OEA insta a profundizar debate de libertad de expresión y democratización de medios salvadoreños

Por César Villalona | 25 de noviembre de 2014

Después que el nuevo Relator de Libertad de Expresión de la OEA, Edison Lanza, hiciera su primera visita académica al país y se reuniera con distintos actores sociales, así como funcionarios públicos involucrados en este debate, realizó un llamado a elevar el nivel de discusión para elaborar reglas más claras y democráticas que permitan la pluralidad e inclusión de sectores públicos y comunitarios en la democratización de la comunicación e información.

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Lanza

A la Relatoría le llama la atención el debate que se está haciendo en El Salvador, sobre el tema de libertad de expresión y la discusión sobre las reformas a los marcos jurídicos que han configurado el actual sistema de medios de comunicación salvadoreños.

“El tema ha trascendido a nivel internacional y por eso fue que Lanza hizo la primera visita académica al país”, aseguró Leonel Herrera, director ejecutivo de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS).

El Relator de Libertad de Expresión de la OEA, Edison Lanza, a lo largo de la semana que estuvo en el país, hizo un sondeo entre periodistas, académicos, jurídicos de organizaciones sociales, representantes de asociaciones de medios comunitarios y privados, así como de instancias de gobierno que están envueltas en los debates que últimamente tienen como protagonistas a los medios de comunicación, el Estado y las organizaciones sociales, para conocer de primera mano los intereses que están en juego en este debate.

Lanza está consciente y conocedor que “esta discusión no es meramente teórica sino que en cualquier parte del mundo genera polarización, tensión, discusión, debates, por los intereses económicos y políticos detrás de estas cuestiones y no es solo una discusión sobre el deber ser y sobre lo que cada uno de nosotros desearía que fuera”.

La Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA expuso que ha formado parte del desarrollo que ha tenido en particular el sistema interamericano de derechos humanos en referencia al derecho a recibir, buscar y difundir información, que incluye muchas de las cosas que con justicia los pueblos reclaman y que de algún modo hoy buena parte de funcionarios y sociedad civil denominan derecho a la comunicación.

Esto hace pensar a las organizaciones como ARPAS que “con su planteamiento refuerza la reivindicaciones que están llevando a cabo las organizaciones sociales en el país”, según Herrera.

Sin embargo, Lanza en esta primera visita centró su mensaje en cuáles son los estándares de libertad de expresión del Sistema Interamericano de derechos humanos que permitirían a cualquier país avanzar en el derecho de cada persona a recibir información, comunicar, difundir información y a tener un debate diverso y plural y también a plantear algunas guías de acción y buenas prácticas que los Estados que han avanzado en estos temas han desarrollado y que el propio sistema interamericano ha sistematizado.

El Sistema Interamericano tiene toda una serie de reglas para regular estas cuestiones, derechos que ya están consolidados y reconocidos por la CIDH y que por lo tanto son obligaciones existentes para los Estados.

El funcionario de la OEA presentó las condiciones que los sistemas de medios deberían tener, señalando como una primera, la pluralidad de voces y medidas anticoncentración y antimonopolio.

“Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios conspiran contra la democracia al restringir el pluralismo y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información de los ciudadanos”, aseguró Lanza.

Y añadió que “los Estados tienen la obligación de evitar los monopolios públicos y privados en la propiedad o el control de los medios de comunicación”.

También recomendó que debe existir una política pública activa que atienda la reducción de las desigualdades existentes en la población respecto al acceso directo a los medios de comunicación garantizando con ello, diversidad de voces e inclusión social y la no discriminación.

Advirtió que si bien es cierto, “el Estado tiene la obligación de adoptar medidas positivas, legislativas, administrativas para revertir o cambiar acciones discriminatorias existentes, debe abstenerse de realizar acciones o favorecer prácticas que de cualquier manera se encuentren dirigidas, directa o indirectamente a crear situaciones que discriminen o excluyan arbitrariamente a ciertos grupos, garantizando el acceso en condiciones de igualdad a los proceso de asignación de frecuencias, a todos los actores sociales”.

En conclusión señaló que en una democracia para consensuar estas discusiones “no hay otra forma que el diálogo y participación de todos los actores involucrados en los debates vinculados a los medios de comunicación y no parecería procedente que se legislara sobre medios de comunicación en secreto o que existieran leyes referidas a libertad de expresión o derecho a la información que se estuviesen discutiendo en algún gabinete o en una sala sin que los conozca la prensa, la población o los actores involucrados”.

“Lo primero en estos temas debe ser la transparencia, luego la participación en la discusión y lo tercero, un proceso con reglas claras para discutir los temas” aseguró Lanza, añadiendo que hay experiencias donde estas cosas se han hecho con procesos participativos, con consejos consultivos, con generación de insumos para que luego el congreso o quienes tengan que tomar las decisiones lo hagan de manera informada y con insumos suficientes para tomar una decisión adecuada.

Terminó solicitando que en este tema es necesario construir institucionalidad, tener una autoridad de aplicación con autonomía, independencia y garantías de que no será controlada por el gobierno de turno, ni por poderes fácticos que es una precondición necesaria y absoluta para construir una regulación que va a afectar a una serie de actores importantes.