Piden que funcione justicia penal en el país antes de implementar justicia restaurativa

Por José Mejía | 23 de agosto de 2016

La representante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Valentina Ballesta, representante ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de las víctimas de la masacre de El Mozote, aseguró que antes de hablar de “justicia restaurativa”, hay que agotar los medios para que el sistema de justicia salvadoreño funcione y logre judicializar y condenar penalmente a los autores materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.

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Ante algunas declaraciones de falta de confianza en el sistema judicial salvadoreño emitidas tanto por la UCA, en su postura por la negativa jurídica de extraditar a los militares involucrados en la masacre de los jesuitas, así como evaluaciones que señalan la baja credibilidad de la Corte Suprema de Justicia Salvadoreña (CSJ) por decisiones que responden a intereses de terceros, y ante las voces que ya hacen ver la necesidad de una nueva Ley de Reconciliación o de una justicia restaurativa, la representante de CEJIL señaló que “parece prematuro hablar de eso (justicia restaurativa), porque no hemos visto ni siquiera como la justicia salvadoreña va a reaccionar frente a esta nueva directriz (inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía)”.

Ballesta observó que una posible falla en el proceso de lograr justicia en el país por crímenes de lesa humanidad y violaciones a derechos humanos es que “no se ha consultado a las víctimas -que en definitiva son las primeras interesadas y autorizadas- cómo reparar el daño causado. 

No se puede hablar en altas esferas de una nueva Ley de Reconciliación sin tomar en cuenta cuál es la posición y demandas de las víctimas y si estas están dispuestas a llevar un proceso de justicia transicional en el que se deje de lado la justicia penal como eje fundamental”.

La abogada afirma que de ser así “debería existir un diálogo abierto, amplio, participativo, llamar a los representantes legales a un proceso real de consultas de reparación en el que las víctimas sean colocadas al centro del proceso y de la sociedad salvadoreña, que fue lo que hace años no se hizo”.

Para CEJIL, ha llegado el momento en la historia jurídica del país en donde “no existe ninguna traba para que se investigue y se sancione a las personas responsables, tanto a autores materiales como intelectuales (de crímenes de lesa humanidad) dejando de lado todos los obstáculos que podrían intervenir en el camino hacia la justicia”.

Asegura que “ya no se puede poner la prescripción ni la falta de recursos como una excusa para no investigar, el Estado tiene que resolver y no solo por lo que dice la Sala de lo Constitucional, en el 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le ordenó al Estado salvadoreño que debía investigar y dar justicia, verdad y reparación a las víctimas. Hoy no hay más excusas. Tienen que hacerlo”, sentenció Ballesta durante una visita para acompañar a las víctimas de la masacre de El Mozote en la solicitud de reapertura del caso ante los juzgados salvadoreños.

Concluyó que queda por delante un gran reto para la justicia salvadoreña y su proceder ante el nuevo escenario jurídico que deja la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, “no obstante no puede ser un obstáculo ni puede ponerse como excusa la falta de recursos o experticia en la resolución de estos temas y hacer valer la justicia en este tipo de casos”.



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