“Lo que declaré está copiado y vengo a que se haga justicia”

Por José Mejía | 16 de junio de 2017

Anastasio Pereira Vigil y Juan Bautista Márquez, fueron los primeros familiares y víctimas de la Masacre de El Mozote en volver a dar su testimonio, ahora como testigos, con un juez que quería escucharlos, con representantes legales que tienen prueba científica y documental de los crímenes, con medios que pueden dar a conocer los detalles del juicio y con el respaldo de una sentencia de una corte internacional y apoyo psicosocial.

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Don “Tacho” Pereira de 93 años, quien asegura que el Batallón Atlacatl mató a su familia, estaba en el caserío Cumara, próximo a El Mozote y por eso se salvó. Le avisaron que habían matado a su familia, 3 hermanos, su madre y otros primos que en total eran 7.

“No se pudo salvar nadie, todo estaba quemado”, recuerda don Tacho.

En el inicio de la audiencia el Juez Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Jorge Alberto Guzmán Urquilla, ocupó unos 45 minutos para responder cinco escritos promovidos por la defensa de los militares acusados por la masacre de El Mozote, quienes a última hora pedían que “se declarara inadmisible la declaración de los testigos”, así como mantener con “cierta secretividad” el caso y que solo las partes interesadas estuvieran presentes. De igual forma pidieron que hasta que les respondieran por escrito se reanudara el juicio. El juez, no accedió y les respondió sus argumentos para no recibirlos de forma oral, aunque lo haría posteriormente de forma escrita. Añadió que el caso no tenía reserva y admitió también la demanda tanto de los acusadores particulares como de la Fiscalía de mantener el principio de publicidad del caso.

Las primeras decisiones que se tomaban en este caso no fueron del agrado de ninguno de los abogados de los militares procesados y tuvieron que aceptar el inicio de la audiencia.

Mientras un pick up con placas nacionales dejaba frente al Juzgado a algunos de los abogados defensores de los militares imputados, 26 años después, bastón en mano y el apoyo de una hija en quien también se apoya, llegó para presentar su testimonio, con evidentes achaques propios de un adulto mayor don Anastasio Pereira.

“Lo que declaré está copiado y vengo a que se haga justicia. Eso fue triste. Yo quise buscar a ver si hallaba a algún familiar, pero todo estaba quemado”, comentaba con una voz mínima don Tacho Pereira.

El juzgamiento de una cúpula militar para determinar el grado de participación y los objetivos de llevar a cabo la masacre de población civil en el caserío El Mozote del municipio de Arambala, está poniendo a prueba todo el aparataje del sistema judicial salvadoreño, a tal punto que debe combinar la aplicación de justicia según tres códigos penales, el de 1973, el 1998 y el vigente desde el año 2000, así como tomar en cuenta la sentencia sobre este caso de la Corte Interamericana de Justicia.

Es el primer juicio contra 18 militares de la cúpula de la Fuerza Armada por crímenes de lesa humanidad en el país después de la anulación de la Ley de Amnistía y después del inicio de un juicio viciado en 1991. Ahora las víctimas y familiares tienen que volver a contar su testimonio, aunque algunos ya fallecieron y otros ya presentan problemas propios de la vejez.

La observadora internacional, Sol Yáñez opina que “en primer lugar hay que reconocer que esto es muy importante, es la primera vez que ellos sienten que se inicia un proceso de justicia en su país, no en un sistema internacional, entonces se les está dando la oportunidad de que ellos digan su verdad”.

“Parece que hay varios factores revictimizantes, más allá del reconocimiento de que esto es reparador, en el sentido de que ahora lo que se está haciendo es ampliar los testimonios que dieron en su momento. Son personas que tienen 93 años, 86 años, el mismo lenguaje jurídico es una barrera porque se les da preguntas técnicas que no entienden, hay cosas técnicas como decir ‘ratifica’ que puede dar pauta a una confusión. Creo que hay que hacer el esfuerzo de bajar el vocabulario o al menos cuando tengan que responder algo, se les debe hacer las preguntas en un lenguaje que ellos (las víctimas) puedan entender”, señala Yáñez.

