¿Por qué no se aprueba el anteproyecto de la ley del agua?

24 de julio de 2014

La discusión del contenido del anteproyecto de la ley del agua se ha estancado en la Asamblea Legislativa desde hace un año. El impasse se debe a que los diputados no se ponen de acuerdo en declarar como un derecho humano el acceso al vital líquido, ni determinar las prioridades para su uso. También se ha suspendido el debate sobre quiénes deben administrar el recurso hídrico del país.

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El estancamiento en la revisión y aprobación del anteproyecto de la ley general del agua en la Asamblea Legislativa ha generado diversas reacciones en torno a quiénes deben integrar el ente rector del recurso hídrico en el país, así como la determinación del uso y el interés social mismo.

La discusión pasó suspendida por más de un año y se reactivó en junio pasado, pero actualmente en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Congreso no hay quórum para continuar con las deliberaciones.

Son tres propuestas las presentadas ante la Asamblea sobre el recurso hídrico. La primera fue entregada en 2006 por las organizaciones sociales; la segunda, en 2012 por el Ejecutivo; y, la tercera, por el partido ARENA y la empresa privada en 2013.

Transparencia Activa quiso conocer las diferentes posturas de los sectores involucrados en este tema como las organizaciones sociales, los diputados de la comisión legislativa que estudian el anteproyecto, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).

Sin embargo, la gremial empresarial se excusó de atender la entrevista porque el responsable del tema tenía una “agenda saturada de trabajo”; mientras, el diputado de ARENA, Vicente Menjívar, relator de la comisión legislativa, está fuera del país.

El viceministro de Medioambiente, Ángel Ibarra, atendió la solicitud y afirmó que el estancamiento en la discusión del proyecto de ley se ha generado a partir de la propuesta presentada por el partido de derecha, sobre la creación del Consejo Nacional del Agua (CONAGUA), que sugerir que cuatro de los siete representantes de esta nueva institución sean elegidos por la ANEP.

“Por eso nosotros no coincidimos con la propuesta que ha presentado ARENA, porque ellos quieren mayor representación de la ANEP y al aceptar eso sería como una clara privatización de la instancia que va a regir los destinos del agua en el país”, explicó Ibarra.

José Santos Melara, diputado del FMLN y miembro de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, manifestó que la discusión se ha detenido porque no hay consenso sobre tres ejes que son el interés social, la gestión pública y la prioridad en el uso del agua.

“El partido ARENA está proponiendo que el agua sea un bien nacional de interés privado, que el ente rector sea una autónoma con representación de la empresa privada y la prioridad en el uso para la industria, construcción, recreación y, por último, el consumo humano”, explicó el diputado.

Danilo Pérez, director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), dijo que existen grandes intereses económicos por seguir extrayendo el vital líquido, con lo cual se afectarán a las comunidades al limitarles el derecho humano del consumo.

“La discusión se ha tornado fuerte porque la empresa privada plantea tener una participación directa en el CONAGUA, mientras, nosotros, proponemos que sea el Ministerio del Medio Ambiente junto a otras carteras de Estado las que deben tener una participación fuerte”, manifestó el director del CDC.

Carlos Flores, miembro del Foro del Agua y técnico en gestión del recurso hídrico de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), manifestó que como organización social abogan para que el referido anteproyecto de ley priorice los intereses de la población y no se privatice el recurso hídrico.

“Necesitamos una institución pública que gestione el agua y que la misma cuente con los fondos necesarios; que se garantice el derecho al agua y se determinen las prioridades en el uso del vital líquido para el consumo humano y que haya un tratamiento para la conservación de los ecosistemas”, señaló el representante de la UNES.

El anteproyecto contiene 187 artículos y de estos se han consensuado y aprobado 92, que contemplan la parte administrativa, los sectores hídricos, las cuencas y las zonas hidrográficas, así como las políticas de planificación, entre otras normativas.



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