Juicio por contaminación de Baterías Record debe realizarse de nuevo

Por José Mejía | 09 de noviembre de 2016

La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó el 31 de octubre pasado anular el juicio anterior contra Baterías Record por contaminación ambiental agravada, ya que no está debidamente fundamentado por lo que debe realizarse nuevamente el proceso a la empresa propiedad de la familia Lacayo.

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En el juicio penal anulado contra Baterías Record, propiedad de la familia Lacayo, se había absuelto de responsabilidad penal y civil a los imputados y a la empresa Baterías de El Salvador, por el delito de contaminación ambiental agravada con plomo en el Sitio del Niño, municipio de San Juan Opico, departamento de La Libertad.

“Hubo algunos argumentos que no valieron para la Sala como prueba pericial, documental y testimonial donde se evidenció y dejó claro el tribunal que la contaminación se realizó y no había fundamentación para dejar libres a los causantes de este daño, los dueños de Baterías de El Salvador”, aseguró Alejandro Díaz, abogado de Tutela Legal.

Las organizaciones que representan y acompañan a las víctimas de contaminación con plomo en el Sitio del Niño como la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Tutela Legal “María Julia Hernández”, la Asociación de extrabajadores de Baterías de El Salvador y el Comité Ambiental del Cantón Sitio del Niño, fueron notificadas el 3 de noviembre pasado de la Anulación del Proceso Penal 462-3-2009 que se siguió ante un Tribunal Reemplazante de Sentencia de Santa Tecla, en el que se absolvió de responsabilidad penal y civil a los imputados de este proceso y a la empresa Baterías Record, caso en el que se presentó un recurso de Casación Penal.

El Tribunal Reemplazante de Sentencia que dictó la resolución en noviembre del año 2012 no argumentó la absolución de los imputados basada en un error invencible, por supuestamente desconocer que los vertidos tóxicos que realizaban estaban fuera de las normas establecidas y de que estaban cometiendo delitos contra el medio ambiente y la salud.

Por dicha razón, la Sala de lo Penal ha ordenado que se realice nuevamente este juicio en el Juzgado Primero de Sentencia de San Salvador, declarando nulo el proceso anterior, mismo que las víctimas y organizaciones de derechos humanos consideraron amañado y parcial.

Hasta la fecha, tampoco se han reparado los graves daños a la salud de los habitantes del Sitio del Niño y extrabajadores de la fábrica Baterías de El Salvador, y tampoco se ha remediado de una forma completa y eficaz el medio ambiente de la zona, permaneciendo en el lugar miles de toneladas de escoria y cenizas de plomo.

Los representantes legales de las víctimas exigieron que se aplique la legislación vigente para que las autoridades exijan a los dueños de la Sociedad Baterías de El Salvador, S.A de C.V. remuevan definitivamente la escoria y ceniza de plomo que se encuentra en el interior de la fábrica, así como la que se encuentra enterrada clandestinamente en algunas áreas dentro de la misma.

En el nuevo proceso judicial que se realice, el Órgano Judicial debe de actuar de forma imparcial e independiente, la Fiscalía General de la República debe de atender con respeto a las víctimas, localizar y realizar las gestiones necesarias para extraditar a los dueños de Baterías Record, que son prófugos de la justicia y debe obligarse a que retiren la escoria y ceniza de la zona. Asimismo, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) debe verificar el proceso y apoyar a las miles de víctimas de esta catástrofe ambiental.

Según las organizaciones defensoras de derechos humanos, los imputados se encuentran prófugos de la justicia con alerta por parte de INTERPOL y según información en manos de los abogados acusadores viven en Miami, Florida.

Además del juicio anulado que deberá realizarse de nuevo, el 3 de noviembre inició la Audiencia Preliminar de un nuevo proceso penal contra los imputados en el caso Baterías Record en el Juzgado de Aguilares por lesiones que se han cometido en contra de 1,163 personas por contaminación con plomo, la mayoría niños y extrabajadores de la fábrica Baterías de El Salvador.

En este caso se imputó a los señores Ronald Antonio Lacayo Argüello, José Ofilio Gurdián Lacayo y Sandra Cecilia Lacayo Escapini, dueños de la Sociedad Baterías de El Salvador, quienes se encuentran prófugos de la justicia en Estados Unidos y para los cuales solicitan su extradición al país.

También el juicio imputa a los ingenieros de operaciones directas Hugo Reinaldo Trujillo Díaz, Arturo Marenco Carballo, José Edgardo Brito Menéndez, Renato Cea y Domingo Cali Imberton, este último representante legal de dicha empresa durante los años que se cometieron los graves daños a la salud y el medio ambiente.

Este caso de grave contaminación ambiental y daños a la salud de miles de personas fue denunciado desde finales de los años 90 cuando se realizaban por parte de la fábrica de baterías emanaciones industriales tóxicas que no fueron evitadas por los imputados y funcionarios con competencia en salud y medio ambiente de ese entonces, entre ellos el exministro de Economía, Miguel Lacayo, familiar de los imputados y que en un principio fue dueño de la fábrica de baterías.

En 2007 se cerró la empresa, pero no se persiguió a sus dueños de forma inmediata, dejando que estos se fugaran del país junto con el capital de la empresa.

Este caso también tiene una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por lesiones a varios niños de la zona.