Juez rechaza argucias jurídicas para retrasar juicio contra militares de masacre El Mozote

Por José Mejía | 30 de junio de 2017

El Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Morazán, desestimó la petición interpuesta por los abogados defensores de los militares acusados por la Masacre de El Mozote para continuar siendo juzgados. Cuestionaban la legitimidad de los representantes de las víctimas y a las mismas víctimas, así como que se había admitido la acusación irrespetando el Código Procesal Penal.

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“Desestímase la excepción dilatoria de falta de personería del acusador o de su representante, interpuesta por los defensores particulares Miguel Arturo Girón Flores, Martín Salvador Morales Somoza y Carlos Alberto Vásquez Rodríguez”, responde el juez a los defensores al final del escrito, después de argumentar las razones para no admitir la suspensión del proceso.

Los abogados defensores, “en otro de los muchos intentos por dilatar el proceso penal” que ha iniciado contra la cúpula de la Fuerza Armada encargada de ejecutar la masacre de El Mozote, entre otras operaciones militares, deslegitimaban a los abogados representantes de las víctimas ya que según ellos, no contaban con personería y por tanto era ilegítima su participación en el juicio.

Además, cuestionaban la calidad de las víctimas y sus familiares, porque querían que se individualizara cada delito y que los testigos y testimonios fueran víctimas directas.

Es decir, que si entre los delitos que se está acusando está el de violación, los defensores de los militares pedían que llegara la víctima de violación y acusara directamente a quien la violó.

Sobre esta petición el juez responde, “sobre este punto en especial la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe 177/10 establece que: “En cuanto a la identificación de víctimas de estas violaciones, el informe de fondo 177/10, incluye tres anexos separados que consisten en el listado de: i) las víctimas ejecutadas extrajudicialmente; ii) los sobrevivientes y familiares de las víctimas ejecutadas; y iii) las víctimas desplazadas forzosamente”.

Por tanto, el juzgador consideró la petición de los defensores “absurda al menos en esta fase inicial de la investigación”.

La misma sentencia de la CIDH pide “no excluir a priori el carácter de víctima a ninguna persona nombrada como fallecida en las masacres o como familiar sobreviviente, teniendo en cuenta las características excepcionales de este caso en el que se adoptó criterios flexibles para la identificación de las víctimas”.

Otro punto de los que se quejaban los abogados es que “a ellos (militares) se les está acusando en abstracto, sin mencionar siquiera, menos probar, cual fue la participación exacta de cada uno de ellos en cada uno de los delitos sindicados y para cada una de las víctimas que se relacionan en el proceso”, por lo que el juez les contesta: “lo anterior sólo denota que los abogados defensores no se han instruido suficientemente del contenido del escrito de la acusación, pues en ella se delimita con suficiente claridad la clase de autoría que se les atribuye a los acusados, ahí se hace alusión a una autoría mediata o indirecta cuando se expresa que algunos de los oficiales procesados planificaron, ordenaron y supervisaron las acciones durante el desarrollo del operativo militar que acabó con la vida de centenares de personas en el caserío El Mozote”.

“Si bien es cierto que los imputados no estuvieron en el terreno de los hechos ejecutando directamente los crímenes atribuidos; algunos de los acusados son ubicados en el relato, en los mismos lugares de los hechos, pero no se les menciona cometiendo asesinatos, violaciones y los demás delitos; sino ordenando tales injustos”, explica el juez.

“A los acusados se les atribuye una autoría mediata a través de aparatos organizados de poder”, confirma el juzgador.

También como contexto, la argumentación del juez para ilustrar a los abogados defensores de los militares, señaló que desde el inicio del juicio en 1990 no se pudieron investigar adecuadamente los hechos, debido a “obstáculos e injerencias surgidos, unos al interior mismo del Órgano Judicial, y otros de la actuación de otros Órganos del Estado”, interrumpiendo el esfuerzo de investigación que vino a complementarse con la aprobación de la Ley de Amnistía aprobada en 1993.

Añadió que sólo por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía aprobada por la Sala de lo Constitucional de la Ley de Amnistía el año pasado se ha vuelto a buscar justicia en este caso.

“Es claro entonces, que durante más de tres décadas se negó tanto por acciones individuales e institucionales, el acceso a la justicia de las víctimas sobrevivientes y de los familiares de quienes perecieron; consecuencia de esto es que aún no se ha completado la investigación, la individualización e identificación de las víctimas fallecidas, y la conexión de estas con los familiares denunciantes que les sobreviven, lo cual no puede ser un impedimento para que estos acusen y por la circunstancias peculiares del caso, justifiquen que se aplique un criterio amplio en la comprobación de quienes tienen calidad de víctimas”.

También en la petición de los militares “critican al juez de no realizar un estudio de lo que la ley establece para admitir la demanda” por lo que no se había llenado los requisitos de admisibilidad del escrito.

Sobre este punto, el juez corrige y comenta: “los defensores parecen caer en confusión respecto a la acusación, pues piensan que se están enfrentando al juicio con el escrito de fs. 10755 a 10756, Pieza 54, correspondiente al proceso fechado y presentado el 23 de noviembre de 2006”.

Wilfredo Medrano, uno de los abogados acusadores de Tutela Legal “María Julia Hernández” y representante legal de las víctimas, señaló al respecto, que “con esa excepción que han interpuesto (los abogados defensores de los militares) de manera irresponsable sólo es un retraso indebido para detener el proceso y que no avance. Hay una malicia y mala intención que no justifica interrumpir el proceso”.

La decisión del juez de rechazar la petición de la defensa de los militares fue notificada también a la representación fiscal y con esto se volverá a reprogramar los testimonios que aún están pendientes y si también se requiere de más testigos que amplíen los hechos.



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