Sala Constitucional mantiene las causales para denegar información pública

Por Daniel Trujillo | 01 de diciembre de 2017

En una resolución de seguimiento, la Sala de lo Constitucional explicó cómo aplicar las tres nuevas causales de denegación de información pública, mismas que fueron establecidas en octubre pasado.

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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) mantiene las tres causales para negar información pública, mismas que fueron creadas en una resolución de seguimiento a finales de octubre pasado.

En un auto de seguimiento publicado la tarde de este viernes, a través de las cuentas de Twitter de la CSJ de la Sala Constitucional, los magistrados explicaron cómo aplicarlas.

La primera consiste en que no se entregará información si la que se solicita no es de interés público (superflua), según el criterio del funcionario o la institución; la segunda, consiste en que la información pedida demuestre un interés deliberado en obstaculizar el trabajo de la institución; y, una tercera, es que se limita el acceso a información de períodos anteriores, porque la Sala obliga nada más a dar información de la gestión del actual titular.

Sobre la primera, la resolución de seguimiento dice que corresponderá a cada institución, caso a caso, si la información solicitada guarda pertinencia y relevancia con la finalidad del derecho de acceso a la información, para ello debe regirse a lo estipulado en el artículo 74 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

“No obstante, es menester aclarar que cualquier decisión de un funcionario público que deniegue una solicitud ciudadana, por tratarse de información superflua, debe encontrarse debidamente justificada y contener las razones por las cuales se cataloga dicha información ‘superflua’, para los efectos del ejercicio del derecho de acceso a la información pública”, reza parte de la sentencia.

 

Respecto a la segunda causal, la Sala explica que no se puede ignorar la posibilidad de que el referido derecho sea ejercido de forma abusiva “por personas que carecen de una auténtica motivación de contraloría y que encuentran en la gestión del aparato estatal un contexto ideal -por su carácter público- en el cual ventilar intereses ajenos a la razón de ser del mencionado derecho y al objeto y fines de la LAIP”.

Sobre la tercera causa, los magistrados constitucionalistas indican que el funcionario debe constatar que la información no fue generada en el momento en el cual debió producirse e individualizar al responsable de dicho incumplimiento “y, en segundo lugar, expresar las razones por las cuales se encuentra impedido de recabar o, en su caso, reconstruir la información que se le solicita”.

En este caso particularmente, la Sala añade que podrá ser dirimido en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la CSJ.

Los magistrados dicen en su resolución que “en conclusión: los criterios de interpretación adoptados por la Sala en la resolución de seguimiento de 23-X-2017, no constituyen límites ni restricciones al derecho de acceso a la información, sino que contribuyen al adecuado ejercicio del mismo”.



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