Opinión: Las subjetividades de la Sala de lo Constitucional

Por Agustín S. Hernández | 01 de junio de 2017

No todas las resoluciones de la Sala de lo Constitucional son ni tan objetivas ni tan lógicas como ellos presumen.

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Según una concepción filosófica, una Corte Constitucional no hace más que tomar los enunciados de la Constitución de la República como premisas mayores, a los hechos que le son presentados como premisas menores, y emplear un silogismo lógico para derivar una conclusión, en este caso, una conclusión lógica correlacionando ambas premisas.

Según este enfoque, los magistrados de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, no harían más que emplear silogismos lógicos para resolver sobre los casos que atienden. Su premisa mayor es la Constitución, las premisas menores, los casos o denuncias que reciben y sus conclusiones, puras derivaciones a la luz de la lógica. Nada más lejano de realidad.

A continuación ofrecemos un punteo de los factores y momentos que hacen que las decisiones de los magistrados de la Sala de lo Constitucional no sean ni tan lógicas ni tan objetivas.

 

  1.  Orden de admisión. Para que la Sala de lo Constitucional estudie un caso, éste debe ser presentado por un ciudadano o ciudadana ante su instancia, y la Sala analizarlo para dictaminar si es admitido o no. Pero esto no sucede así, puesto que se decreta admisión o rechazo a demandas o recursos interpuestos posteriormente a muchos otros que siguen esperando una respuesta. Si sus protocolos fueran lógicos, se decretaría admisión o negación a los casos según su orden de presentación y no conforme a las prioridades de los magistrados, como actualmente se acostumbra.
  2. Casos de oficio. No solo no se estudia la admisibilidad de los casos por orden de llegada, sino que también la Sala puede seleccionar objetos jurídicos para su estudio por oficio, es decir, por propia voluntad. No hay un razonamiento lógico que dicte cuál ley o reglamento estudiar y cuáles otros no, ni en qué orden, sino que ésta es una decisión subjetiva de los magistrados, que depende de sus intereses, razón por la cual, muchos juristas argumentan que las Cortes Constitucionales no deberían poder levantar procesos de oficio.
  3. Orden y rapidez para las resoluciones. Tampoco hay una secuencia lógica en el orden de las resoluciones que emiten. La lógica dicta que los primeros en llegar, deben ser los primeros en salir, por lo que lo razonable sería que las primeras demandas admitidas, deberían ser las primeras en ser resueltas. Pero esto no es así, pues en la práctica resuelven sobre casos que fueron presentados mucho tiempo después que otros, y en algunos casos, resuelven mucho más rápido que en muchos otros. Es decir, los magistrados deciden a qué casos darles prioridad según sus intereses.
  4. Medidas cautelares. Cuando admite una demanda o recurso, la Sala de lo Constitucional puede emitir una “medida cautelar” para evitar que el derecho sobre el que se presume una afectación, no sea perjudicado mientras se emite una resolución. Sin embargo, se observan dos vicios en muchas de sus medidas cautelares: uno, la medida cautelar actúa como una pre-resolución anticipada, prohibiendo o liberando aquello que recién será objeto de estudio y, por tanto, adelantando criterio sobre su futuro veredicto; y dos, las medidas cautelares no versan únicamente sobre el objeto de estudio, sino que amplían su campo de afectación a otros ámbitos del ordenamiento social y jurídico, es decir, sobrepasa la conclusión lógica que se deriva del hecho presentado, y por tanto, se convierte en una conclusión subjetiva.
  5. Contradicción jurisprudencial. Si todas las conclusiones fueran derivaciones lógicas, las conclusiones de la Sala de lo Constitucional, contenidas en sus resoluciones, fueran incuestionables e inamovibles en el tiempo, tal como lo son las derivaciones lógicas. Pero no es así, pues en varias ocasiones han emitido resoluciones que se contraponen a anteriores resoluciones, lo que deja en evidencia que, en su criterio, esas resoluciones pasadas carecían de lógica y,  por tanto, las contradicen. Si, desde la lógica, se contradice algo, esto implica que lo anterior era ilógico. Y ¿quién quita que en un futuro le pase lo mismo a algunas resoluciones recientes de la Sala?

 

A todo esto, debe sumarse que los magistrados de la Corte Suprema son funcionarios de segundo grado, es decir, no son electos por voluntad popular, sino que son propuestos por diferentes sectores para ser electos por la Asamblea Legislativa, lo que hace sospechar que puedan responder a los sectores que los propusieron.

Es innegable que muchas de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional no responden a una secuencia lógica en su protocolo de actuación, sino a prioridades particulares y coyunturas políticas, donde sus resoluciones se convierten en instrumentos políticos a favor de unos sectores, en detrimento de la lógica jurídica y de la justicia social.



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