Pacto de precios en las harinas le costó a la población $25 millones

Por Daniel Trujillo | 11 de octubre de 2017

El acuerdo de precios de venta de las harinas a la población por parte de las empresas Molsa y Harisa le costó un millón de dólares mensuales a la población durante 25 meses, según el informe de rendición de cuentas de la Superintendencia de Competencias. Las harineras fueron sancionadas por eso y la sentencia está en firme desde mayo pasado.

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Las prácticas anticompetitivas de las dos empresas harineras en el país (MOLSA y HARISA) con lo cual acordaron el precio de venta de sus productos en el mercado le costó a la población $25 millones en un poco más de dos años.

En el reciente informe de rendición de cuentas de la Superintendencia de Competencia (SC) se detalla que el acuerdo entre MOLSA y HARISA le significó también a la ciudadanía $7 millones de más en el precio real del producto.

El superintendente de Competencia, Francisco Díaz, dijo que luego de varios años la Sala de lo Contencioso Administrativo le dio la razón a la SC en imponer la multa a las empresas por ponerse de acuerdo en establecer un precio de venta del producto.

Sin embargo, el veredicto de esta instancia judicial se dio luego que la Sala de lo Constitucional le ordenará a los magistrados contenciosos retomar el juicio y emitir un veredicto ya que consideraron que todo el proceso iniciado por la SC contra las dos empresas fue legal, algo que MOLSA y HARISA alegaron en un inicio.

Tras la sentencia, ambas empresas deben cesar la práctica anticompetitiva y pagar entre las dos una multa de $4 millones.

En abril de 2008, la SC inició el procedimiento sancionador y allanó las instalaciones de MOLSA y HARISA para recabar evidencia de un posible acuerdo entre competidores. Con la prueba recabada obtenida, la institución demostró que dichas empresas acordaron repartirse el mercado en 55% y 45%, respectivamente.

De ahí que el Consejo Directivo de la Superintendencia sancionó a las harineras ordenando el cese del acuerdo anticompetitivo, así como la abstención de intercambiar datos o información sensible y relacionada con producción, ventas, precios y clientes.

Además, ordenó el pago de las multas de $1,971,015.16, por MOLSA, y de $2,061,406.20, por HARISA. Los montos de estas sanciones equivalen al 3% de sus respectivas ventas registradas en el año 2007.

Según estimaciones, el acuerdo habría provocado que los consumidores pagaran un sobreprecio aproximado del 22% en la harina de trigo fuerte, lo que equivaldría a $25 millones en un período de 25 meses.

Inconformes con esta sanción, las empresas impulsaron juicios contenciosos administrativos en contra de la SC. En el promovido por MOLSA, el tribunal falló inicialmente (enero de 2012) en contra de esta Superintendencia declarando ilegal su resolución. Como reacción, la Superintendencia de Competencia presentó (febrero de 2012) demanda de amparo ante la Sala de lo Constitucional, quien falló a su favor (octubre de 2014) declarando inconstitucional la sentencia de la Sala Contencioso y ordenándole a emitir una nueva.



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