La cuenta se le acumula a la Fiscalía y al Sistema Judicial salvadoreño

Por Redacción | 23 de enero de 2015

En este inicio de año, diversas voces, nacionales e internacionales, han hecho énfasis en que la realidad de El Salvador no podrá cambiar sin que la Fiscalía General de la República tenga un papel más eficiente en la investigación del delito y el Sistema Judicial depure jueces y aplique la ley de forma más rápida y equitativa, para garantizar justicia para la población.

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Diversos casos han cuestionado el papel de la Fiscalía y de los distintos juzgados del Sistema Judicial. El último, las declaraciones en un matutino del exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, quien en el análisis de lo que conoce de la realidad salvadoreña en el fenómeno de la violencia destacó que “hay un grave problema de impunidad, ya que según datos de la misma Fiscalía sólo se logra sentencias en el 5% de los casos (…) es una locura, es uno de sus mayores problemas y requiere sentarse con el Poder Judicial y tener reuniones periódicas con la Policía y la Fiscalía para tratar de determinar por qué los números son tan bajos”, cuestionó el exfuncionario norteamericano.

Durante la pasada celebración de la Semana de la Transparencia, el abogado y querellante por parte de FESPAD en el juicio contra el expresidente Francisco Flores, Abraham Ábrego también señaló que “tanto la Fiscalía General de la República como la Corte Suprema de Justicia se están volviendo las instituciones más señaladas en la lucha contra la impunidad por la falta de efectividad y eficiencia en su trabajo”.

Además agregó que es difícil confiar en “un Fiscal cuestionado por no rendir cuentas en el caso de sus viajes en aviones de un empresario que tiene un proceso abierto”.

“Hay obligaciones internacionales, principios básicos que obligan a un Fiscal a decir y dar cuenta de ese tipo de cosas para garantizar la imparcialidad en los procesos. Si yo acepto cualquier tipo de premio, regalo, beneficio o tengo un parentesco familiar o de amistad con alguna persona y eso se revela, cambia la imparcialidad que uno espera del Fiscal, entonces eso se esperaría del Fiscal que rinda cuentas, que explique y que se investigue porque sus actuaciones podrían estar riñendo con el Código de Ética Gubernamental…los principios también dicen que el Fiscal tiene que perseguir prioritariamente en los casos que haya violaciones graves de derechos humanos y en casos de corrupción, pero eso no es lo que se ve en la actuación del Ministerio Público”,  añadió en esa oportunidad el abogado, que esta semana también recibió una advertencia de olvidarse de un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) como prueba en el caso de corrupción que tiene como principal sospechoso al expresidente Flores.

Para Ábrego “los errores más comunes en el actuar de la Fiscalía recaen en tipificar mal los delitos de acuerdo al Código Penal o realizar una investigación muy débil que no logra comprobar bien los casos”.

Según el representante de FESPAD “en el caso Flores la Fiscalía ha servido más de atraso que de avance. Si no hubiera sido por los querellantes, el caso hace ratos hubiera sido sobreseído por la actitud del Fiscal”.

Ramón Villalta, de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), también cuestionó y está por solicitar la destitución de Luis Martínez porque “él dice que nadie le puede decir qué tiene que investigar, pero es cuestionable su proceder en el caso de Francisco Flores, así como por favorecer a una persona (Enrique Rais) que está siendo investigada y hacer uso de sus aviones”.

Para la ISD, el sector justicia tiene fallas fundamentales: “Tiene pendiente la depuración de más de 300 jueces y estos casos nunca aparecen en la agenda de Corte Plena, aunque hayan denuncias hacia estos jueces, sino se da una investigación y definición de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se tendrá jueces señalados por vicios o indicios de corrupción, pero que seguirán actuando en su desempeño normal sin que haya una debida aplicación de justicia”.

Villalta señala que el caso Flores es un ejemplo de esta irregularidad, “en donde se cuenta con un juez con cinco denuncias por falta a su trabajo y en el desarrollo del proceso ha mostrado cometer faltas por adelantar criterio y proteger al imputado declarando en reserva total el caso y tomando medidas sustitutivas que le favorecen”.

