Informe ciudadano señala desigualdades en proceso de elección de candidatos a magistrados CSJ

Por José Mejía | 16 de abril de 2018

La Iniciativa Social para la Democracia (ISD) presentó los resultados del Monitoreo de Transparencia a la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el período 2018 realizado por la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES) y en el que más de 12,000 profesionales del derecho eligieron de entre 22 candidatos a 15 de los cuales, 3 serán mujeres.

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Ramón Villalta, Director Ejecutivo ISD (Foto: José Mejía)

El informe revela un bajo nivel de involucramiento en las postulaciones de candidatos por parte de las asociaciones de abogados que pertenecen a la FEDAES; solamente el 37.5% participó presentando candidatos y candidatas, siendo estas el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), Círculo de Abogados Salvadoreños (CAS) y la Asociación de Abogados de Oriente (AAO).

Según el informe, los 22 candidatos y candidatas cumplieron con los requisitos que establece la Constitución de la República para poder ser considerados como aspirantes al cargo de una magistratura en la CSJ.

El Director Ejecutivo de ISD, Ramón Villalta, expresó que en términos generales “el proceso realizado por FEDAES en 2018 ha gozado de mayor grado de transparencia gracias a la observación y seguimiento de distintas organizaciones de la sociedad civil”.

Uno de los primeros hallazgos en el informe es que, de 22 candidaturas para la elección de 15 aspirantes a magistrados propuestos por el CNJ, 3 eran mujeres representando el 20% del total de participantes. “Un nivel bastante bajo de participación en términos de equidad de género”, asegura Villalta.

En cuanto al cumplimiento de requisitos de idoneidad que deben cumplir los candidatos hay asociaciones que han sido señaladas por tener vínculos partidarios tanto de izquierda como de derecha, por lo que se deben establecer mecanismos pertinentes y unificados que permitan elevar los niveles de idoneidad, capacidad e independencia de los candidatos y las candidatas desde la etapa de postulación por parte de las asociaciones.

En cuanto a la trayectoria de los y las abogadas, solo 8 candidatos han realizado publicaciones, 19 tienen carreras docentes, 10 están dentro de la carrera judicial, 10 tienen estudios de maestría, 3 tienen nivel de doctorado y 9 tienen solo una licenciatura. Es decir, 13 tienen estudios de postgrado y 9 de pregrado.

También de las garantías de transparencia en el desarrollo de las elecciones, el estudio revela que no existe ninguna reglamentación para controlar el financiamiento de las candidaturas, por lo que quienes tienen mayor financiamiento tienen mayores posibilidades de hacer más propaganda y desarrollar acciones de desigualdad en la competencia.

Además, ISD increpa que es negativo que los postulados o sus asociaciones deban cancelar alguna cuota económica como requisito de inscripción, lo que podría poner en riesgo la participación en condiciones de igualdad entre las mismas asociaciones y los candidatos y las candidatas.

También es negativo que se prohíba la postulación de candidatos y candidatas de manera independiente para participar en el proceso.

Se encontró que en el listado de 12,203 aspirantes elegibles hubo incongruencias, como abogados fallecidos, con antecedentes penales, denuncias en el Tribunal de Ética Gubernamental o incluso algunos con títulos irregulares que participaron en la elección de candidatos a magistrados.

En términos de cobertura mediática sólo 5 aspirantes de los 22 tuvieron espacios en La Prensa Gráfica, 1 mujer y 4 hombres candidatos. “Esto genera una desigualdad en la competencia porque no todos los candidatos tienen un espacio en medios para tener mayor equidad y dar a conocer cuáles son sus propuestas”, sostuvo Villalta.

Recomendó garantizar igualdad de condiciones para todos los candidatos propuestos por las asociaciones, realizando actividades de difusión y divulgación de propuestas y perfiles mediante foros públicos, debates televisivos o conversatorios con la comunidad jurídica, sin preponderar o preferir a unos por encima de otros.

Sobre el proceso electoral, ISD avaló los estándares técnicos que se implementaron para la elección, así como en la transmisión de los resultados en la noche de la elección.

Donde se ha encontrado polémica es en la entrega de los expedientes de los perfiles de los candidatos electos por parte de FEDAES al CNJ, de los cuales solo fueron trasladados de manera completa 7 expedientes y los restantes 8 están incompletos.

“Eso podría incluso hacer que esos 8 queden fuera de la competencia”, refirió Villalta. Lo que ha generado polémica es que los 7 expedientes que han sido presentados de manera completa son de los abogados propuestos por UNAJUD y dos asociaciones más y las 8 que corresponden al Centro de Estudios Jurídicos y de otras asociaciones de jueces son las que tienen irregularidades.

Para ISD, tanto FEDAES como el CNJ deben rendir cuentas y dar explicaciones de lo que ocurrió con esta manipulación indebida de esta documentación y si procede, una intervención de la Fiscalía General de la República para esclarecer este tema.

Alicia García, técnico que fue parte del monitoreo señaló que los antecedentes en el proceso de elección a magistrados de la CSJ “históricamente ha sido señalado por realizarse en un marco poco transparente, en ocasiones dejando de lado criterios de idoneidad, capacidad u honradez de los aspirantes y prevaleciendo muchas veces criterios político partidarios, lo cual ha llevado a debilitar la independencia judicial que los magistrados deben tener en el ejercicio de sus funciones”.

Debido a que en múltiples oportunidades se ha señalado que no existen garantías de transparencia en el proceso de elección de candidatos por parte de la FEDAES, ni en el proceso realizado por el CNJ y tampoco el que realiza la Asamblea Legislativa, ISD ha iniciado con este mecanismo de monitoreo a las elecciones de magistrados.

El monitoreo de transparencia dará seguimiento a las 3 etapas que implica la elección de magistrados: el proceso de elección que lleva a cabo FEDAES, la selección de 15 candidatos que hace el CNJ y la elección que hace la Asamblea Legislativas para elegir a los nuevos magistrados de la CSJ.