Opinión: El acceso a la información, un logro que no puede retroceder

Por Marcos Rodríguez | 15 de mayo de 2018

El derecho de acceso a la información pública en El Salvador es un logro país que fue largamente demandado por la sociedad civil y posible con la voluntad de los gobiernos del cambio. Lo alcanzado en acceso a la información no debe retroceder, y lo que hay debe ampliarse mucho más.

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En 2011, luego de muchos años de luchas desde la sociedad civil, se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), la cual se encuentra catalogada según los estándares internacionales como una de las mejores del mundo desde entonces.  Entre los parámetros para considerarla así está que en su articulado sólo están consignadas ocho causales de reserva, un número bajo en relación con otras leyes similares en otros países.

La LAIP también tiene uno de los menores tiempos de respuesta, estableciendo 10 días como mínimo y hasta un máximo de 25 días para entregar la información a la ciudadanía aunque en la práctica las respuestas a la ciudadanía se entregan en siete días.

El Salvador es el único país del mundo en el cual los miembros de la institución garante, que es el Instituto de Acceso a la Información Pública, está conformada por representantes de diferentes sectores de la sociedad civil.

Desde 2012 que se comenzó a implementar la LAIP, es notable el incremento de ciudadanía que solicita información, comparando con México -uno de los referentes de acceso a la información- por ejemplo, El Salvador recibe mayor número de solicitudes en relación con la población.

En estos siete años, sólo desde el Órgano Ejecutivo se han atendido a 71,664 solicitudes de información, generando 166,886 requerimientos dentro de las 85 instituciones de este.  De esa cantidad, menos del 1% ha sido denegada por reserva.

Desde la Secretaría de Transparencia también hemos transparentado y abierto información histórica como los 720 viajes de presidentes, primeras damas y vice presidentes desde 1989 hasta 2016; los más de $21 millones en fondos públicos transferidos desde la Presidencia de la República a ONG durante el mismo período; el listado de donantes a partidos políticos que durante los últimos 12 años acumulan más de $69 millones; y los montos ejecutados de la partida de gastos reservados de Presidencia en el período que va desde 1994 hasta 2016.

La LAIP es de las leyes más exitosas en el país, y el Órgano Ejecutivo tiene los estándares de cumplimiento más altos en relación con otras entidades públicas, tales como las Alcaldías y el Órgano Judicial.

Lamento que la Sala de lo Constitucional que se pronunció para llevar transparencia a ciertas instituciones haya emitido, cuando la transparencia les llegó a ellos, una serie de disposiciones que entran en conflicto con lo que establece la LAIP pero sobre todo, porque añade tres causales más de reserva. Esto es un claro retroceso y demuestra que todos queremos transparencia de los demás, pero cuando nos toca la puerta la cosa cambia.

El acceso a la información no puede retroceder: debe avanzar hacia la transparencia fiscal, que incluye conocer quiénes son los contribuyentes que no pagan impuestos y transparentar el financiamiento de los partidos pues la relación entre dinero y política es uno de los grandes desafíos en el combate a la corrupción en todo el mundo.