Procurador señala que PNC habría incumplido ley al no capturar militares en caso Jesuitas

Por Redacción | 01 de febrero de 2016

Recientemente el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, emitió una resolución en la que establecía que la Policía Nacional Civil habría cometido una violación a la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, al no capturar a los militares imputados en el asesinato de los sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”.

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La infracción a la mencionada ley consistiría en desatender la recomendación dictada por el Juzgado Central de Instrucción No. 6 de la Audiencia Nacional del Reino de España, mediante resolución del 5 de enero de 2016, de proceder sin dilaciones a la captura de los militares, quienes tienen difusión roja por parte de INTERPOL y por no haber informado sobre los motivos para no adoptarla.

En dicha resolución se establece que la respuesta de la Policía Nacional Civil (PNC) con respecto a tal recomendación, en la que expresaba que consultaría a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el criterio aplicable para proceder o no a la captura de los imputados, resulta insatisfactoria, debido a que la Policía no puede supeditar su actuación en este caso, a la respuesta que le provea un ente distinto a la estructura a la que está adscrita.

“Si bien las actuaciones de los órganos del Estado salvadoreño deben atender las líneas jurisprudenciales en lo concerniente a su ámbito específico de atribuciones, no pueden supeditar tales actuaciones a consultas previas que no están previstas constitucionalmente, pues con ello se atenta contra la independencia de poderes”, ha expresado el procurador de Derechos Humanos.

Asimismo, Morales aclara que el incumplimiento de una recomendación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos implica mucho más que la mera presentación de informes sobre gestiones realizadas. La obligación de los funcionarios, a quienes se les dictan recomendaciones, es asumirlas de buena fe, atenderlas con prontitud y seriedad, y de ser necesario, pedir las aclaraciones, apoyos y consideraciones, dadas las limitaciones que puedan presentarse en su implementación.

En este contexto, el procurador recomendó al nuevo director de la PNC, comisionado Howard Cotto, que proceda de inmediato y sin dilaciones, a la captura de Rafael Humberto Larios López, Juan Rafael Bustillo Toledo, Juan Orlando Zepeda Herrera, Francisco Elena Fuentes, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Oscar Mariano Amaya Grimaldi, Antonio Ramiro Ávalos Vargas, Ángel Pérez Vásquez, Tomás Zarpate Castillo, José Alberto Sierra Ascencio, Guillermo Alfredo Benavides Romero, Joaquín Arnoldo Cerna Flores, Carlos Mauricio Guzmán Aguilar, Héctor Ulises Cuenca Ocampo y Oscar Alberto León Linares, en cumplimiento de las órdenes de detención internacional libradas por el Juzgado Central de Instrucción No. 6 de la Audiencia Nacional del Reino de España, a quienes en la actualidad se les imputan delitos de terrorismo y crímenes de lesa humanidad.

Los sacerdotes Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín Baró, Amando López, Juan Ramón Moreno, Joaquín López y López; así como sus colaboradoras, Elba y su hija Celina Ramos, fueron ejecutadas extralegalmente dentro de las instalaciones de la Universidad Centroamericana el 16 de noviembre de 1989.



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