Instituto de Acceso a Información ordena a Probidad plan de entrega de auditorías patrimoniales

Por Redacción | 28 de agosto de 2017

El plazo que establece el Instituto de Acceso a la Información Pública a la Sección de Probidad es de 30 días hábiles para que elabore un plan de entrega de las declaraciones y de los exámenes patrimoniales de varios funcionarios públicos.

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El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ordenó a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que en un plazo de 30 días hábiles elaboré un plan y establezca los tiempos de entrega de las auditorías y de las declaraciones patrimoniales de varios funcionarios y exfuncionarios públicos, al tiempo que se proporcione una copia del mismo a los ciudadanos Herbert Danilo Vega Cruz y a Víctor Manuel Aguilar Pereira, quienes las requirieron.

Según consta en la resolución del IAIP sobre este caso publicada el viernes pasado, el requerimiento de Vega Cruz es en relación a las declaraciones patrimoniales que corresponden a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral del periodo 2012-2014, así como los de diputados propietarios de la Asamblea Legislativa que prestaron sus servicios en el período 2012-2015.

La petición de información también se extiende para los funcionarios del gobierno del expresidente Mauricio Funes (2009-2014), además de los diputados suplentes del periodo legislativo 2009-2012, e igualmente a los diputados propietarios y suplentes del Parlamento Centroamericano.

La lista con la información patrimonial que el IAIP requiere es la siguiente: la exvicepresidenta dela República, Ana Vilma de Escobar y el ex vicepresidente Carlos Quintanilla Schmith; Luis Mario Rodríguez, exsecretario de Asuntos Jurídicos y Legislativos de la Presidencia; José Domingo Méndez, exmagistrado presidente de la CSJ; y, Nelson García, actual viceministro de Transporte.

Además, se debe entregar la documentación respectiva el exjuez Levis Italmir Orellana; Marina de Jesús Marenco de Torrento, exjueza de Familia de San Salvador, así como de los exmiembros del Consejo Nacional de la Judicatura Tito Edmundo Zelada Mejía, Santos Cecilio Treminio Salmerón, Alcides Salvador Funes Teos, Manuel Francisco Martínez, Luis Enrique Campos Díaz y Jorge Alfonso Quinteros. El IAIP requiere, también, la del expresidente del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI), Nicola Ernesto Angelucci, actualmente procesado judicialmente por presuntos delitos de corrupción.

Otros que figuran en la lista son: Nayib Bukele, como exalcalde de Nuevo Cuscatlán; Enrique Molins Rubio, Jorge Hernández Issusi, Jaime Alberto Rodríguez y Jorge Pérez Quezada, como presidentes del INDES. También se encuentra el expresidente de la Corte Suprema de Justicia y actual magistrado de la Sala de lo Constitucional, José Belarmino Jaime.

El IAIP, en su resolución, sobresee parcialmente la resolución emitida por el Oficial de Información de la CSJ, en relación a la solicitud del ciudadano Víctor Manuel Aguilar Pereira porque parte de la documentación requerida por él es inexistente.

De acuerdo al informe que brindo la CSJ, se indica que en los registros de la Sección de Probidad no constan información relacionada con los señores Juan Rafael Bustillo, Roberto Pineda Guerra, Guillermo Alfredo Benavides, ni de Carlos Guzmán Aguilar, todos pertenecientes al alto mando de la Fuerza Armada en la década de 1980.
También dio un plazo de 24 horas para que remita al Instituto los informes de cumplimiento de la referida resolución.

 

Resumen del caso
Los peticionarios apelaron en contra de la resolución emitida por el oficial de información de la CSJ por denegar la información de las declaraciones patrimoniales y el resultado de las auditorías realizadas a exfuncionarios públicos.

Según consta en la resolución del IAIP, el oficial de información de la CSJ denegó la información solicitada por los apelantes bajo el argumento que las auditorias no se habían realizado. También argumentó que lo requerido por Vega Cruz estaba vinculado a la fase administrativa, sujeta a la comprobación de la veracidad de las declaraciones patrimoniales.

Asimismo, la CSJ se respaldó en la Constitución de la República y en la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, la cual no establece plazos para la fase administrativa, pues únicamente se cuenta con el tiempo para que los funcionarios presenten la declaración de patrimonio.

El pasado 8 de agosto la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia emplazó a la Sección de Probidad para que entregue las declaraciones patrimoniales junto a las auditorías de varios exfuncionarios públicos, los cuales fueron solicitados por dos ciudadanos que acudieron al IAIP, porque los requerimientos de información no fueron entregados de forma completa.



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