“Los familiares sienten que falta el gesto de pedir perdón de los militares”

Por Redacción | 09 de noviembre de 2016

Recientemente la Corte Suprema de Justicia hizo entrega de 13 osamentas más de civiles que fallecieron en la masacre de El Mozote y anunciaron una nueva etapa de exhumaciones para aportar prueba a la Fiscalía sobre el caso. Los familiares siguen exigiendo verdad y al menos que los culpables pidan perdón.

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La psicóloga, Sol Yáñez, quien es parte de la mesa interinstitucional que coordina el proceso de atención psico-social a los familiares de la víctimas de la masacre de El Mozote, por el hecho de reabrir el caso en cumplimiento a la sentencia que dejó sin efecto la Ley de Amnistía, afirmó que “los familiares están contentos y quieren que estas exhumaciones sean prueba para conseguir justicia, aunque no todos la quieran, algunos querrán enterrar y ya y otros seguir con el proceso penal, pero quienes deciden son los familiares”.

Según Yáñez, han pasado muchos años después de los Acuerdos de Paz, y “no se han hecho muchos actos simbólicos en búsqueda de reconstruir el tejido social, de que esos ciudadanos que estaban en la cuneta invisibilizados puedan acceder a la verdad y a la justicia (…) casi todos quieren saber qué pasó y eso se ha negado sistemáticamente”.

Para la psicóloga, continuar con la búsqueda de la verdad en este proceso es aunar a que el país progrese, que vaya en paz y para que los familiares vuelvan a confiar en las instituciones como algunas que están apoyando este proceso.

“Hasta ahora una de las cosas que trae la impunidad es la desconfianza total en las instituciones, no es que ahora se confíe plenamente, pero sí se empieza a dar un diálogo entre población e instituciones para hacer vigentes los temas del pasado y que se sepa la verdad”, afirmó Yáñez.

No obstante, la psicóloga señala que “los familiares sienten que les falta el gesto de pedir perdón de los militares, porque no quieren venganza, ni los quieren ver encarcelados, lo que quieren es que les pidan perdón, que sientan que eso sí importó, que la gente que mataron valía la pena y esa institución (Fuerza Armada) no se ha pronunciado en ese sentido”.

También considera que “este caso es una oportunidad y no hay que tenerle miedo a pesar del discurso de que se van abrir heridas, pero es que nunca se cerraron. No se puede pasar página sin haberla leído, y ahora estamos leyendo para avanzar, fueron ciudadanos civiles que fueron masacrados y se quiere recobrar la dignidad de esa gente”.

Señala que este proceso ha sido un aprendizaje para todos y que “el impacto siempre va a estar; la atención psicosocial ayudará a quitar aquellos impactos que sobran, por ejemplo revictimizarlos con interrogatorios o los medios que a veces no dimensionan que hay momentos para preguntar y momentos que no; hay momentos en los que hay que invisibilizar cosas y otros que no”.

Sobre la experticia judicial y la investigación, Yáñez dice que “ninguno de los psicólogos había trabajado en un tema como este, de acompañamiento psico-social, diferente a la atención psicológica a los individuos y acostumbrados a trabajar más con temas de violencia actual, se ha aprendido en el camino y se están dejando capacidades instaladas, ya que los antropólogos de Medicina Legal, han crecido igual que todos”.

La mesa interinstitucional que dirige el juez de paz de Meanguera y que se ha creado para hacer avanzar la investigación en este caso en principio está cumpliendo su misión y está compuesta por: Fiscalía General de la República (FGR), Procuraduría para la Defensa de los Derecho Humanos (PDDH), Medicina Legal, Tutela Legal “María Julia Hernández”, el alcalde de Gotera, Cancillería, el Centro de Atención Psicosocial (CAPS), el Equipo Argentino de Antropología Forense como peritos del juez y Sol Yáñez como directora de la atención psicosocial.

A pesar de que en una primera etapa, por la actuación de la FGR los familiares de las víctimas se sintieron agredidos, se suspendieron las exhumaciones, pero luego de creada la mesa interinstitucional los familiares están más preparados, enterados y participando del proceso.

Pedro Hernán Martínez Vásquez, director en funciones del Instituto de Medicina Legal de la CSJ, anunció que el próximo 14 de noviembre continuarán las excavaciones en diversos sitios de El Mozote por un período aproximado de un mes, junto al Equipo Argentino de Antropología Forense, que estará conformado por tres arqueólogos y dos antropólogos, dirigidos por la doctora Silvana Turner, a quienes se sumará el equipo del Instituto de Medicina Legal y 15 psicólogos del Órgano Judicial para darle atención psico-social a los familiares de las víctimas en el momento de las exhumaciones, así como en la entrega de los restos óseos.

Por su parte, Wilfredo Medrano, abogado de Tutela Legal “María Julia Hernández”, señaló que “para las familias es más aceptable el resultado de estas exhumaciones realizadas con métodos científicos, porque fortalece la investigación ante la eventual apertura judicial del caso”.

Los familiares lo que quieren ya después de tantos años es saber la verdad y enterrar a sus seres queridos, aseguró Antonia López Sánchez, quien recibió los restos de una hermana y un sobrino.

“Uno los ve vivos y de repente ya no están y se siente mal uno y le pide a Dios para soportar las acechanzas de la humanidad, no es fácil quedarse de un día para otro sin familia”, comentó doña Antonia.

El Magistrado Florentín Meléndez, hizo entrega de 13 osamentas (8 infantes y 5 adultos), “en cumplimiento tardío de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 25 de octubre de 2012 cuando condenó al Estado de El Salvador por la masacre de centenares de víctimas civiles, entre ellos niños de corta edad, sucedida entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981 en varios cantones del norte de Morazán”.

Meléndez explicó que en esta sentencia se condenó al Estado de El Salvador por la impunidad en un crimen de lesa humanidad, por no investigar los hechos, por no identificar a los responsables intelectuales y materiales, por no aplicar las sanciones penales correspondientes y por no reparar material y moralmente a los familiares de las víctimas.

Reconoció que todavía hay “falta de voluntad política para que este caso avance y logre hacer efectiva la justicia para las víctimas”.



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