Opinión: Apuntes sobre la relatoría de Naciones Unidas

Por Eugenio Chicas | 13 de febrero de 2018

La Sra. Agnes Callamard, en su calidad de experta independiente en misión de relatora especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, cumplió en su reciente visita a El Salvador una extensa agenda de investigación de doce días que abarcó desde reuniones con autoridades de diferentes poderes públicos, organizaciones y sectores de la sociedad, hasta con personas específicas, incluyendo el mismo presidente de la República.

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Aunque los relatores especiales no forman parte del personal de Naciones Unidas y desempeñan sus funciones a título individual, sus trabajos de investigación y recomendaciones forman parte de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos.

La irrestricta apertura a la información en todas las instituciones visitadas, y reflejada en su informe, así como el buen trato en cada encuentro -cambio sustancial con respecto al pasado-, dice mucho del compromiso con el respeto de los Derechos Humanos de las instituciones surgidas del Acuerdo de Paz y en especial de esta administración; que los retomó como eje de las políticas públicas en el Plan Quinquenal de Desarrollo en un esfuerzo interinstitucional por convertirlos, bajo una transformación cultural, en una política de Estado a partir de la evolución del sistema educativo.

Los objetivos trazados en la visita de esta experta independiente fueron examinar la estrategia del Estado en materia de seguridad pública y su capacidad de respuesta ante las denuncias de privación arbitraria de la vida; los abusos al derecho a la vida cometidos por actores no estatales, en este caso grupos criminales de pandillas; los programas gubernamentales en ejecución para abordar y prevenir los homicidios de mujeres, LGTBIQ, migrantes, defensores de derechos humanos; y una perspectiva sobre la grave penalización absoluta del aborto en nuestro país.

Es muy importante destacar la visión de esta experta francesa en cuanto al conjunto de iniciativas gubernamentales consideradas como positivas y oportunas, estas incluyen la integralidad del plan “El Salvador Seguro” que destaca la importancia de medidas integrales de prevención, de reintegración y rehabilitación -antepuesto a los viejos esquemas fracasados del “manodurismo”-, siendo felicitado por la relatora.

En su informe también se refiere a los diligentes esfuerzos del gobierno en los emblemáticos programas “Yo Cambio” y “Jóvenes con Todo” que contribuyen efectivamente ante la grave situación de violencia. También manifiesta su impresión por la creación del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana como mecanismo interinstitucional de coordinación relativo a la estrategia de seguridad, destacándolo como una demostración de transparencia y escrutinio internacional. Así mismo, es muy alentador su reconocimiento a la importante disminución de crímenes a partir de la ejecución de estos planes y programas, registrando en su informe que tras su cumplimiento solo en el año 2016 la taza de crímenes se redujo en un 20.7% y en el año 2017 esta cifra se redujo en un 25% más.

En otros avances la relatora recoge logros del país en cuanto a la protección de nuestros migrantes y los derechos de sus familias, así como al marco jurídico implementado para la investigación y prevención de homicidios por motivos de género, incluyendo crímenes de odio y feminicidios. Además de manera concreta la experta destaca la propuesta legislativa, aun en discusión, que establece una excepción a la prohibición absoluta del aborto por cuatro motivos ya reconocidos en la comunidad internacional, y pide expresamente la despenalización del aborto para salvaguardar los derechos de las mujeres.

Entre otros, la experta hace un vehemente llamado a mejorar y fortalecer las capacidades de investigación científica y control interno de las instituciones abocadas al combate de la criminalidad para evitar abusos de autoridad o excesos en el uso de la fuerza; así como mejorar las condiciones penitenciarias especialmente en  seis de veinte reclusorios en los que se aplican las medidas extraordinarias. Difiero en su enfoque de ilegalidad de estas medidas que gozan de consenso en el país; sin embargo, la esencia aplicable de su observación esta en aquellas medidas “que no puedan justificarse con base a una interpretación objetiva de los riesgos de seguridad” (observación # 65). En consecuencia, de acuerdo a los progresos del clima de seguridad, se podrá avanzar en el necesario cumplimiento de estas recomendaciones.

Finalmente, es muy relevante su llamado a reforzar los recursos financieros para la continuidad del plan “El Salvador Seguro”, que permita trascender de solo mejorar las condiciones de los agentes institucionales a la ampliación de las acciones de prevención y reinserción, atender las causas estructurales que propiciaron el surgimiento de pandillas; contribuir con un ambiente político, bien informado, para debatir sobre la estrategia de seguridad del país, y la convocatoria a la comunidad internacional a seguir apoyando y contribuyendo con estos esfuerzos.

La apertura y transparencia de este gobierno, una vez más, ha quedado evidenciada. Los magnos esfuerzos de nuestros cuerpos de seguridad en el enfrentamiento a las pandillas que enlutan a las familias salvadoreñas es claro, tanto como el compromiso de esta administración al respeto de los Derechos Humanos de los millones de mujeres y hombres que hacen con su trabajo diario un mejor país a El Salvador.