Opinión: El gobierno de los jueces

Por Redacción | 27 de agosto de 2017

Al gobierno de los jueces se le asigna una tarea que nadie puede cuestionar: combatir la corrupción, lo cual es un objetivo en sí mismo de la intervención, pero también un medio para conquistar el favor popular. En el caso de Guatemala, además, se ha montado una tragicomedia, según la cual los perseguidores (CICIG y la señora Fiscal), son los amenazados, y hoy esa tragicomedia llega a su punto más alto, con la denuncia de que el Presidente de la República le pidió al Secretario General de la ONU el cambio del Comisionado Iván Velásquez.

Protestas guatemala

Por Gustavo Porras

 

El tema ha sido planteado reiteradas veces en este blog, y no es una idea original de quien escribe: se la debo al diputado Oliverio García Rodas. Desde hace años se señaló que la judicialización de la política la desnaturalizaba: en vez de propuestas y contra propuestas,  y ya no digamos de un debate de ideas, todo se redujo a la acusación y eventualmente la persecución penal. Por mucho tiempo nadie pensó (salvo los estrategas de la intervención en curso), que un día los jueces podían destituir al Presidente de la República, lo cual es una posibilidad que está a la orden del día.

No fue por casualidad que se le otorgaron plenos poderes a la judicatura. Esto ocurrió en el marco de una argucia de alto nivel, que consistió en sentar las bases para la vigencia de las leyes que convienen a las potencias, a través de imponer el principio de que “los tratados internacionales de Derechos Humanos prevalecen sobre la legislación interna”. Pareció que era algo cuyo único objetivo consistía en frenar la represión estatal, pero luego resultó que prácticamente todo se puede demostrar que es violación a los Derechos Humanos, producto de una interpretación cada más extensiva. Así, las leyes fundamentales que prevalecen en Guatemala y otros países subordinados, son las de la “comunidad internacional”.

Se impulsaron asimismo transformaciones del poder judicial que parecían destinadas a salvaguardar el estado de derecho, y no nos percatamos que en realidad fortalecían el gobierno de los jueces, presidido por una Corte de Constitucionalidad cuyos desmesurados poderes permiten la legalización de la arbitrariedad.

A los jueces los alimenta el arma principal de la Gran Potencia: la superioridad tecnológica en materia de inteligencia. Ya no es necesario propiciar golpes de Estado ni falsificar elecciones: con los jueces basta y sobra para gobernar. Es la obra maestra de las “guerras de cuarta generación” las cuales, como toda guerra, persiguen imponer los intereses propios, pero a diferencia de las guerras convencionales, para ello no es necesario el uso de la fuerza militar: basta con desfundar social y políticamente al objetivo.

Al gobierno de los jueces se le asigna una tarea que nadie puede cuestionar: combatir la corrupción, lo cual es un objetivo en sí mismo de la intervención, pero también un medio para conquistar el favor popular. En el caso de Guatemala, además, se ha montado una tragicomedia, según la cual los perseguidores (CICIG y la señora Fiscal), son los amenazados, y hoy esa tragicomedia llega a su punto más alto, con la denuncia de que el Presidente de la República le pidió al Secretario General de la ONU el cambio del Comisionado Iván Velásquez.

Como era de esperar, un pequeño grupo salió a la calle intentando reavivar las manifestaciones de 2015, sin tomar en cuenta el viejo refrán según el cual “nunca segundas partes fueron buenas”. Pero no hace falta respaldo masivo: basta con las primeras páginas. El culto a la espontaneidad y a la trivialidad son activamente respaldados por la “comunidad internacional”, que está dedicando millones a propiciar los rebuznos más estridentes entre las nuevas generaciones: para donde uno voltea no se ve la punta.



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