Sala Constitucional afirma que pruebas contra MOLSA por prácticas anticompetitivas son válidas

Por Redacción | 12 de noviembre de 2014

Los magistrados constitucionalistas confirmaron que la documentación obtenida por la Superintendencia de Competencia por medio de un allanamiento a MOLSA es válida y debe de incluirse en el proceso contra la empresa en un juicio por prácticas anticompetitivas, ya que se evidencia como altos directivos de esta harinera y HARISA acordaron cuotas de mercado para vender sus productos.

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Sc harineras

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió recientemente un fallo confirmando que la prueba testimonial y documental recopilada por la Superintendencia de Competencia (SC) contra MOLSA, donde demuestra posibles prácticas anticompetitivas, es válida para que se tome en cuenta en un proceso que tiene la institución gubernamental contra la empresa en la Sala de lo Contencioso Administrativo.

El superintendente de Competencia, Francisco Díaz, afirmó que en 2012 interpusieron un recurso de amparo para rebatir una resolución de los magistrados contenciosos, donde resolvían que era ilegal el proceso sancionador contra la harinera.

El funcionario afirmó que la SC obtuvo prueba “documental irrefutable” en un allanamiento contra MOLSA donde se demuestra que altos directivos de esta empresa y de HARISA acordaron cuotas de mercado para favorecerse con la venta de harina.

“Una vez que se ha establecido la legalidad de tal procedimiento, confiamos en que la Sala de lo Contencioso Administrativo emitirá pronto una sentencia favorable a la competencia, es decir, favorable al mercado, a la eficiencia económica y a los consumidores”, resaltó Díaz.

El caso en cuestión inició en septiembre de 2008 cuando la Superintendencia comprobó un acuerdo entre las dos harineras, práctica ilegal según la Ley de Competencia. De ahí que la autónoma impusiera dos multas: una de $1.9 millones contra MOLSA; y, otra, de un poco más de $2 millones contra HARISA, además de ordenarles cesar la ilegalidad.

Sin embargo, las empresas iniciaron por separado procesos en la Sala de lo Contencioso de la CSJ y, en el caso de MOLSA, la entidad judicial afirmó que fue irregular el allanamiento de la SC y la prueba obtenida por ese proceso.

De ahí que la SC se amparara ante los magistrados constitucionalistas y estos le dieran la razón. El superintendente Díaz espera que con esto el caso de las posibles prácticas anticompetitivas de las harineras se resuelva prontamente.

El titular de la Superintendencia afirmó que el acuerdo entre las dos empresas afecta a la población en general y a los productores de pan y de pastas, ya que no pueden acceder a precios verdaderamente competitivos.

Documentación de la institución gubernamental detalla que MOLSA posee el 55% del mercado y, HARISA, el 45%.