Sala declara inconstitucional Ley de Probidad

Por Redacción | 13 de febrero de 2018

El argumento de la Sala de lo Constitucional es que la Ley de Probidad solo debió ser aprobada si la Corte Suprema de Justicia le solicitaba a la Asamblea Legislativa una nueva normativa en esa materia, asimismo consideran que el órgano Legislativo pretendía sustituir la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, por la de Probidad.

Soborno

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una nueva sentencia en el que declaró inconstitucional la Ley de Probidad que fue aprobada por la Asamblea Legislativa en 2015, alegando que en el parlamento no se cumplió el proceso de la formación de ley que compete a al órgano de justicia y no a los parlamentarios.

También, la Sala de lo Constitucional sostiene que la Ley de Probidad pretendía sustituir a la Ley sobre Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y empleados Públicos.

La Sala aseguró que uno de los motivos para frenar la Ley de Probidad fue porque la CSJ no hizo una petición a la Asamblea Legislativa para que elaborara una nueva normativa referente a esa materia relacionada con el órgano Judicial, y el órgano Legislativo no tenía competencia.

Además, sostienen que la nueva Ley de Probidad no regula los elementos mínimos que vuelven aplicable el juicio por enriquecimiento ilícito de acuerdo a lo que establece el artículo 240 de la Constitución, por lo que consideran que el Congreso incurrió en una omisión de las competencias de cada órgano.

Además, sostienen que los legisladores omitieron regular el juicio civil y la consecuente restitución al Estado del patrimonio obtenido de forma ilícita, por lo que la Corte no puede iniciar la acción civil correspondiente, lo cual constituye un fraude a la Constitución.

En la sentencia, la Sala estableció que la Sección de Probidad es una unidad organizacional dentro de la CSJ encargada facilitar que se cumpla plenamente el mandato constitucional establecido en el referido artículo.

Asimismo, declara que la Constitución le atribuye a la CSJ el rol del combate a la corrupción junto con otras instituciones estatales, para lo cual sostiene que es necesario el involucramiento de toda la institucionalidad del Estado, de manera coordinada bajo el escrutinio de la opinión pública.

También concluyen en que debe garantizarse el derecho de acceso a la información pública para asegurar que ningún funcionario, empleado estatal o municipal se enriquezca ilícitamente, cuando ejerza un cargo o empleo público.

El documento dictado por la Sala considera que la Asamblea Legislativa desconoce la competencia constitucional del Pleno de la CSJ para imponer multas, ya que estas fueron transferidas a la Sala de lo Civil, además argumentan que se elimina la competencia de este órgano de Estado sobre la Ley de Enriquecimiento ilícito a la hora de pronunciar una resolución que ordene a la Cámara de lo Civil iniciar un juicio por enriquecimiento.

“Ello evidencia, por una parte, que el legislador ha omitido regular el juicio civil por enriquecimiento sin causa establecido por el constituyente en el artículo 240 de la Constitución, lo cual implica en términos prácticos suprimir la competencia de la CSJ para ordenarlo, pues ya no existiría reglamentación para su tramitación; por otra parte, ha reformado la competencia de dos tribunales, en el sentido de eliminar y transferir ámbitos de competencia que la ley de Enriquecimiento Ilícito le otorga al Pleno de la CSJ, y se los ha transferido a la Sala de lo Civil”, reza parte del comunicado de la Sala de lo Constitucional.



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