Sala estudiará si donantes de partidos es información pública

Por Redacción | 03 de junio de 2017

La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte admitió un recurso interpuesto por el Ministerio de Hacienda respecto a conocer la identidad de los financistas de los partidos políticos. El Instituto de Acceso a la Información Pública ya había emitido un fallo ordenando divulgarla, pero el caso llegó hasta la Corte Suprema y será ahí donde se resolverá.

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La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) estudiará y resolverá si convierte en información pública los nombres de las personas naturales y jurídicas que financian a los partidos políticos.

La decisión temporal de los magistrados contenciosos administrativos suspende un fallo del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que le ordenaba al Ministerio de Hacienda publicar el listado de donantes, como entidad que recibe los informes al respecto.

De ahí que la institución gubernamental interpusiera un recurso en esa Sala de la CSJ para revertir lo mandado por el IAIP. Según Hacienda, este financiamiento ya está regulado en la Ley de Partidos Políticos y excluye a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

El comisionado del IAIP, Jaime Campos, dijo que la Sala de lo Contencioso Administrativo desconoce la competencia propia del Instituto como órgano garante y especializado en la materia, ya que el diseño de la LAIP es claro en el sentido que cuando el órgano garante dicta una resolución ordenando la publicidad o entrega de una información, esta decisión es vinculante y de obligatorio cumplimiento para las entidades públicas.

“Por el contrario, solo cuando el IAIP resuelve en contra de las peticiones de los particulares (confirmando la declaratoria de reserva o confidencialidad hecha por una institución), ahí sí se habilita la instancia judicial para conocer de casos de acceso a la información pública, pero solo la petición de los particulares agraviados”, explicó Campos.

Hace más de seis años, cuando se debatía sobre la aprobación de la LAIP, una de las propuestas era que los partidos políticos fueran sujetos de esta normativa, sin embargo, ese punto no contó con el aval legislativo para ello.

“Son resoluciones que, en general, obstaculizan el acceso a la información pública. En mi opinión, la CSJ y ninguna de sus salas tienen competencia para conocer de casos de acceso a la información cuando el órgano garante decide por la publicidad de la misma”, añadió el comisionado del IAIP.

La organización Acción Ciudadana y cuyo representante Eduardo Escobar inició este proceso por la divulgación de la información de los financistas de los partidos políticos criticó la medida de la Sala y también la del Ministerio de Hacienda de interponer el recurso, afirmando que esa acción de la entidad gubernamental dista del discurso de transparencia y acceso a la información divulgado por el órgano Ejecutivo.



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