La minera Pacific Rim demanda 315 millones de dólares al Estado salvadoreño

04 de abril de 2013

La multinacional minera Pacific Rim demanda al Estado salvadoreño 315 millones de dólares por supuestas pérdidas al no haber recibido permiso para explotar la mina El Dorado, en Cabañas. Diversas organizaciones han mostrado su rechazo ante lo que consideran una “extorsión contra el pueblo salvadoreño”.

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[caption id="attachment_19034" align="aligncenter" width="600"] Las protestas contra empresas mineras se han sucedido en los últimos años en el país. Pacific Rim demanda 315 millones de dólares del Estado salvadoreño. (Composición: José Mejía y Christian Penado)

La empresa minera Pacific Rim presentó días atrás una demanda por 315 millones de dólares contra el Estado salvadoreño. Se entregó al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por pérdidas ocasionadas debido a la no explotación de la mina El Dorado en San Isidro, Departamento de Cabañas.

El litigio entre la multinacional y el Estado data de 2009, fecha en la que se suspendieron las licencias de explotación que habían sido autorizadas en 2002, durante la presidencia de Francisco Flores.

Para extraer oro y separarlo de la roca se requiere cianuro, un proceso que desemboca habitualmente en la contaminación de acuíferos y otras fuentes de agua. Esto ha motivado en los últimos años fuertes protestas por parte de ciudadanos de la zona.
El arbitraje y los intereses económicos
La primera demanda de Pacific Rim ante el CIADI solicitaba una compensación de $77 millones en concepto de la inversión realizada.

La jurisdicción del CIADI fue reconocida por la Asamblea Legislativa a inicios de la década de 1990 en el artículo 15 de la Ley de Inversiones, según expuso ayer Saúl Baños, abogado de la Mesa Nacional contra la Minería Metálica, en una entrevista emitida en Canal 10. “El mismo Estado salvadoreño se puso la soga al cuello”, afirmó.

Por otro lado, Ángel Ibarra, director de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), explicó en el mismo espacio algunos cálculos sobre las posibles ganancias de la minera:

“En el año 2004-2005 Pacific Rim presentó el proyecto El Dorado, para instalarse en Cabañas y ahí Pacific Rim, cuando la onza de oro valía menos de 400 dólares, si se instalaban los 25 proyectos de las empresas mineras en El Salvador, estas empresas en seis años iban a tener una ganancia de 10 mil millones de dólares aproximadamente”.

La corporación defiende que su actividad generaría centenares de puestos de trabajo en esta área paracentral. También habló Ibarra de otros supuestos beneficios económicos, que en su mayoría saldrían del país:
“La actual Ley de Minería dice que el 2% de las ganancias es lo que tiene que dejar la minería. Y qué quiere decir, que los 9,800 millones de dólares de ganancia se iban hacia el exterior. Hoy, la onza de troy de oro no vale 400 dólares, hoy vale 1,600 dólares, es decir, la ganancia de estas empresas por lo menos se multiplica cuatro veces. Ese es el centro, esa es la motivación principal para que Pacific Rim esté aumentando su chantaje, su extorsión contra el pueblo salvadoreño”.

Al principio, Pacific Rim se había acogido para su demanda al Tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA) pero el tribunal de CIADI desestimó la petición en junio de 2012 por tratarse de una empresa canadiense. Por este motivo, establecieron una filial en Estados Unidos (PacRim Cayman LLC) y volvieron a intentarlo, aunque amparándose esta vez en la mencionada Ley de Inversiones.

[caption id="attachment_18965" align="alignright" width="300"] Campaña contra la presencia de la minera Pacific Rim en El Salvador. (Fuente: Contrapunto)

Desde la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica consideran que “mientras sigan existiendo leyes y acuerdos comerciales permisivos que privilegien en primer lugar los intereses de las corporaciones, en lugar del bienestar de la población, este no será el último caso en el que El Salvador verá comprometidos los fondos públicos”.

Incluso Edgardo Mira, de la Junta de directores del Centro de investigación sobre inversión y comercio, aseguró que “el CIADI es un instrumento de las empresas trasnacionales que están inscritos al Banco Mundial”, pues la mayoría de sus resoluciones han sido favorables a éstas. No obstante, países como Bolivia o Ecuador se retiraron de la organización por considerar que dañaba sus intereses nacionales.
Salud, medio ambiente y oposición ciudadana
Los “graves problemas hídricos” del país, según los definió Ángel Ibarra, se verían acentuados a causa de la minería metálica (oro, plata). La contaminación por cianuro no solo afecta a suelo, agua y aire, sino que también es perjudicial para la salud humana, como ha señalado en repetidas ocasiones la Organización Mundial de la Salud.

[caption id="attachment_18983" align="alignleft" width="235"] La contaminación del agua es una preocupación de los habitantes de Cabañas, zona donde la minera Pacific Rim pretendía extraer oro. Foto: Facebook MARN.

Por ello, múltiples agrupaciones han protestado desde 2005 en contra de la implantación de Pacific Rim en la región. Varios integrantes de comités ambientales fueron asesinados (Marcelo Rivera, Ramiro Rivera y Dora Alicia Sorto) y otros recibieron amenazas, como Francisco Pineda, activista contra Pacific Rim que recibió el Premio Medioambiental Goldman.

Si finalmente el CIADI falla a favor de la multinacional el próximo año cuando finalice el laudo arbitral, esto podría suponer un precedente para otras empresas, las cuales podrían interpretar que el permiso para explorar tierras y minas es, en la práctica, una licencia para explotarlas, cuando en realidad no es así.

La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica manifestó que la petición de Pacific Rim constituye “un vil desprecio a la voluntad de la población salvadoreña, que ha ejercido su derecho de rechazar la minería metálica como una opción para su desarrollo, por los graves impactos en la salud y el medio ambiente, especialmente en el agua”.

Además de una revisión de la Ley de Minería, la Mesa Nacional demandó “la derogación de la Ley de Inversiones vigente y la aprobación inmediata de una Ley que prohíba la minería metálica” e instó a la población salvadoreña a seguir organizada y defenderse del “chantaje y la extorsión de las empresas transnacionales”.



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