Sala Constitucional: No toda información relacionada a la filiación o ideología política es pública

Por Daniel Trujillo | 28 de junio de 2017

La Sala de lo Constitucional, en una resolución firmada en mayo de este año, estableció que el artículo 25 de la Ley de Partidos Políticos no es inconstitucional al establecer que la información sobre la filiación e ideología política de los salvadoreños es dato sensible que merece especial protección.

Corte fachada

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) falló en mayo pasado que la información relacionada a la filiación o ideología política es confidencial por ser un dato personal sensible y, por tanto, necesita autorización expresa de la persona para ser entregada, a menos que se compruebe que es de interés general. (DESCARGUE RESOLUCIÓN)

Transparencia Activa publica nuevamente esta nota con una modificación de su titular y parte de su contenido, ya que la primer versión de este texto, publicado la noche del 27 de junio, se informó que la Sala de lo Constitucional equiparaba las aportaciones económicas a un partido político como una forma de ejercer su filiación e ideología política. Esta interpretación generó un fuerte debate en las redes sociales, por las imprecisiones publicadas, pidiendo así las disculpas del caso a nuestros lectores.

Este medio de comunión público plasma la frase de la sentencia (disponible en el Portal de la Asamblea Legislativa www.asamblea.gob.sv/sesion-plenaria/seguimiento/legislatura-2015-2018/no.-100-del-8-junio-2017/correspondencia/piezas-a) para que el lector haga su interpretación.

En la resolución 35-2016 de fecha de doce de mayo de 2017, y que no fue publicada en la cuenta institucional de Twitter de la Sala, tampoco en la web de la CSJ como lo estipula la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), pero sí en el sitio web de la Asamblea Legislativa, los magistrados constitucionalistas afirmaron que las personas tienen derecho a decidir si divulgan o no su ideología política porque “la información que revela sobre el individuo, al no coincidir con la de ciertos grupos de poder económico y/o social, o bien de quienes depende el acceso a servicios de salud, educación, etc., puede ser utilizada en su contra, por ejemplo, para condicionar o privarle del acceso a prestaciones sociales, despedirlo de su trabajo, permitirle el ingreso a un centro educativo o cultural y, en el peor de los casos, ser objeto de persecución por pertenecer o simpatizar con ideales políticos diferentes al resto de la sociedad”.

El texto de la Sala indica, además, que “el libre acceso a la filiación e ideología política de los afiliados al partido o de sus colaboradores –ejemplo, quienes hacen aportaciones económicas al simpatizar con algún aspecto de la visión o misión del partido– implica una invasión a ese ámbito de su privacidad ya que se trata de información que solo le concierne a él”.

Según el asistente jurídico la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción (SPTA), Luis Cruz, la Sala le dio mayor importancia al derecho que tiene la persona de decidir a quién le da la información, contra el de conocer quiénes colaboran con los partidos políticos.

Comentó que “es un caso interesante porque la Sala estableció que es necesario que concurran circunstancias que motiven un interés general para dar a conocer la información, es decir, a modo de ejemplo nos encontraríamos ante una solicitud de información en la que debe ser necesario justificarla y probar que existe un interés general que motive su divulgación".

“La Sala menciona que la afiliación partidaria es un dato sensible que merece especial protección y conocer sobre esa información opera solo en casos excepcionales. La información se daría cuando se demuestre que la finalidad de su uso es de interés general porque se está verificando la idoneidad respecto a una persona que aspira a un cargo público-judicial, y este sería incompatible, según la Sala, con la filiación partidaria”, explicó Cruz.

La Sala de lo Constitucional falló sobre un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el abogado Herbert Danilo Vega y en el texto de la resolución indica también que “la transmisión y uso de esa información, sin contar con el consentimiento de su titular, supone una intromisión injustificada en ese campo de la privacidad, que no estaría amparada en el derecho de acceso a la información y, por tanto, implicaría una transgresión a la autodeterminación informativa e incluso a otros derechos fundamentales”.

El recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Vega fue sobre el inciso tercero del artículo 25 de la Ley de Partidos Políticos, el cual trata sobre información confidencial.

Actualmente la Sala de lo Contencioso Administrativo admitió un recurso interpuesto por el Ministerio de Hacienda respecto a conocer la identidad de los financistas de los partidos políticos. El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ya había emitido un fallo ordenando divulgarla.

Transparencia Activa invita a sus lectores a continuar el debate sobre esta sentencia con la pregunta: ¿Cómo se revelan los nombres de los donantes a un partido político sin revelar su filiación o ideología política?, sumándonos así a una discusión sobre la publicación de los donantes a los partidos políticos.



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