Llaman a diputados a ser honestos en tema de ley de minería metálica

Por José Mejía | 14 de febrero de 2017

Después de 120 días que el tribunal del CIADI otorgara la razón al Estado de El Salvador y condenara a la empresa minera Oceana Gold (antes Pacific Rim) a pagar una indemnización de $8 millones por daños al medio ambiente salvadoreño, llaman a ser coherentes y aprobar prontamente en la Asamblea Legislativa una ley que prohíba la minería metálica en territorio salvadoreño.

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Las organizaciones señalaron que existe evidencia científica suficiente tanto a nivel nacional como mundial que demuestran los graves impactos que ocasiona la minería metálica.

Afirmaron que las empresas y sus ideólogos publicitan un modelo de minería que no existe en el mundo, como la “minería verde” o la “minería responsable” para hacer creer que hay algo nuevo en la tecnología minera que garantiza la protección del medio ambiente.

Aseguraron que la minería no es viable en El Salvador bajo ninguna forma y circunstancia, ya que la experiencia ha dejado ríos contaminados, suelos infértiles y trabajadores explotados, enfermos y abandonados. La experiencia más reciente ha significado fuentes de agua contaminadas y agotadas, comunidades divididas, ambientalistas asesinados y una demanda internacional que vulneró nuestra soberanía, dignidad y autodeterminación, y que si bien es cierto resultó en un fallo favorable para El Salvador, significó millonarios gastos en costes procesales para el Estado salvadoreño.

Por tanto, concluyen que es el momento de ratificar la posición mayoritaria de la población salvadoreña, que en reiteradas ocasiones ha dicho no a la minería metálica en El Salvador y mandar un mensaje claro y contundente a las empresas mineras de que en el país no hay condiciones para la minería metálica.

“Sólo 43 votos se necesitan para aprobar la iniciativa de ley que entregó la semana pasada la Iglesia Católica y la UCA a los diputados de la Asamblea Legislativa y cerrar de una vez por todas las posibilidades de riesgo por este tema”, aseguró Edgardo Mira de la Mesa Nacional contra la Minería Metálica.

Las organizaciones sociales también llamaron al Ejecutivo para gestionar y anteponer sus buenos oficios en el cabildeo de esta ley ante la Asamblea Legislativa, y aseguraron que el tanto el gobierno como el tribunal del CIADI han sido ya bastante bondadosos ante la resistencia de Oceana Gold para pagar la indemnización al Estado salvadoreño.

Finalmente instaron a la Fiscalía General de la República, a la Policía Nacional Civil, al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a los Órganos Ejecutivo y Legislativo a tomar más acciones contra la empresa minera y si es posible empezar a confiscar sus bienes para resarcir los daños al medio ambiente y a las comunidades afectadas.

 

 



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