Opinión: Mitos perniciosos

Por Luis Armando González | 12 de julio de 2017

En la historia nacional se han incubado mitos que, pese a las evidencias en contra, se mantienen firmes en algunos sectores de la sociedad. Uno es el mito que dice que, si los ricos se hacen más ricos, la sociedad, automáticamente, sale ganando en bienestar y prosperidad. Técnicamente se le conoce como la «teoría del rebalse», de la cual los economistas más serios en el mundo ya han dado cuenta, mostrando su falsedad.

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Por supuesto que en las esferas de poder económico se la considera una verdad indiscutible, aunque en esas esferas el asunto del estatuto teórico de la hipótesis del rebalse es lo de menos.

Lo que importa es el uso que se hace de la misma en diferentes coyunturas económicas: en momentos de crisis, lo importante es cuidar el bolsillo de los ricos, pues de ello seguirá una mejoría para el resto. Ni hablar, por tanto, del cuido de los empleos, o de incrementos salariales, ya que tales medidas irían en contra de quienes consideran que el aumento de su riqueza debe anteponerse a cualquier otra consideración. Ya llegarán los «goteos» correspondientes al resto de la sociedad. En momentos de crecimiento, tampoco es bueno estar pensando en mejoras salariales, empleos cualificados o bienestar social. Eso –dicen los voceros de un saber económico que viola flagrantemente preceptos éticos y científicos– frenaría el crecimiento que tan arduamente se ha alcanzado. Tarde o temprano, este crecimiento llegará al conjunto de la sociedad, sin que haya necesidad de que el Estado intervenga: para eso está el mercado que, sabiamente, da a cada cual lo que le corresponde en prosperidad y bienestar.

El mito del rebalse –que tiene como requisito indiscutible asegurar, ante todo, la riqueza y el bienestar de los ricos– es pernicioso para la estructuración de una sociedad más incluyente y justa. Hay razones de sobra para desconfiar de que, automáticamente, del aumento de la riqueza de una minoría derivará un mayor bienestar para el conjunto de la sociedad, por obra y gracia de las fuerzas del mercado.

Estas últimas, lo que aseguran –si se las deja operar sin control– es una mayor concentración de la riqueza en pocas manos y una mayor exclusión socioeconómica de amplios sectores de la población. Son decisiones políticas, emanadas del Estado, las que tienen que frenar esa lógica implacable a partir de un pensamiento en el que tenga primacía la sociedad: ya sea en en momentos de crisis o de auge es esta última la que debe tener la prioridad, no los ricos y, en ambos casos, a partir de políticas públicas pertinentes que en situaciones difíciles ayuden a la gente a salir adelante, y en situaciones de despegue económico aseguren que los frutos del mismo se traduzcan en una mejoría para su vida.   

Pasemos ahora a otro mito: el del empresario redentor. Este mito dice que si queremos resolver los problemas de la sociedad hay que dejar las soluciones en manos de un grupo o de una persona con poder económico. Si esas soluciones han de ser políticas, nada mejor que llevar a la Presidencia de la República a una persona que proceda de una familia adinerada. Se asume, por un lado, que el poder económico da conocimiento y que, por consiguiente, quienes lo tienen poseen el mejor saber; por otro lado, que quienes tienen poder económico no abusarán de los recursos públicos, pues al tener dinero de sobra no tienen necesidad de robar.

La realidad desmiente ambas cosas. Como dijo José Ingenieros, la cuna dorada no da méritos, ni intelectuales ni políticos. En el caso de El Salvador la incultura y la ignorancia de sus grupos de poder económico han sido pasmosas a lo largo de la historia, y solo se ha corregido de forma parcial con la moda de poner a sus hijos e hijas a estudiar en instituciones caras, nacionales e internacionales (lo cual tampoco es garantía de nada en materia de conocimiento).

En cuanto a que los ricos no roban cuando ocupan cargos públicos, la evidencia en contra es abrumadora a lo largo y ancho de América Latina. Asumirlo como posibilidad suena a disparate cuando muchas de las fortunas de los ricos han sido adquiridas con una dosis, menor o mayor, de robo y pillaje. ¿Y en El Salvador? Por supuesto. Desde el otorgamiento de tierras por parte del Estado a finales del siglo XIX hasta la reprivatización de la banca y la privatización, a finales del siglo XX, y de la energía eléctrica, las telecomunicaciones y las pensiones ha estado presente el robo como base de importantes fortunas. El capitalismo rentista que prevalece en nuestro país tiene su asiento en el pillaje y el saqueo. Así que, cuando un rico ocupa un cargo público, no hay garantía alguna de que no va a robar.

Sin embargo, el mito sigue en pie. Lo cultivan los grupos de poder económico, sus ideólogos y sus voceros[1]. Permea a amplios sectores populares que se lo creen porque lo escuchan en boca de personas a las que se da credibilidad. Quizás nació a principios del siglo XX, en la época de dominio de la oligarquía cafetalera. Quizás nació antes. Pero en el siglo XX fue una moneda de uso corriente incluso bajo los gobiernos militares[2].

Cuando Alfredo Cristiani irrumpió como candidato presidencial por ARENA, para las elecciones de 1989, algo que se escuchaba era que él tenía dinero y, por consiguiente, no realizaría actos de corrupción. Tal parece que no fue así, ni en su caso ni en los siguientes tres gobiernos de ARENA: los de Armando Calderón Sol, Francisco Flores y Elías Antonio Saca. Y tras estos gobiernos, respaldando el discurso de que los ricos no tienen necesidad de robar, estaban figuras empresariales de primera importancia (Murray Meza, Poma, Simán, Kriete, entre otras) que eran la «mejor garantía» de que ningún centavo del erario público iría a parar a las manos de quienes los representaban políticamente. No hubo tal garantía. Y los hechos mostraron que el mito era eso: un mito.

Seguimos en las mismas en el siglo XXI. Los grupos de poder económico siguen cultivando el mito de que en ellos –en alguien que proceda de sus filas– está la salvación del país. Es paradógico que quienes no hacen nada por aportar para un mejor El Salvador desde el ámbito en el que mandan –el ámbito económico– pretendan hacer creer a la sociedad de que lo harán desde otro del que saben poco.  

Lo que (casi)[3] siempre ha sucedido en El Salvador es que cuando un rico ha tenido poder político en sus manos lo ha usado para favorecerse a sí mismo o a sus aliados-socios empresarios, y no para resolver los graves problemas nacionales que, entre otras cosas, hacen necesario tomar medidas que pongan un alto a los abusos de los ricos y a su propensión a enriquecerse a expensas de la sociedad.

No hay razones, pues, para esperar que un gran empresario sea el redentor de la sociedad salvadoreña. Sí hay razones para pensar que se tendría una reedición del ciclo según el cual los ricos con poder político lo usan para aumentar sus riquezas y para poner la política al servicio de las facciones oligárquicas que les son afines.

 

[1] Entre quienes se cuentan publicistas, periodistas, presentadores de televisión, narradores deportivos y académicos formados en economía.

[2] En los años setenta se desató una casi idolatria por los nuevos grupos industriales, entre los cuales sobresalía la familia Poma.

[3] Este «casi» es oportuno, pues ha habido excepciones a esta regla. En El Salvador viene a la memoria inmediatamente Enrique Álvarez Córdova, quien, pese a sus orígenes en una familia terrateniente, no sólo no buscó acumular riquezas –fue ministro de agricultura en tres ocasiones–, sino que luchó hasta dar la vida por una sociedad más justa. Fue asesinado por escuadrones de la muerte el 27 de noviembre de 1980. 



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