Instituto de Acceso le insiste a Probidad establecer plan de entrega de auditorías patrimoniales

Por Redacción | 11 de octubre de 2017

El Instituto de Acceso a la Información Pública le ordenó nuevamente a la Sección de Probidad elaborar un plan para la entrega de información de las declaraciones patrimoniales de exfuncionarios públicos. La resolución se da luego que la Corte Suprema de Justicia interpusiera un recurso de revocatoria contra la petición hecha por el Instituto.

Documentos

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) emitió una resolución contra la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la que nuevamente le requiere un plan de entrega de las auditorías de las declaraciones patrimoniales de funcionarios y exfuncionarios públicos y declara sin lugar el recurso de revocatoria presentado por el órgano Judicial.

Según el argumento de la Corte plasmado en el recurso de revocatoria que presentó hace más de un mes, el IAIP ha cometido una infracción al principio de legalidad porque las atribuciones conferidas a esta entidad no le facultan para definir qué criterios debe seguir la Sección de Probidad al momento de priorizar los casos pendientes de análisis.

Asimismo, la CSJ alega una vulneración a la seguridad jurídica porque, según el órgano Judicial, la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) no le permite al IAIP que por requerimientos personales de un particular le ordene entregar información inexistente.

En la reciente resolución del IAIP, la entidad rechazó los argumentos presentados por la Corte en el recurso de revocatoria donde se señalaba que el Instituto violó la seguridad jurídica y vulneró el principio de legalidad.

El Instituto de Acceso recordó que la Sala de lo Contencioso Administrativo ha señalado que el ente posee dos facultades de suma trascendencia en torno a la protección del derecho de acceso a la información pública: velar por la correcta aplicación de la LAIP y garantizar el debido ejercicio de la misma contemplado en el artículo 58 letras “a” y “b”, respectivamente.

En la resolución señalan que si la Sala Contencioso ha reconocido las facultades del IAIP, éste tiene la autoridad de solicitar al ente obligado (Sección de Probidad) y facilitar el acceso a la información solicitada por los peticionarios, siempre que los documentos no estén declarados como reservados o sean confidenciales.

“De lo anterior se concluye, que este Instituto ha actuado respetando el principio de legalidad puesto que:  a) ha emitido una resolución donde se ordena que se adopte una medida consistente en la elaboración de un plan, b) materialmente posible puesto que quien elaborará el plan es la Sección de Probidad y no el Instituto como ha interpretado erróneamente el ente obligado, por tanto, la CSJ determinará los ejes estratégicos de trabajo y objetivos en la priorización de los casos”, reza parte de la resolución del IAIP.

Además, considera que con solicitar un plan para la entrega de los requerimientos no se pide “algo que es materialmente imposible” y, por el contrario, lo que se busca es brindar seguridad jurídica a los solicitantes de información.

 En el mismo documento se recoge la respuesta del apelante Danilo Vega Cruz, quien exige que se declare sin lugar el recurso de revocatoria emitido por la CSJ, ya que según sus consideraciones el órgano Judicial quiere evitar el cumplimiento de la resolución del IAIP, y con ello también dilatar “maliciosamente” la entrega de información solicitada.

Agregó que el ente obligado (CSJ) posee toda la capacidad técnica y financiera, infraestructura, así como el personal y el poder legal para producir la información solicitada.

El IAIP dejó claro que no se ha excedido en sus facultades legales para hacer la solicitud del plan de entrega de auditorías patrimoniales, ni tampoco, se ha vulnerado la seguridad jurídica tal como lo señaló la CSJ en el recurso de revocatoria.

 

Resumen del caso

La resolución del IAIP ordenaba a Probidad elaborar un plan que estableciera los plazos en los que se practicarían las auditorías de las declaraciones patrimoniales solicitadas por Manuel Pereira y Danilo Vega Cruz.

Los requerimientos de información de Pereira consistían en la solicitud de una copia de la versión pública de las declaraciones juradas de patrimonio, tanto de toma posición y cese de funciones presentada por 10 funcionarios.

Mientras, Vega Cruz, requería una copia certificada de las auditorías de las declaraciones juradas del inicio y del fin de funciones de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral del periodo 2009 – 2012.

También pedía una copia certificada de las declaraciones juradas de patrimonio de inicio y fin de funciones de los diputados de la Asamblea Legislativa (2012-2015), así como de las auditorías de Probidad de los funcionarios del gabinete de gobierno del periodo 2009-2014.

Vega, además, solicitó las auditorias de las declaraciones de patrimonio de los 84 diputados propietarios, así como de los suplentes que desempeñaron sus funciones entre el 2009 al 2012, también de los diputados propietarios y suplentes del Parlamento Centroamericano que fungieron en estos cargos entre el 2011 y 2016. Otros datos solicitados no fueron encontrados por lo que se le notificó la inexistencia de los mismos.

 

 



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