ReDCo: sentencia sobre frecuencias responde a criterios económicos y no a derechos humanos

Por César Villalona | 10 de agosto de 2015

La ReDCo valora que la sentencia es muy limitada, insuficiente y no es acorde con los estándares constitucionales de libertad de expresión, de igualdad, de prohibición de prácticas monopólicas; tampoco es congruente con los estándares de libertad de expresión establecidos por la OEA y la UNESCO que hablan de democratizar el espectro radioeléctrico.

Antena

Las organizaciones aglutinadas en la Red por la Democratización de la Comunicación (ReDCo) aseguraron que la decisión de la Sala de lo Constitucional no es consecuente con la necesidad que tiene el país de democratizar las comunicaciones y de construir un modelo de medios democrático, que garantice una mayor pluralidad y diversidad.

De seis aspectos impugnados en dos demandas de inconstitucionalidad contra la Ley de Telecomunicaciones que presentó la ReDCo (una en agosto de 2012 y otra en abril de 2013), la Sala resolvió que el mecanismo de subasta es inconstitucional debido a la omisión de no establecer mecanismos alternos. Mantiene la subasta, pero dice que hay que crear otras formas para asignar el espectro que no sea el de la mayor oferta económica como factor determinante y decisivo.

Sobre la renovación automática de las concesiones, los magistrados resolvieron que es inconstitucional el carácter automático del mismo, porque en la práctica habrá una renovación automática fáctica.

“En los otros aspectos, en la falta de límites antimonopólicos, en el carácter de bien privado de las concesiones y en los excesivos anchos de banda, la Sala dice que lamentablemente todo eso es constitucional”, señala Juan Carlos Sánchez, del colectivo 5+.

Sobre la omisión de no reconocer los tres sectores de la comunicación, Leonel Herrera, director ejecutivo de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador reprochó que “los magistrados ni siquiera se tomaron la molestia de discutirlo porque ni se menciona en la sentencia”.

“Valoramos que estamos frente a una sentencia muy limitada, insuficiente y que no es acorde con los estándares constitucionales de libertad de expresión, de igualdad, de prohibición de prácticas monopólicas, no es congruente con los estándares de libertad de expresión establecidos internacional mente por la OEA y UNESCO que hablan de democratizar el espectro radioeléctrico y no es consecuente con la necesidad que tiene el país de democratizar las comunicaciones y de construir un modelo de medios democrático que garantice una mayor pluralidad y diversidad”, aseguró Herrera.

Añadió que “los magistrados quedaron en deuda con la libertad de expresión y se les olvidan dichos argumentos así como los de derechos humanos. Cuando se revisa la sentencia hay un énfasis en los criterios económicos y de libre competencia y a los magistrados de la Sala se les olvidó los argumentos de libertad de expresión, de derechos humanos y de democracia”.

La ReDCo considera la posibilidad de presentar nuevas demandas y replantear demandas de inconstitucionalidad en los aspectos que la Sala no resolvió o incluso en nuevos aspectos de la Ley de Telecomunicaciones que no se han impugnado en estas dos demandas. Además darán a conocer el caso a la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, encabezada por el uruguayo Edison Lanza.

Ante el impacto de la sentencia, las organizaciones sociales que luchan por el derecho a la comunicación expresan que ahora corresponde a la Asamblea Legislativa abrir un amplio debate y profunda reforma para el marco normativo de las comunicaciones.

José Luis Benítez, de la UCA, confirma que algo que se puede resaltar de esta sentencia es que “se determina el derecho a fundar medios de comunicación y el derecho de las personas a tener acceso a los medios de comunicación. Además se habla del derecho al pluralismo informativo y a estar bien informado”.

Aunque también coincide que “en esta sentencia la visión que ha predominado es la empresarial, situación que extraña porque los magistrados conocen claramente los estándares de la CIDH, los de UNESCO y en ellos prevalece el reconocimiento de los medios privados, comunitarios y públicos”.

“Con esto lo más recomendable es caminar hacia una nueva Ley de Radio y Televisión, ya que al parecer hay demasiados remiendos en la Ley de Telecomunicaciones”, propuso Benítez.

El representante del grupo 5+, también explica que uno de los efectos de la sentencia “es el mandato a la SIGET de abstenerse para recibir solicitudes de concesión de frecuencias hasta que no se haya resuelto el tema de digitalización del país, es decir, hasta 2018. Está recomendando actuar sobre una realidad que es incierta, porque aún no está definido cuál será el modelo de digitalización que se adoptará”.

Otros efectos que preocupan a las organizaciones sociales es que la sentencia dice que se realice una nueva reubicación de frecuencias posiblemente después de la digitalización asegurándole el ancho de banda similar al que tienen ahora los concesionarios, desechando una utilización más eficiente del espectro y una mayor concentración de los medios.

También consideran que hay un efecto colateral cuando se dice que se elimina el concepto de renovación automática de las frecuencias, pero el efecto dice que “van a tener prioridad los actuales concesionarios y hace una argumentación alrededor de los derechos adquiridos en el ámbito comercial y las inversiones que se han hecho. Entonces qué es lo que va a invocar quién quiera pedir la renovación de las frecuencias, este fallo, donde dice mire yo tengo prioridad por sobre otros competidores. Entonces el que se haya eliminado el concepto de automático en el ordenamiento jurídico en la Ley de Telecomunicaciones, no elimina la renovación automática de las concesiones en la práctica”, asegura Sánchez.

En conclusión, para los miembros de la ReDCo, de todos los efectos planteados en las dos demandas, la Sala resuelve inconstitucionalidades pero bajo la lógica empresarial, cuando la demanda fue desde la perspectiva de los derechos humanos, libertad de expresión y el bien común.

Raúl Durán, de la Asociación de Capacitación e Investigación para la Salud Mental (ACISAM), políticamente valora que “la sentencia no cambia nada en materia de concentración y monopolio de medios. Hay una clara intención de fondo de no tocar los intereses de los grandes medios. La Sala no es imparcial, es parcial a favor de los grandes intereses de los grandes empresarios de este país. En casos de trascendencia la Sala es inmóvil y resuelve a favor de los grandes intereses económicos y políticos del país”.

Pablo Benítez, del Colectivo Oveja Negra, afirmó que se repite el esquema de favorecer grupos económicos que pretenden mantener el estatus quo con resoluciones de la Sala de lo Constitucional, por tal razón llamó a la ciudadanía a exigir que el marco legal con respecto a las comunicaciones en el país se renueve de manera integral.



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