La información no estaba en Casa Presidencial sino en FOPROLYD
Saber qué información quiero, a dónde debo solicitarla y a quién, son tres preguntas que cualquier persona debe de tener en cuenta a la hora de pedir información pública. Tal es el caso de una solicitud que hizo una Organización No Gubernamental (ONG) en la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de Casa Presidencial.
La ONG solicitó, según lo estipula el procedimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), un censo de veteranos de guerra del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado (FOPROLYD); específicamente, el total de beneficiarios, cuántos hombres y mujeres son, edades y quién desarrolló el censo. Llenaron la solicitud, adjuntaron el documento de identidad y la entregaron en la UAIP de la Presidencia de la República, quedando a la espera de la respuesta.
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El Oficial de Información de dicha institución entendió que la ONG estaba pidiendo el registro de todos los veteranos de guerra del conflicto armado. Sobre esta base, resolvió, en siete días hábiles, que la información no podía proporcionarse porque era reservada. Su motivación fue que esos datos son parte de opiniones y recomendaciones de un proceso deliberativo el cual aún no tiene una decisión final, por tanto, según el Art. 19 literal e) de la LAIP, no se puede conceder.
El responsable de comunicaciones de la ONG no quedó satisfecho con la respuesta y le escribió a la cuenta de twitter del Subsecretario de Transparencia y Anticorrupción, Marcos Rodríguez, preguntando por qué esos datos estaban clasificados de esa manera, ya que habían aparecido en un medio de comunicación escrito a principios de año.
Desde la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción (SSTA) se indagó la situación y resultó que la información solicitada había sido publicada en enero de 2012 por FOPROLYD, por lo cual, aunque la Presidencia de la República maneja toda la información sobre veteranos de guerra, no era responsabilidad suya los datos en cuestión. Eran del FOPROLYD.
A la ONG se le recomendó hacer la petición con el Oficial de Información de dicha entidad. Así lo hicieron. La solicitud fue resuelta tres días hábiles después de haberla realizado, con la entrega del documento.
“Con la aplicación de la LAIP, todos, instituciones públicas y sociedad civil, estamos en un proceso donde hay errores de parte de los ofertantes, así como del lado de los demandantes. Forma parte del proceso de aprendizaje que estamos llevando con esta nueva normativa y del proceso democrático que vive el país”, comentó Rodríguez, cuando se le consultó sobre el caso.
Los Oficiales de Información son responsables de atender las solicitudes que la ciudadanía haga en cada institución. Pero cada persona debe de saber qué información quiere, a dónde debe solicitarla y a quién pedirla para obtener el resultado esperado: los datos públicos del Estado.
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Ivan
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ClaraLuz
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Paul fortis