Las organizaciones querellantes en el proceso judicial contra el expresidente en las últimas declaraciones se han planteado la necesidad de solicitar la recusación (apartarlo y que sea otro el que asuma esa responsabilidad) del juez Levis Italmir Orellana, “pero no sabemos qué tan conveniente podría ser esta medida, porque al cambiarnos de juez, no sabemos a qué juzgado se trasladaría, y al analizar la totalidad de juzgados y los jueces que asumirían el caso, parece que no tenemos opción, casi que es mejor seguir con el mismo juez. Es muy delicada la situación en torno a la desconfianza que hay hacia el Sistema de Justicia, en la falta de investigación y de sanción que no se genera por los jueces que están denunciados”.

Casos de violaciones a los Derechos Humanos también en mora

Ovidio Mauricio, representante legal de las víctimas de la masacre de El Mozote de Tutela Legal “María Julia Hernández”, en un recuento sobre los avances y desafíos en materia de Derechos Humanos también tiene su queja sobre el sistema judicial.

“A pesar de una solicitud hecha en junio de 2014 al Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera para reabrir el caso (El Mozote) aún no se tiene respuesta a la misma y por consiguiente no ha habido investigación o sanción al respecto”, expresó.

Agregó que está pendiente un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía presentado a la Sala de lo Constitucional para dejarla sin efecto y que no sea un obstáculo para que se haga justicia, porque a 33 años de la masacre los avances en el apartado de justicia y verdad son mínimos.

“No hay ninguna persona que haya sido juzgada por ese crimen tan atroz”, reclamó Mauricio.

Wilfredo Medrano, otro de los representantes legales de las víctimas de El Mozote afirmó que “falta voluntad política del Ministerio Público y del Órgano Judicial de querer hacer justicia, porque sí se puede, pero no se quiere hacer justicia en casos del pasado, por lo que aún no se puede hablar de reconciliación mientras la FGR no proceda a la investigación del caso justificando que la Ley de Amnistía se lo impide”.

Valentina Ballesta, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), y litigante ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en varios casos de violaciones a los derechos humanos durante la guerra de El Salvador señaló que “ya no es una cuestión de discursos, sino de acciones que se deben empezar a ver en el caso de El Mozote, el tema de impunidad sigue siendo la primera deuda que tiene el Estado salvadoreño con las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, tanto en casos de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y masacres”.

“En el sistema interamericano de justicia, la falta de cumplimiento a una sentencia puede implicar que la Corte (CIDH) decida someter el caso ante la Asamblea General de la OEA y una vez sometido se tomen acciones políticas por el incumplimiento”, sentenció Ballesta.

La abogada explicó que en países de Suramérica ahora se está investigando y sancionando a los responsables de gravísimas violaciones a los derechos humanos, pero en estos lugares también existieron obstáculos legales para poder investigar, sin embargo fueron superados con herramientas como la jurisprudencia y las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“El Salvador no puede ser la excepción, no puede ser el único país que mantenga la impunidad de una cúpula hacia los perpetradores de derechos humanos” concluyó Ballesta.

Para Ovidio Mauricio, “el Ejecutivo es el único que ha dado algunos pasitos en cuanto a iniciar medidas de reparación a las víctimas, pero en tema de justicia e impunidad el órgano Judicial y la Fiscalía han sido el mayor obstáculo en la resolución de casos de violaciones a los derechos humanos”.

El Estado de El Salvador, durante la administración del Presidente Mauricio Funes, reconoció su responsabilidad por violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de la población civil y ante la demanda interpuesta por las víctimas ante la CIDH que declaró la responsabilidad internacional por dicho hecho.

Wilfredo Medrano concluyó reflexionando: “El sistema judicial salvadoreño debe liberarse del miedo y el día que en este país se juzguen a los criminales de guerra que participaron en esta masacre, va a cambiar dicho sistema, ya que los jueces van a poder juzgar de otra manera…mientras exista la Ley de Amnistía y no exista la valentía de los jueces y magistrados de la Sala de lo Constitucional para declarar nula la Ley de Amnistía no se juzgarán los crímenes del pasado, que es una deuda pendiente con los familiares y víctimas del conflicto armado”.