Por otro lado, dinámicas en el interrogatorio como el hecho que se les pregunte dos veces también es confuso para las víctimas.

Después de la anulación de la Ley de Amnistía, es el primer caso que se juzga, pero a los defensores les preocupa la revictimización en el sentido que los abogados se enredan en preguntas o tecnicismos y “el sistema judicial al parecer se ha quedado en años anteriores y debería reconsiderarse el papel central de la víctima, que no debe parecer que está siendo acusada”, afirma Yáñez.

Para la psicóloga, “las víctimas pueden estar en contradicción porque pueden pensar una cosa y decir otra, la memoria ha borrado cosas para no seguir sufriendo, no están habituados porque nunca ha habido un juicio sobre esto. Ya la Corte Interamericana reconoció la masacre y debería ser este juicio más humanizado”.

Eduardo García, de la Asociación Probúsqueda, también confirmó que “el juicio ha sido un intento burdo de no querer continuar con el proceso, invalidando testigos y defensores, dilatarlo, invalidar los argumentos que da una persona de más de 93 años. La deshumanización se da una vez más no sólo en el momento de los acontecimientos sino ahora revictimizando a las víctimas”.

Después de 35 años sin justicia, las víctimas se sienten orgullosos de poder estar aquí y de dignificar a los otros que se fueron quedando en el camino. Creer que puede existir justicia es lo que los mueve aún.

Don Juan Bautista Márquez, otro testigo de la masacre, también volvió a confirmar que “lo dicho en 1991 es verdad y ha sido todo por la justicia, si ahora no se entiende eso que yo he dicho será por mi nivel cultural, pero todo es verdad”.

“Yo me pongo a pensar por qué ha durado tanto tiempo esto y por qué tuvimos que ir a una Corte Interamericana para que avanzara esto, siento que esto es una vergüenza para el Órgano Judicial porque no hay justicia. Ahora me siento orgulloso y feliz porque estoy diciendo mi verdad, a pesar de que hemos tenido en contra a jueces y fiscales”, aseguró Márquez.

“Fue tremendo ver tantos crímenes, andar huyendo por el monte para poder sobrevivir, es lo que vivimos en carne propia y no me estoy inventando nada, por eso queremos que esto continúe y que los que cometieron estos crímenes pidan perdón para que también puedan tener el perdón de Dios, que haya una aclaración y que se diga quienes fueron los autores intelectuales de esta masacre”, terminó solicitando don Juan Bautista.

Ante la declaración de los dos testigos y la postura del Juez de permitir según la jurisprudencia nacional e internacional que debe aplicarse en este caso, entre la Defensa de los militares se logró escuchar en varias ocasiones que se iba a solicitar la recusación del Juez. Había mucho desagrado porque el juicio iniciara y porque se volviera a acusar de un delito de lesa humanidad a los señalados.

El director de Tutela Legal “María Julia Hernández”, Ovidio Mauricio, señaló al final de la audiencia que desconocía los argumentos para recusar al juez, pero que “independientemente del juez que venga tiene que tener un respeto por la sentencia de la Corte Interamericana de Justicia y un respeto por la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, para no revictimizar a las víctimas”.

El lunes 12 de junio también ampliaron su testimonio las señoras Irma Ramos y Gladys Sánchez, pero después de esta jornada, Wilfredo Medrano de Tutela Legal, señaló que como parte de la estrategia de la defensa de los militares, “interpusieron una serie de recursos dilatorios indebidos, deslegitimando a los representantes legales de las víctimas y reclamando que no se ha demostrado quiénes son las víctimas. Esto sólo con el fin de mantener en la impunidad el caso y con el ánimo de evitar también cualquier acción judicial contra los militares”.

Los abogados de Tutela Legal señalaron que el juez ha suspendido temporalmente las declaraciones de las víctimas, aunque las demandas no tengan sustento legal, tiene que darles trámite, y responder por escrito a las partes involucradas para continuar con el proceso.



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