“Las empresas y sociedades deben pagar sus impuestos donde obtienen sus beneficios”

Por José Mejía | 08 de noviembre de 2017

Esta afirmación la hizo el embajador de la Unión Europea en El Salvador, Andreu Bassols, en el Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública (RTA), donde señaló que la transparencia es importante, entre otras cosas, para evitar la evasión fiscal y que las empresas paguen sus impuestos en el país donde obtienen los beneficios o ganancias de sus actividades productivas y no en paraísos fiscales.

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El diplomático aludió que la transparencia también es un factor clave en la lucha contra la evasión fiscal que constituye una problemática con una dimensión internacional muy destacada. Por eso la Unión Europea (UE) está trabajando con organizaciones internacionales como la OCDE para favorecer la transparencia en la legislación fiscal y, sobre todo, “en aquella que tiene que ver con los impuestos a las sociedades y las empresas, para evitar que estas vayan ahí donde están los paraísos fiscales”.

“Los países tienen la posibilidad de tener sus propias legislaciones fiscales que tienen que ser transparentes y de acceso público, (ya que) sin ello no se puede conocer cuáles son las actividades económicas de las empresas y, sobre todo, no se puede asegurar que ahí donde las empresas y sociedades tienen su actividad económica es donde deben pagar sus impuestos sobre los beneficios que obtienen como sociedades”, sentenció Bassols.

Amplió que a través del programa Eurosocial, uno de los más importantes que la UE tiene en América Latina, se apoya el diseño de políticas públicas de cohesión social, así como aquellas que tienen que ver con la buena gobernanza.

Para la UE, la transparencia es uno de los temas esenciales en el buen gobierno, un factor esencial para la calidad democrática.

“Los países de mayor y más elevada calidad democrática tienen elevados índices de transparencia que es importante para crear un clima de proximidad entre los ciudadanos y los administradores o responsables políticos de la gestión pública”, confirmó Bassols.

Además considera que la transparencia también es un factor importantísimo para la lucha contra la corrupción y “un elemento clave para conocer las cuentas públicas de un país y las cuentas privadas de las empresas. Un país con una buena transparencia tiene un instrumento más eficaz para luchar contra la corrupción y en esta lucha están todos los países de América Latina así como la Unión Europea, porque es un problema común así como un objetivo común”.

Entre otros retos también se mencionó que la transparencia es un factor para la defensa y promoción de los Derechos Humanos en países donde existieron o pudo existir violaciones a los derechos humanos y constituye un elemento importantísimo para permitir a las víctimas acceder a la información pública.

“Estos procesos de transparencia favorecen también el conocimiento y acceso a la verdad, rehacer el trabajo de pacificación y de reconciliación social necesario en los países que han vivido conflictos civiles”, afirmó Bassols.

Por su parte, el secretario de Participación, Transparencia y Anticorrupción, Marcos Rodríguez declaró en esta actividad que “la transparencia es un problema global y que tiene que ver con el manejo del poder público y el privado, en el entendido que a más poder tienen las entidades tienen más impacto en la calidad de vida de las personas”.

Rodríguez explicó que esto obliga al Estado y los funcionarios -por ser autoridades electas y delegadas por la ciudadanía para ejercer el poder- a tener una actitud de servicio y ser lo más transparentes posible, pero también exige a otras entidades, que no tienen la misma responsabilidad, pero con poder como los partidos políticos, las iglesias, las empresas privadas, o aquellas que tienen algún peso en la sociedad a ser transparentes hacia afuera y hacia dentro, y evitar en la medida de lo posible el abuso del poder que es la raíz de la corrupción.

“En el caso de El Salvador hemos tenido recientemente una desafortunada decisión de la Sala de lo Constitucional que agrega tres requisitos de admisibilidad a las demandas de información que limitan el acceso a la información pública, pero ha habido un importante pronunciamiento social pidiéndole a la Sala una lectura de dicha resolución y si es posible rectificar a favor del interés general de la sociedad”, concluyó señalando el secretario de Participación.



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