La elección de magistrados que no violó el Estado de Derecho en 2006 (Entrega final)

Por César Villalona | 13 de agosto de 2012

La elección de cinco magistrados que en principio no era prioritaria, terminó siendo la cereza en el pastel para la legislatura que el uno de mayo asumía funciones con una decisión ya tomada y en medio del silencio, con honrosas excepciones, de organizaciones civiles y empresariales que hoy se manifiestan indignadas.

Entre el 15 de abril y el 15 de mayo de 2006, no hubo un solo pronunciamiento que criticara o calificara la elección de magistrados como un atentado a la constitucionalidad, como una violación al Estado de Derecho o como una pérdida de institucionalidad.

Ninguna ONG, tanque de pensamiento, universidad, iglesia, organismo internacional, gremial empresarial o de profesionales, ni ningún magistrado retirado, intentó persuadir a la población sobre lo que había sucedido en la última sesión plenaria de la Asamblea. Tampoco se publicaron campos pagados sentando postura al respecto.

Sin embargo, se escucharon algunas críticas, como la del jefe de bancada del FMLN, Salvador Sánchez Cerén, quién afirmó “no nos sentimos satisfechos que esta elección se haya hecho con el mecanismo de la dispensa de trámite. No compartimos las valoraciones que se han hecho porque de por medio hay una votación popular que se ha ignorado”.

El 1 de mayo, el editorial de LPG se limitó a hacer una sutil crítica por elegir a los magistrados en el “último minuto”, pero la forma de elección no fue percibida en el artículo como un problema para el funcionamiento democrático de las instituciones.

El miércoles 3 de mayo, René Fortín Magaña y Ulises del Dios Guzmán, deslegitimaron la elección de los 5 magistrados de la CSJ recién electos, señalando que a quién correspondía elegir era a la nueva Asamblea Legislativa.

Guzmán agregó que “si se quería construir una democracia (…) eso no puede ser si se excluye a una de las fuerzas políticas importantes del país (FMLN), que en este caso es equivalente a la otra (ARENA)”.

El Instituto Iberoamericano Constitucional alzó la voz declarando la elección de los magistrados como ilegítima en su editorial publicado en Diario El Mundo ese mismo día. Según el Instituto “los hechos en dicha elección negaban la existencia de un régimen democrático y un Estado de Derecho”.

El viernes 5 de mayo ya nadie recordaba la elección de magistrados, pero Henry Campos planteaba en su columna de opinión que “era difícil imaginarse que la elección (…) no implicara una repartición de cuotas de poder cuando los que determinaron los votos para dicha elección ya no tendrían cabida en el escenario legislativo”.

Y continuaba analizando: “El llamado G-13… han sostenido que la elección se hizo sin cuotas partidarias”, no obstante Campos hacia ver que aunque los partidos no tienen representantes en la Corte, no dejaron de haber candidatos preferidos por determinados partidos.

El FDR salía al paso de las críticas sobre una negociación de cuotas a cambio de sus votos. Sin embargo, días después Carlos Rivas Zamora, del FDR, asumió una plaza de gerente en la Corte Suprema de Justicia.

Por otra parte, hubo pocos que defendieron la elección de magistrados, entre ellos Luis Mario Rodriguez, Secretario Jurídico de la Presidencia, quien en su columna de opinión de EDH, se congratuló por la elección. “En buena hora por la transparencia y la honestidad en el manejo de la cosa pública” afirmó.

Y agregaba “no se puede criticar cuando los partidos, que juntos alcanzan las mayorías establecidas en la Constitución, acuerdan la adopción de medidas en base a su sano entender, favorecen a los intereses de los ciudadanos y sobre todo al fortalecimiento de la institucionalidad del país”.

Mientras tanto, la mayor parte de los actores, como los que se citan en la segunda entrega de este artículo, ignoraban el hecho y se dedicaban a la discusión de temas de menor relevancia.

La única demanda legal que se produjo en esa coyuntura fue la del abogado Calixto Zelaya Díaz ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la CSJ, para impugnar y declarar ilegal la elección de magistrados. Dicha demanda fue declarada inadmisible por considerar que no estaba dentro de sus competencias resolver en este caso.

La vida política después de este hecho siguió su curso y volvió a tropezar con la misma piedra seis años después, pero en la actualidad los mismos actores sociales y políticos, salvo excepciones, parecen tener distintas apreciaciones.



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