aclara que “los amicus curiae no son escritos que tengan la intención de favorecer a una de las partes, sino de dar argumentos al juez para apegarse a los estándares internacionales de cómo se ha procesado la información en otros casos similares alrededor del mundo”.

Las dos organizaciones presentaron este 5 de junio de 2017 un escrito de amicus curiae ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Morazán, en el marco del proceso penal donde se investiga a los responsables por los crímenes cometidos en la masacre de El Mozote, tras su reapertura en septiembre de 2016.

Estos escritos (conocido también como amigo de la Corte o amigo del Tribunal) se presentan en casos de trascendencia colectiva –como la masacre de El Mozote– ante una autoridad judicial por personas que no son partes en el proceso, pero que desde su independencia y conocimiento especializado del tema aportan argumentos técnico-jurídicos para el debate.

En diciembre de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que los hechos en esta masacre configuran graves violaciones a derechos humanos, y cuentan con elementos suficientes para ser calificados como crímenes internacionales. En esa línea, el propósito del amicus curiae es demostrar que es posible calificar los hechos usando delitos previstos en el Código Penal de 1973 (asesinato, violación agravada) y al mismo tiempo calificarlos como crímenes internacionales (de guerra y/o de lesa humanidad), sin que ello viole el principio de legalidad. Todo de acuerdo a la sentencia de inconstitucionalidad antes mencionada.

Esta “doble calificación” tendría un efecto simbólico importante en las víctimas y la sociedad, pues reflejaría la gravedad del daño ocasionado y el grado de intencionalidad: En diversos documentos presentados por los abogados de las víctimas se ha señalado que la masacre de El Mozote fue un ataque generalizado a la población civil, como parte de una política estatal de exterminio y no hechos aislados.

Hasta ahora, 18 exmiembros de la Fuerza Armada han sido acusados por nueve delitos, entre ellos, homicidios graves y violación sexual, según la legislación penal de la época.

Este es el primer proceso judicial reactivado luego de la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General, en agosto de 2016, y el único referido a las atrocidades de la guerra que muestra avances.

La masacre de El Mozote se refiere a una serie de matanzas contra la población civil cometidas por el batallón Atlacatl de la Fuerza Armada salvadoreña, durante un operativo militar realizado los días 10, 11 y 12 de diciembre de 1981, en las aldeas de El Mozote, La Joya y Los Toriles, en el norte del departamento de Morazán.

Según la Comisión de la Verdad, aproximadamente 900 hombres, mujeres y niños campesinos fueron asesinados en ese operativo. Se le considera el mayor acto de violencia contra población civil cometida por agentes estatales y la peor masacre en la región americana en las décadas pasadas.

Esta es la primera vez que se usa la figura del amicus curiae en un proceso penal en El Salvador.

La presentación de amicus curiae, además de ser una práctica regulada en varios países, ha sido reconocida y reglamentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional.

Tanto DPLF e IDHUCA, esperan que este aporte sea tomado en cuenta por el Juez Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, en las decisiones que habrá que adoptar, conforme con el derecho interno y el derecho y la jurisprudencia internacional obligatoria para El Salvador, en materia de derechos humanos.

Texto completo del amicus curiae:

http://www.dplf.org/sites/default/files/amicus_caso_el_mozote_presentado_por_dplf_e_idhuca_jun_2017.pdf



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